Empieza al juicio a Luis Lobos por fraude al Estado. Antes, hay una audiencia de probation. Si se supera, mañana empieza el debate.
Así robó el clan Lobos el sueldo de los "ñoquis"
Al Capone, el mayor mafioso del siglo XX en los Estados Unidos, responsable de cientos de delitos gravísimos, terminó preso por evasión impositiva. El ex intendente justicialista de Guaymallén Luis Lobos y su esposa Claudia Sgró regentearon cientos de "ñoquis", sobresueldos y "retornos". Pero cayeron por una estafa de baja elaboración: Un fraude obsceno a la administración pública, realizado a través del cobro fraudulento del sueldo de una falsa empleada municipal llamada Laura Fara y de su hijo Pablo Müller, quienes además eran la empleada doméstica y el jardinero de María Elena Fernández, la suegra de Lobos y madre de Claudia Sgró.
Lobos, su mujer y su suegra serán juzgados desde esta semana por defraudación en perjuicio de la Administración Pública, en la modalidad de administración infiel. El primero como autor, y las mujeres, como partícipes necesarias. Con la maniobra, María Elena Fernández cobró de modo indebido desde agosto de 2011 hasta noviembre de 2015 la suma de $ 442.729,20; con las tarjetas de débito de Fara y su hijo. Ellos, por supuesto, no sabían que eran "empleados" municipales.
Los integrantes del clan Lobos no serán los únicos sometidos a proceso. Alberto Víctor Aceña (ex director de administración), Silvina Andrea Alcaraz (ex sub directora de administración y sobrina de Lobos), Marcela Fabiana Malara (ex sub directora de administración) Cinthia Judith Spatola (ex jefa de liquidación de Haberes) y Marisa Vargas, (ex jefa de personal), fueron imputados y serán juzgados en otro debate, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Increíble, pero la justicia hará dos juicios para el mismo delito, del que todos participaron. En el caso de los ex funcionarios, la justicia entiende que no debían desconocer que la "empleada" municipal Laura Fara y su hijo Pablo Müller jamás habían ido a trabajar, y sin embargo se les liquidaban sus sueldos: Fara y Müller habían sido designados por decreto como empleados de la Dirección de Administración de la Municipalidad, justamente.
El financiamiento con empleados ñoquis en la Municipalidad de Guaymallén durante la gestión de Lobos, junto a otras maniobras de corrupción, fueron puestos a la descubierta y publicados por este diario en una investigación realizada junto al abogado Carlos Varela y su equipo, y denunciado luego por los mismos abogados más dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la justicia penal provincial, y federal, y en organismos de control. De ello, derivaron ocho expedientes penales. En aquella publicación llamada "Así se enriquece un intendente", una testigo de identidad reservada que forma parte de uno de los expedientes penales contra Lobos, contó con lujo de detalles cómo Claudia Sgró, su hermana Alejandra Sgró (por entonces secretaria privada de Lobos), y su sobrina Silvina Alcaraz "gestionaban" la lista de ñoquis y de empleados que debían aportar una parte importante de su sueldo, se calcula que hasta el 80 %, a cambio de unos pesos y la obra social "Se recauda en el Concejo Deliberante. Cada uno lleva la plata en su sobre y lo entregaba. Estaban Claudia y su hermana... te tachaban de una lista" contó la testigo en 2014. Ese testimonio se ratificó en sede judicial. La "lista" de ñoquis de los Lobos-Sgró ocupaba -de acuerdo a los testimonios- unas 30 hojas de tamaño A4. Así, con ñoquis, estafas al fisco, fraudes al Estado, sobreprecios; los Lobos fueron amasando una fortuna. Por eso, además, están imputados de enriquecimiento ilícito. Lo que muestra el Caso Fara, con una crudeza que espanta, es el método.
Probation
El juicio debía empezar hoy. Pero antes, el Tribunal Colegiado Segundo, integrado por jueces de la Sexta Cámara del Crimen, deberán resolver sobre la última maniobra urdida por el clan para postergar el juicio: un pedido de "probation" de María Elena Fernández, suspensión de juicio a prueba, que significaría no reconocer la culpa y "reparar" el daño, con trabajos comunitarios, por ejemplo. La fiscal Susana Muscianisi y la Municipalidad de Guaymallén a través de sus abogados, se van a oponer. El asunto es que si los jueces deciden tanto dar curso al pedido de la suegra de Lobos, como si no, sobrevendrá un largo período de apelaciones hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia. La única chance de que el juicio se haga realmente esta semana, es que los jueces decidan separar el caso de María Elena Fernández del de Lobos. Lo que no está claro es quién gana o quién pierde con esto. Será un verdadero caso de estudio el que haya tres juicios orales a distintas personas, por el mismo delito, la misma estafa, las mismas víctimas, cometido durante cuatro años.
Lo que sigue, es una ficha interactiva del caso. En cada punto de atención, hay un dato clave:
El fraude
La historia reconstruida por el Ministerio Público Fiscal desde que imputaron a Lobos y lo ampliaron a su esposa, es digna de un guion para el "Yeneral González" en Costa Pobre. Pero es real, y sucedió en Mendoza, desde 2011 hasta diciembre de 2015.
A mediados de 2011, María Elena Fernández le ofreció a su empleada doméstica Laura Fara una "ayuda" social. Una especie de subsidio. La mujer lo aceptó, y Luis Lobos, por entonces presidente del Concejo Deliberante, le gestionó trámites en la Municipalidad. Allí, en el cuarto piso, Fara firmó un libro y un bono de sueldo ante funcionarios que aún no fueron identificados. Luego, le indicaron que fuese al Banco Nación a cobrar por ventanilla la suma de $ 2.719,50 acreditados en una caja de ahorro del BN en Villa Nueva. María Elena Fernández le dio a Fara 500 pesos y se quedó con el resto. También le pidió la tarjeta de débito. El último sueldo de Laura Fara en 2015, cuatro años después, fue de 16.900 pesos.
María Elena Fernández sacó cada mes el total del sueldo de Laura Fara, le daba la "ayuda social", y se quedaba con el resto. La maniobra siguió igual hasta que el clan necesitó de hacerse de más fondos, al menos en este caso. Entonces, la madre de Claudia Sgró le ofreció a Pablo Müller, el hijo de su empleada y jardinero de la casa, la misma "asistencia social" que a su madre, Laura. Müller firmó los papeles, y cobró en la sucursal Villa Nueva del Banco Nación la suma de $3.300, de los que le dio 2.700 pesos a su "benefactora" María Elena Fernández.
Fara y Müller siguieron siendo "empleados municipales" sin saberlo, hasta que en noviembre de 2015 María Elena Fernández les informó que "entraban" al municipio y que -desde enero de 2016, ya asumido Marcelino Iglesias- podrían cobrar sus sueldos en su totalidad.
(Foto: Lobos se financiaba con plata de los propios municipales.)
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La "perlita" del Caso Fara es la participación del ya intendente de Guaymallén Luis Lobos. El 19 de mayo de 2015, de acuerdo al avoque fiscal, firmó la resolución 1127/15 en la que subió de categoría y promocionó a Laura Fara y a Pablo Müller, beneficiando así a su suegra, madre a la vez su de esposa funcionaria. Lobos firmó esta resolución cuando la investigación del POST y los abogados ya era un "caso". Luego, perdió las elecciones, le imputaron el primero de los casos por alquiler indebido de maquinarias y vehículos, más tarde el Caso Fara que ahora llega a juicio y finalmente el "Caso Wanka", y -el más grave de todos- enriquecimiento ilícito.
Así se enriquecían Luis Lobos y su familia. Así se construyeron una fastuosa propiedad en un barrio privado de Guaymallén, acumularon decenas de propiedades, terrenos, vehículos de alta gama, sociedades, hasta que cayeron en desgracia. Incluso, los echaron sin más de la Municipalidad de Guaymallén, donde reservaban cargos. Al final de esta historia, Laura Fara hizo la denuncia en la Municipalidad, la que a su vez la llevó a sede penal.
Qué puede pasar
El delito por el que están juzgando a Luis Lobos contempla hasta seis años de prisión de cumplimiento efectivo. Ni él ni su mujer pueden pedir "probation", por haber cometido el fraude mientras eran funcionarios. Los abogados de la Municipalidad serán durísimos. Y pedirán, de acuerdo a la información con la que cuenta este diario, una pena de cumplimiento efectivo de más de cuatro años de cárcel. Y detención hasta que la sentencia esté firme. Nada se sabe aún de los argumentos de la defensa de Lobos, que será ejercida por la Defensoría Pública Número 13, cargo de la defensora Silvina González, y del co-defensor Franco Fausti. Ironía: la doctora González es hija el ex procurador Rodolfo González, jefe de los fiscales cuando empezó el Caso Lobos.
El primero de los juicios contra Lobos tardó en llegar, pero apareció en un mal momento para el ex intendente, justo en medio de un "mani pulite" feroz, provocado por los cuadernos de la corrupción K, y la lluvia de arrepentidos, funcionarios y empresarios presos. Con el probable procesamiento además de la ex presidenta Cristina Fernández, por asociación ilícita y corrupción. Mal clima para ser juzgado por estafar al Estado con ñoquis.
Y cobrando sueldos indebidos por el cajero automático. Además de fraude, un papelón.
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