Luego de que el gobierno decidiera no renovar miles de contratos y advirtiera que seguirá achicando la planta, el sindicato llamó a tomar los edificios de gobierno.
ATE amenaza con una "toma pacífica" de edificios en todo el país
La decisión del gobierno argentino de comenzar un proceso de achique del Estado ha desencadenado un enfrentamiento con los sindicatos del sector, particularmente con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que amenazó con intensificar las protestas a través de lo que llamó una "ocupación pacífica" de los organismos en señal de rechazo a los despidos que ya suman 12.000 en la administración pública.
ATE, con unos 350.000 afiliados en todo el país, ha convocado a una protesta para este miércoles en los lugares de trabajo, liderada por Rodolfo Aguiar, referente nacional del sindicato. Aguiar ha llamado a los delegados de todas las provincias para dar continuidad al plan de lucha y no se descarta una movilización callejera para el viernes, desafiando incluso el protocolo antipiquetes impuesto por el Ministerio de Seguridad.
La protesta de este miércoles consistirá en un ingreso masivo y simultáneo de los empleados a sus lugares de trabajo, coordinando un horario para que ingresen al mismo tiempo trabajadores de planta permanente, contratados temporalmente y aquellos despedidos. Aguiar advierte que si no hay una respuesta del gobierno para reincorporar al personal despedido, la protesta podría extenderse e incluso derivar en ocupaciones pacíficas de los organismos.
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), hasta el pasado mes se consolidaban un total de 9646 bajas en la Administración Pública Nacional, cuya mayoría corresponde a finalizaciónes de contratos que no se renovaron. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), otro gremio importante del sector, descartó un paro sectorial por el momento, aunque exige la reincorporación de los despedidos.
En paralelo a las protestas, Aguiar y su equipo de abogados están considerando presentar una denuncia penal contra el Presidente por considerar "arbitrarios" los despidos, argumentando que violan derechos protegidos por la Constitución. Aguiar insinuó en una entrevista que Milei y sus funcionarios podrían terminar presos por estas acciones.
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