El fiscal Juan Ticheli solicitó la elevación a juicio de la esposa de Daniel Orozco en la causa por coacción. Arriesga una pena de prisión de hasta 4 años.
El fiscal pidió la elevación a juicio de Janina Ortiz
"De acuerdo a las pruebas reunidas en las presentes actuaciones, se ha logrado acreditar con el grado conviccional exigido el hecho investigado y la intervención de la encartada, autorizando la correspondiente elevación a juicio".
De esta manera, el fiscal Juan Ticheli solicitó formalmente la elevación a juicio de la exsecretaria de Gobierno de Las Heras y suspendida diputada de La Unión Mendocina, Janina Ortiz, en el expediente en el que se la investiga por coacción. De no haber oposición de la defensa, la causa irá directamente a un tribunal colegiado, y si hay un pedido de los abogados de la esposa de Daniel Orozco, la decisión del Ministerio Público deberá ser ratificada por un juez de Garantías.
En este expediente, el P-63.716/23, Ortiz está imputada por amenazas coactivas, un delito que prevé una condena de 2 a 4 años de prisión; en este punto, en caso de ser encontrada culpable, la exfuncionaria de Las Heras podría ir a la cárcel ya que la eventual sentencia podría superar los 3 años y esto implicaría prisión efectiva.
Esta es una de las dos imputaciones que pesan contra Ortiz, ya que también fue acusada, junto con su marido, de peculado en la causa "cooperativa fantasma", ambas a cargo del fiscal Ticheli en la fase de instrucción por una cuestión de "conexidad". Sobre esta última, días atrás se cayó parte de la coartada de la acusada: Ortiz declaró que le habían falsificado la firma en cuatro expedientes comprometedores, lo cual fue descartado por una perito caligráfica.
Las pruebas contra Ortiz
En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal consideró que hay pruebas suficientes para sostener que Ortiz ordenó a una empleada municipal, a través de otra agente, que mantenga relaciones sexuales con el entonces subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, lo hiciera hablar y grabara la conversación. Todo esto bajo la amenaza de que si no lo hacía, ambas mujeres perderían su trabajo en la Municipalidad de Las Heras.
Más allá del relato de la denunciante y testigos, entre otras pruebas que constan en el expediente, se destacan conversaciones de WhatsApp donde Ortiz preguntaba a la empleada municipal (la intermediaria) si su compañera ya había cumplido con la orden.
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"¿Ya fueron al telo? Si lo presiona, habla", se lee en uno de los chats entre Ortiz y la intermediaria, que consta en el expediente, en presunta alusión al encuentro sexual que debía tener la denunciante con el funcionario. En otro diálogo, la esposa de Orozco le dijo a la empleada municipal: "Piensen en sus hijos, las dos son mamás y no pueden quedarse sin trabajo". También hay audios que reforzarían la tesis del fiscal sobre la existencia de una estructura de coacción laboral, abuso de poder y encubrimiento de delitos en la Municipalidad de Las Heras, con Janina Ortiz como figura central en las amenazas y presiones.
También se valoró como prueba los estudios que confirmaron que las víctimas presentaban signos de estrés postraumático compatibles con la situación denunciada.
Vale recordar que las causas "coacción" y "cooperativa fantasma" surgieron a partir de una investigación del Post, publicada en junio de 2023, donde se daba cuenta de ambas situaciones: abuso de poder y una red de cooperativas sin actividad que servían a intereses de funcionarios y allegados.
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Si bien están imputadas en la misma causa, el fiscal no pidió por el momento la elevación a juicio de las presuntas cómplices de Ortiz imputadas por coacción agravada por uso de arma de fuego: Patricia Alejandra Rivero, mano derecha de Ortiz en la Secretaría de Gobierno de Las Heras, y la hija de ésta, Dana Carolina Murúa, también funcionaria en ese entonces.
Rivero y Murúa habrían "negociado" la entrega del audio que las dos empleadas municipales habría retenido. Y en una reunión en la casa de Rivero en abril de 2023, madre e hija habrían sacado un arma de un mueble, proyectiles, y habrían exigido a las denunciantes la entrega del material.
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