Su suegra pidió "probation". El debate arranca el lunes, pero podría ser postergado.
La última jugada de Lobos para evitar el juicio
El primer juicio oral y público por corrupción contra el ex intendente Luis Lobos, su esposa Claudia Sgró y su suegra María Elena Fernández, por el caso de la "mucama ñoqui", registra novedades de último momento. No hay "cuadernos" ni arrepentidos, tan de moda, pero María Elena "Mamá Sgró" Fernández presentó un pedido de "probation". Es decir, la suspensión del juicio "a prueba", una figura judicial que permite al reo no asumir culpas ni responsabilidades, pero que le obliga a "reparar el daño" y a normas de conducta o trabajo comunitario.
Además, el clan Lobos se quedó sin abogado pocos días atrás, con la renuncia de Anahí Venier, hija del primer y fallecido abogado del ex intendente de Guaymallén, Omar Venier. Ahora, patrocinada por otro letrado, la suegra de Lobos presentó el pedido de "Probation". Y ese pedido podría significar la suspensión del juicio. Por otra parte, extraño vuelco del caso, Lobos será atendido en su defensa por la Defensoría Pública número 13. Abogados del Estado ayudarán al ex intendente más corrupto que dio la historia reciente de Mendoza.
María Elena Fernández, la suegra de Lobos.
El "Caso Lobos" comenzó en diciembre de 2014, cuando este diario trabajó junto a un grupo de abogados encabezados por Carlos Varela, en una larga investigación que -desde que fue publicada hace casi cuatro años- generó ocho causas penales en el fuero provincial, dos en el fuero federal y la UIF, y cuatro imputaciones de corrupción gravísimas para Lobos, miembros de su familia y algunos de sus ex funcionarios.
La historia de la "mucama ñoqui" representa -posiblemente- el más miserable de los delitos del clan cuando eran dueños y señores de la Municipalidad. Convencieron a la empleada doméstica Laura Fara, que desempeñaba tareas en la casa de la madre de Claudia Sgró, María Elena Fernández; de firmar "unos papeles" con el cuento de que recibiría un subsidio social. La historia real fue que la transformaron en empleada municipal sin que la mujer lo supiese, generaron una cuenta en el Banco Nación y la tarjeta de débito correspondiente, y la empleada recibía cada mes una pequeña suma de "subsidio". El resto, se lo llevaban los Lobos-Sgró. El último sueldo "fantasma" de Fara en diciembre de 2015 fue de 16.000 pesos, de los que le entregaron unos 2.500 pesos a Laura Fara.
Durante los tres años en que funcionó el circuito, el clan cobró a través del "sueldo" de Laura Fara más de 350.000 pesos, entre 2013 y fines de 2015, cuando debieron entregar el gobierno municipal. El cálculo fue hecho por los fiscales, cuando imputaron a Lobos en 2016.
Anahí Venier dejó la defensa de Lobos.
La maniobra fue descubierta por la propia Fara, cuando desde la Municipalidad, ya al mando de Marcelino Iglesias, la intimaron para que se presentase a trabajar.
El "financiamiento" de Lobos y su familia a través de ñoquis fue contado con máximo detalle en nuestra investigación "Así se enriquece un intendente". Pero de momento, sólo el "Caso Fara" ha llegado a juicio.
El escándalo de la mucama derivó en una denuncia penal, un caso en que la Municipalidad es querellante. Las imputaciones por administración fraudulenta en su modalidad de fraude al Estado cayeron -en distintos grados- contra Lobos, su mujer y su suegra, quien fuera registrada por las cámaras del Banco Nación retirando el dinero que no era suyo.
El clan Lobos, el día en que fueron imputados en el Caso Fara.
Superadas las etapas procesales, impugnaciones y apelaciones, el "Caso Fara" -segundo expediente del "Caso Lobos"- llegó a Juicio oral. Además, Lobos está imputado por alquiler irregular de maquinarias y vehículos, por fraude a la administración en el alquiler de una planta de asfalto (el Caso "Wanka"), y la última imputación que registró fue la más grave de todas, por enriquecimiento ilícito, derivada de la investigación original en la que trabajó este diario, cuyas denuncias fueron presentadas en diciembre de 2014.
Probation
El pedido de "probation" de María Elena Fernández de Sgró podría derivar en la suspensión del juicio, hasta que la Suprema Corte de Mendoza diga si corresponde o no la "suspensión de juicio a prueba" en beneficio de la suegra procesada. Esto es porque tanto la fiscal de Delitos Económicos Susana Muscianisi como los abogados de la Municipalidad, se opondrán a la "probation" y pedirán iniciar el juicio, sin más trámites. Quedará entonces en manos del Tribunal Colegiado Segundo (equivalente a una Cámara del Crimen) tomar decisiones. En caso de que se plantee este dilema, el tribunal podría decidir realizar una "compulsa", y separar el juicio a María Elena Fernández y seguir adelante contra Lobos y su esposa, hasta que se resuelva la probation. La suegra de Lobos está imputada como partícipe necesaria del fraude. Y su yerno ex intendente es el acusado principal.
¿Por qué Lobos y su mujer no adscriben a la "probation", tal como hizo su suegra? Su categoría de ex funcionarios no se lo permite. Deben -ellos sí- enfrentar el juicio.
Todas estas incógnitas se revelarán el lunes, cuando las partes y los jueces evalúen el pedido de "probation" de Fernández, una maniobra -de acuerdo a fuentes del Ministerio Público- destinada a "patear" el juicio, uno de los casos más simples contra la familia que gobernó Guaymallén hasta diciembre de 2015. La decisión no formará parte del juicio en sí, si no que habrá una audiencia previa el mismo lunes.
En caso de hacerse el debate, el clan será juzgado por los jueces y conjueces de la ex VI Cámara del Crimen, que integran el Tribunal Colegiado Segundo. Ellos son Ezequiel Crivelli, Jorge Luis del Pópolo, y Marcelo Gutiérrez del Barrio.
El debate debería comenzar a las 9:00 del lunes, y habrá cinco días consecutivos de audiencias. Se hará en las nuevas salas de Tribunales Colegiados, en el subsuelo del Palacio de Tribunales. Si es que hay juicio, claro.
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