A la salida de una de las audiencias por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Departamento de Informaciones D-2 en Mendoza, genocidas amenazaron a manifestantes y familiares de víctimas de la última dictadura militar.
"Agradecé que estoy en cana": el perfil del genocida que amenazó en Mendoza
Julio La Paz Calderón y Armando Fernández son genocidas condenados por delitos de Lesa Humanidad en Mendoza, que están siendo juzgados en contexto del Juicio Departamento de Informaciones D-2. A la salida de una de las audiencias, mientras aguardaban en la calle que los pasaran a buscar para llevarlos a sus casas donde cumplen prisión domiciliaria, se cruzaron con familiares de víctimas de la última dictadura militar. El momento fue filmado por uno de los manifestantes y puede oírse con claridad como uno de ellos, Armando Fernández les grita: "A vos no te tengo miedo. Agradecé que estoy en cana. Montoneros hijos de puta".
El genocida que propicia las amenazas fue condenado por la apropiación de la hija de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano. Armando Osvaldo Fernández Miranda había recibido la pena de 15 años de prisión como coautor de los delitos de retención y ocultamiento de una menor de 10 años, alteración del estado civil de una menor de 10 años y falsedad ideológica de documentos públicos destinados a acreditar la identidad, todos entre sí en concurso ideal.
Ahora, es juzgado junto a otros exmilitares y expolicías, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, torturas y homicidio cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2) durante la última dictadura militar.
El caso Poblete y Moyano
En 2021, se juzgó el caso de la hija de Carlos Poblete y María del Carmen Moyano, quien nació mientras su madre se encontraba detenida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura militar. Ocho días después del parto, la niña fue separada de su madre y entregada al matrimonio compuesto por Armando Fernández Miranda, exoficial de inteligencia de la Policía de Mendoza, y su esposa Iris Yolanda Luffi. La pareja inscribió a la niña como si fuera su hija biológica, utilizando documentos falsificados. Abelardo Garay y Eduardo Smaha Borzuk, dos excolegas de Miranda, firmaron como testigos del nacimiento falsamente registrado.
Genocidas siendo juzgados en contexto del Juicio Departamento de Informaciones D-2.
En el juicio de 2021, Miranda fue condenado a 10 años de prisión, Luffi a 5 años, y Garay a 8 años. Estas penas se basaron en la redacción original del artículo 146 del Código Penal, que establecía una pena de entre 3 y 10 años de prisión para quienes sustrajeran a un menor de 10 años de su entorno familiar.
Sin embargo, en abril de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal, mediante su Sala I, revisó el caso tras un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal. La corte ordenó que se dictara una nueva sentencia, aplicando la ley vigente en diciembre de 2017, cuando la víctima recuperó su identidad, en lugar de la ley en vigor al momento de la sustracción. Los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques anularon la sentencia original y dispusieron que el Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza reevaluara el caso conforme a la Ley 24.410, que desde 1995 elevó la pena por estos delitos a entre 5 y 15 años de prisión. Además, se reafirmó la responsabilidad de los condenados en la comisión de crímenes de lesa humanidad.
