La mujer que le ruega al Estado que no la maten

Cecilia ya no sabe qué hacer ni adónde recurrir. Aunque logró que su ex marido tenga prohibido acercarse a ella y a sus hijos, lo ve pasar a cada rato por la puerta de su casa, lo ve esperando en la esquina, sabe que va a la salida de la escuela de los chicos. De nada le sirve llamar al 911 para pedir protección: “La última vez tardaron 40 minutos en llegar” describe desanimada.

Cecilia Crouspeire es valiente porque no le queda otra. Está aterrada, pero sabe que en algún lado tiene que hacerse oír antes de que el padre de sus hijos la mate a ella o a ella y a los hijos, porque ese hombre no sólo fue denunciado por ser violento con ella, sino también por torturar a sus chicos, tanto psicológica como físicamente.

“Después de que intervino OAL (Organismo Administrativo Local, encargado de la protección de niños y adolescentes) y que ellos pidieran la restricción de acercamiento, finalmente cayó preso. Veinte días después lo soltaron y hasta el día de hoy, esta trabajando como si nada, es chofer de micro y hasta renovó la licencia sin ningún problema, él vive como si nada pasara mientras que nosotros vivimos con pánico y llamando continuamente a la policía. A nosotros nadie nos protege”, reclama.

“Cuando aparece, mis hijos se esconden, se encierran en sus cuartos, se meten debajo de la cama. Mi hijo del medio no avanza en la escuela, ha sufrido durante tantos años que el padre lo torturara psicológicamente diciéndole que era un inútil, poniéndole apodos horribles, pegándole hasta hacerlo sangrar… Él vivía pegándome por celos, diciéndome que yo era una puta de mierda que le metía los cuernos, cuando el que me era infiel siempre era él y yo vivía infectada. 

"Me la pasaba en el ginecólogo y medicada por las infecciones que me pasaba". 

Incluso cuando me quedé embarazada de la más chica yo tenía pánico de transmitirle algo. Una vez una amiga me mandó un mensajito donde me decía te quiero mucho y él me agarró a piñas diciéndome ‘¿así que ahora te volviste trola?’. Me basureaba sin parar, un día me puso un veneno en la mano y me decía que me lo tome, que me mate de una vez si yo no servía para nada. Me dejó sola con el veneno en la mano y después de tres horas llamé a asistencia al suicida. Después de eso empecé a ir a escondidas a un psicólogo y finalmente pude tomar el coraje de echarlo. Ese día no me pegó, pero apareció dos días después y me agarró a palazos. Me pegaba con una mano y con la otra sostenía a mi hija de dos años. Yo terminé dos días en el hospital, mi nena, después de eso, se quedó completamente pelada. Recién ahora, un año después tiene un poquito de pelo”.

Hace más de un año que Cecilia logró que el marido se fuera de la casa, pero el acoso no cesa. 

También un año tardó en conseguir la plena tenencia de sus hijos, pero aún espera que la justicia, la policía, el OAL o quien fuera haga cumplir las restricciones de acercamiento. Y que el estado deje de maltratarla.

“Con el tiempo aprendí cómo me tengo que vestir para ir a la fiscalía. Me pongo un jogging viejo y medio sucio, lo tengo para ir a poner las denuncias. Porque si voy bien vestida, o con mi ropa deportiva (Cecilia es profesora de educación física), no me dan ni bola. Si sos rubia te tratan de gato y si sos morocha de puta barata. Como soy rubia me pongo un pañuelo en la cabeza. Estoy harta de ir a declarar los incumplimientos a la restricción y que no hagan nada”.

Además, se vio obligada a cambiar de abogado y aceptar un defensor público porque un letrado anterior que le llevaba el juicio por alimentos le pedía sexo a cambio de lograr un avance. Todavía no logra cobrar nada.

En cuanto a su seguridad y la de sus hijos todos se pasan la pelota. Durante tres días quien firma esta nota estuvo pidiendo protección para ella y los chicos, dado que Cecilia aceptó hacer la denuncia pública y no ocultar su nombre. 

La policía aduce que actúa por orden judicial, la cual ya está, pero cada vez que Cecilia llama al 911 porque su marido no la cumple, el patrullero tarda demasiado. 

Fue a pedir a la fiscalía un botón antipánico pero le dijeron que no era necesario. En el poder judicial no supieron decirle a esta periodista a quién había que dirigirse para pedir custodia. Por un lado afirmaban que las fiscalías estaban de feria y que había que hablar a la fiscalía de turno, por otro, decían que en la fiscalía 10 de Maipú (donde están radicadas todas las denuncias) debía haber un fiscal de turno. Nadie atendió nunca el teléfono. La única respuesta la dio la jefa del OAL: le pasó a Cecilia su celular personal para que la llame en caso de estar en peligro y ella hablar con algún alto funcionario de Seguridad que apure el patrullero.

Mujeres que asesinaron porque el estado no las protegió

María Valeria Fontagnol se separó del padre de su hija harta de los maltratos. Lo denunció en el séptimo juzgado de familia y consiguió una orden de restricción para que su ex pareja, Jorge Bonetto, no pudiera acercarse a menos de 300 metros de ella.

El 14 de septiembre de 2009, Bonetto se subió a su auto y persiguió al auto de Valeria, que iba rumbo a su trabajo por el Acceso Este. La alcanzó, se puso a la par de ella y le disparó 4 tiros.

Bonetto era un gendarme al que le habían dado la baja por mal comportamiento, pero aún tenía permiso para utilizar la Bersa 40 con que mató a Valeria.

María Cristina, la mamá de Valeria, asegura que el hombre hacía 6 meses que se paseaba por la casa donde vivía su hija a pesar de la restricción. “Nadie nos protegió, nos destrataron en todo. Cuando mataron a mi hija ni siquiera me avisaron, no vino la policía ni me llamaron del juzgado, me enteré por unos parientes que vieron la noticia por televisión”, recordó.

Alberto, el papá de Valeria, no paró de denunciar todas las fallas que llevaron al asesinato de su hija y también luego, en la justicia misma, ya que se hizo un juicio abreviado, algo que no correspondía dada la cantidad y calidad de las pruebas en contra de Bonetto. 

Además, como Valeria no estaba casada, el homicidio no se consideró agravado por el vínculo, a pesar de que fuera la madre de su hija.

Otro tema tuvieron que enfrentar los Fontagnol con su nieta, de quien se hicieron cargo: el traspaso de la tutela, y el cambio de apellido de la nena que Alberto logró luego de mucha burocracia antes de morir, y que impedía, por ejemplo, que la nena fuera inscripta en la escuela.

Ahora María Cristina sólo piensa en su nieta, pero sabe que dada la escasa pena que recibió el asesino de su hija, en dos años podría quedar libre.

Y dijo con dolor “Yo veo tanta publicidad de la ley de violencia de género, diciéndoles a las mujeres que denuncien, que denuncien, y pienso... ¿para qué? A nosotros nadie nos protegió ni nos cuidó”.

El caso Mariana Roby

El ministro de salud de la provincia, Matías Roby, se lamentó y aseguró que los mecanismos para proteger a las mujeres son insuficientes, “no sirven”, sentenció.

El funcionario no tuvo problemas en hablar de la muerte de su hermana, asesinada por tres balazos que le tiró el marido, que luego se suicidó, en la planta baja del Centro Médico Palmares, el 22 de agosto pasado. “Yo nunca supe que ella sufriera de violencia, Mariana era muy reservada y no contaba nada y él no era una persona de la que pudiéramos sospechar”.

Con los ojos enrojecidos, el ministro recordó que pocos días antes había compartido una cena con su hermana Mariana, donde ella le blanqueó la situación y le contó que se había ido de su casa con su hija mayor, mientras que los otros dos hijos de la pareja se quedaron con el padre pero conociendo lo que pasaba.

“Yo le dije que hiciera las cosas como correspondía, que pusiera la denuncia e hiciera los trámites necesarios para estar protegida. Ella lo hizo, y ese día, tenía que ir a la tarde a llevar los papeles para que le dieran la orden de restricción”, aclaró el ministro ya que desde un primer momento se decía que la prohibición estaba pero su hermana fue asesinada antes de que hiciera el trámite.

“No puede ser que una mujer que está en esas circunstancias tenga que estar llevando papeles, es ridículo, ahora que está todo digitalizado no se entiende este tipo de cosas, eso hay que cambiarlo urgente”, se quejó.

Roby opinó que no cree que su hermana se hubiera callado para no provocar un escándalo que lo salpicara a él en sus funciones, sino que “hay diferencias culturales insalvables… creo que ella primero pensó que lo iba a cambiar, y después aceptó esa relación por sus hijos”.

Sin embargo, dado el suicidio del asesino ya no hay contra quién ir para pedir justicia, a pesar de todas las fallas, incluyendo un botón antipático que su hermana habría accionado pero que según datos del ministerio de Seguridad, no funcionó.

“Tal vez todo se podría haber evitado matando a mi cuñado antes- dice el ministro- pero yo no lo iba a matar. Y ahora quedaron tres chicos sin madre ni padre, así que hay que bajar la persiana y pensar en ellos.”

Mujer que pide que el Estado la trate bien

Susana Ferreyra fue atacada por su ex pareja con quien a pesar de haber terminado la relación, mantenía conversación. El 26 de octubre del año pasado, él llegó para hablar con expectativas de volver con ella cuando, en un momento, Susana se dio cuenta de las intenciones del hombre aunque no pudo evitar que le quemara la cara con agua hirviendo y luego la atacara a cuchillazos.

Con la cara tajeada hasta el corte de la arteria facial, Susana pudo salir corriendo y logró que un hombre que pasaba por la calle la llevara en su camioneta hasta el hospital Carrillo.

Y aquí empezó la odisea:

“En la guardia del Carrillo apenas me pudieron hacer un principio de limpieza porque me dijeron que no tenían los implementos necesarios, así que me trasladaron al Central en ambulancia. Sin embargo, cuando llegué a la guardia del Central me dijeron que esperara porque lo mío no era grave, el cirujano no me quería recibir porque decía que la guardia estaba congestionada. Yo tenía la arteria facial cortada y la sangre me salía a chorros, tenía un toallón empapado en sangre, y también la ropa, el pelo, hasta los zapatos. Luego me atendieron, me apretaban la cara, no me decían nada, ni siquiera me preguntaron si tenía la antitetánica y tampoco me la dieron. Me pusieron los puntos (48 en total) y me dejaron en una camilla, en un box, así como estaba, toda sucia, ya con la sangre seca y pegoteada, ya echaba olor… así me dejaron 24 horas”, relató la mujer.

Y continuó: “la policía nunca vino, ni nadie de violencia de género, ni un psicólogo ni nadie. Al otro día, me entero de que al agresor se lo habían llevado muy herido porque él se quiso suicidar después, y que estaba ahí. La policía le dijo a mi hijo que tiene 18 años que fuera a poner la denuncia porque yo no estaba. Antes de irme del hospital me dijeron que yo tenía que ir primero al forense y después a poner la denuncia. No me dieron ni el alta, yo me fui porque ya estaba harta y ningún médico venía a decirme nada. Unos amigos me llevaron al forense y después a la fiscalía, y ahí tuve que esperar tres horas porque no andaba la impresora y no podían hacerme firmar la declaración”.

Por todo esto tuvo que pasar Susana, en 24 horas, sucia, ensangrentada, adolorida, mareada por la enorme cantidad de sangre que había perdido.

“Al otro día (martes) vinieron de violencia de género de Las Heras, Ana Herrera y Nicolás Arias, que me acompañaron a la sala de salud donde me dieron la orden para la antitetánica porque yo la pedí y otras ordenes para hacerme unos análisis y radiografías porque tenía el tabique partido, y todo eso para pedir interconsulta en el Lagomaggiore. Ellos me dijeron que me iban a sacar los turnos para que yo no me estuviera moviendo y se llevaron las órdenes. Al otro día me trajeron una bolsita de supermercado con unos alimentos. Nunca más volvieron”.

“Mi hermana le escribió al ministro Roby y él me llamó por teléfono, me dijo que iba a hablar él con el director del Lagomaggiore y a la hora me llamó el director. Fui a verlo al otro día, me recibió en la puerta de la oficina y me mandó con la secretaria a buscar a la cirujana, que estaba operando. Entonces me hicieron esperar en la parte de atrás del hospital, afuera de una de esas oficinas que son containers. Al tiempo vino la cirujana, me miró, sin tocarme ni nada, y me dijo que me pusiera Cicatricure y un protector solar de buena calidad y que volviera a los tres meses. Toda la atención fue en los pasillos”.

Sin las órdenes para los estudios, ni recetas de medicamentos, y harta del maltrato, Susana se atendió sus heridas sola, con la ayuda de una vecina que le facilitó material descartable y aséptico. Sola se hizo las curaciones. No pudo, por falta de dinero, comprarse la crema cicatrizante ni el protector solar caro, pero se las arregló para no exponerse al sol y la misma vecina le consiguió también una crema para las quemaduras en su rostro y brazo derecho.

Un tiempo después la visitó una tal Andrea, del CIC de El Plumerillo. Le llevó unos formularios para pedir un subsidio municipal. Susana los firmó y nunca más supo ni de Andrea ni del subsidio.

Y sigue:

“Un mes después de todo esto, vino una asistente social de la cárcel de Cacheuta, para avisarme que mi ex pareja se había muerto y que yo tenía que hacer los trámites para el sepelio. No tuve que pagar nada, pero tuve que ir al forense, a la casa velatoria y al cementerio”.

Dos meses después de salvarse de ser asesinada, Susana recibió la visita de tres personas del Centro de Asistencia a Víctimas de Delitos, una oficina dependiente del Poder Judicial. Miranda Lourdes, Claudia Mainino y la Dra María Angeles Emme, le llevaron otro formulario, esta vez, para solicitar un subsidio de la Nación, dirigido a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Le dejaron los papeles, y nunca más los fueron a buscar.

Susana ya está muy cansada, no quiere ni que vuelvan, ni subsidios, ni nada. Ella sólo quería que la trataran bien.

“Yo nunca tuve contención, nadie se acercó ni para hablar de lo que había pasado. Yo soy una mujer fuerte y como tengo que trabajar no me puedo estancar. Además yo no venía de una situación de violencia, no era una mujer sometida, pero pienso en esas mujeres que están tan frágiles y que les pase algo así y las traten de este modo… por eso sigo hablando.”

Cuando la política usa a la Violencia de Género

La ley 26485 de protección integral a las mujeres, plantea la necesidad de que los gobiernos, nacional, provinciales, municipales, tengan refugios para aquellas mujeres que no tienen adónde ir para escaparse de su agresor.

En este contexto, en junio de 2012, el entonces ministro de desarrollo, Guillermo Elizalde, anunció muy feliz y satisfecho, haber conseguido un aporte de la Nación de 1,5 millones de pesos para la construcción de un refugio para mujeres víctimas de maltrato.

Un año después, según información del sitio oficial del Gobierno de Mendoza, la directora de Mujeres, Género y Diversidad, se reunió con representantes de quienes están a cargo de la construcción de dicho refugio “para evaluar los elementos faltantes para iniciar formalmente la edificación”.

http://prensa.mendoza.gov.ar/el-gobierno-avanza-en-la-construccion-del-refugio-para-mujeres-victimas-de-violencia/

Un año después no sólo la edificación no estaba siquiera comenzada, sino que, además, iba a costar un millón de pesos. ¿Y el medio millón que falta?

Según La directora de Mujeres, María Laura Palero “no era esa la cifra que aporta Desarrollo de la Nación, y el inconveniente en comenzar la construcción surgió porque la ley establece que los refugios deben ser construidos por cooperativas de trabajo, pero la ley de Contrataciones de la Provincia generaba un conflicto porque no preveía contratación de cooperativas para construcción, entonces hubo que solucionar eso y ahora, en noviembre, se empezó con el llamado a licitación”.

La Ley 26485 sí establece la obligatoriedad del Estado a brindar refugios, pero nada dice de la construcción por parte de Cooperativas.

Actualmente, la fundación Sobran Motivos maneja un refugio para mujeres maltratadas que dispone de 16 camas. Clara Sánchez Egea fundadora, y Belén Real, abogada de Sobran Motivos, aclararon que, si bien el refugio no ha llegado aún a estar colapsado, es necesario que haya más. “las mujeres nunca vienen solas, vienen con sus hijos obviamente, y si tienen cuatro o cinco ya te ocuparon todo el espacio. Con un solo refugio tan chico no alcanza”.

Allí también dan asesoramiento jurídico a las mujeres maltratadas. Belén, la abogada, explicó que es muy necesario no sólo para que conozcan las mujeres sus derechos sino también porque hace falta cambiar la cultura machista en la justicia. Es un cambio cultural que lleva tiempo, pero vos te das cuenta que hay fiscalías y juzgados que empiezan a ver las problemáticas ya con una visión de género. Es muy lento, pero de a poco se está consiguiendo”.

Al respecto, el año pasado la legislatura de Mendoza sancionó la Ley que crea el Cuerpo de Patrocinio Jurídico Gratuito para quienes padezcan violencia de género. Sin embargo, un año después, el cuerpo no está en funcionamiento y la explicación es sencillamente ridícula.

Según Juan Manuel González, subsecretario de Derechos Humanos de Mendoza, “la ley no se reglamentó por una cuestión presupuestaria, porque no hay presupuesto para contratar abogados”. Sin embargo, la ley estipula claramente que el cuerpo se conforme con abogados que ya sean de la planta estatal y entonces el subsecretario respondió que “las oficinas no quieren trasladar a los abogados que ya tienen”.

Según aportó el funcionario, la oficina de Mujer, Género y Diversidad atendió 262 consultas por violencia de género durante el 2014. Pero no se tienen datos de cuántas consultas hubo en oficinas municipales.

Actualmente no existen registros de cuántas denuncias por maltrato se hacen en la provincia.