Hubo 138 votos a favor, 94 en contra y una abstención. El proyecto irá al Senado y desde el oficialismo aseguran que el objetivo es poner fin a la llamada "puerta giratoria" en la Justicia. Es una legislación que ya se aplica en Mendoza.
Además de suspender las PASO, Diputados aprobó una "ley mendocina"
Este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una reforma en el Código Procesal Penal que introduce modificaciones en las figuras de reincidencia y reiterancia delictiva. Se trata de una legislación que ya aplica Mendoza.
Con 138 votos afirmativos, el proyecto obtuvo media sanción y ahora pasará al Senado para su tratamiento. La reforma busca ampliar las condiciones bajo las cuales se puede dictar prisión preventiva, estableciendo nuevas pautas que permiten a los jueces considerar la "reiterancia delictiva" para aplicar esta medida, incluso si aún no existe condena firme.
El proyecto también incluye otros cambios, como la unificación de penas para reincidentes y la posibilidad de llevar adelante juicios en ausencia de los imputados en determinados delitos graves. Ahora, con la media sanción de Diputados, el debate se traslada al Senado, donde se espera una fuerte discusión frente a un tema central en la agenda política y judicial del país.
Modelo mendocino
El concepto de "reiterancia", que forma parte de esta reforma votada en la Cámara de Diputados, ya es conocido en Mendoza desde mediados del año 2016. Bajo la gestión del entonces gobernador Alfredo Cornejo, la provincia introdujo este concepto en su Código Procesal Penal. De esta manera, autoridades provinciales, celebraron la media sanción en Diputados argumentando que el país seguirá el "ejemplo mendocino".
El debate seguirá en el Senado
Si bien la medida ha sido defendida por los sectores oficialistas, ha generado controversia en la oposición. En este sentido, diputados de la izquierda y Unión por la Patria expresaron su rechazo, argumentando que esta reforma podría desvirtuar el principio de inocencia y ampliar el uso de la prisión preventiva, como por ejemplo en causas vinculadas a la protesta social, lo que podría resultar en una penalización anticipada sin pruebas suficientes, como al mismo tiempo, agravar el fenómeno de la "sobrepoblación carcelaria", dado que muchos detenidos estarían aún sin condena firme.
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El proyecto fue impulsado por el oficialismo como parte de un paquete de reformas en el sistema de justicia, con el objetivo de reducir la llamada "puerta giratoria", un término utilizado para describir la rápida liberación de personas detenidas por delitos repetidos. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esta medida pretende dar más herramientas al Poder Judicial para actuar frente a individuos con antecedentes penales y evitar que "regresen rápidamente a las calles tras cometer delitos".
