Evidencias de por qué Gildo Insfrán nunca gobernaría Mendoza

"La tarea prácticamente irresoluble consiste en no dejarse entontecer ni por el poder de los otros ni por la propia impotencia"

Theodor W. Adorno, citado por Daniel Innerarity en "La política en tiempos de indignación"

Esta semana la Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente declaró la inconstitucionalidad de la reelección indefinida de Gildo Insfrán, el gobernador peronista de Formosa que lleva casi tres décadas en el poder. El máximo tribunal ha llegado por lo menos veinte años tarde, pero al menos llegó. Una vez más se comprueba que en la democracia argentina, que a veces es de baja intensidad, algunas resoluciones arriban tan demoradas que hasta son de dudosa utilidad. Es raro que la Justicia se meta con alguien que tiene poder político real. En este caso no se trata del propio Insfrán, sino de quienes han medrado, junto con otros puntales, de esta verdadera anomalía para con varias otras provincias mantener el control peronista del Senado nacional. Raúl Alfonsín intentó con el tercer senador torcer esa tendencia que se ha dado desde el 83 hasta hoy, pero no lo logró en la práctica. No es casual que Alberto Fernández declarara que Gildo era un gobernador ejemplar. Tan ejemplar como él en la presidencia. Lo curioso es que las valoraciones en general no son de acuerdo a una vara común sino que cada uno la hace según la suya. Y esto lleva a distorsiones, que sólo se dirimen cuando ya no importa.

Mendoza es una provincia que en el concierto nacional se considera muy institucional. Sin embargo hace un tiempo hay algunos mendocino que se esmeran en verla casi como si fuera Formosa. Para ello recortan datos, imaginan, suponen, no miran el largo plazo y sacan conclusiones universales de anécdotas parciales. Está claro que en un país como la Argentina buscar evidencias y datos ciertos es interés de pocos y una gran mayoría se siente cómodo en sus fantasías, sobre todo porque las urde para sentirse bien personalmente pero la realidad le importa un rábano. También hay pícaros, siempre los hay. La pregunta que cabe hacerse es si vale le pena buscar los datos y contrastarlos o mejor es irse, como Alberto, por la variante que le permitió decir que el formoseño era el gobernador ejemplar. Por supuesto que lo hizo a la par de que le firmaba jugosos cheques para que se siguiera haciendo clientelismo y no se avanzara nada en el bienestar de los formoseños.

La alusión a Mendoza viene a cuento porque se sostienen prejuicios que quizás valga la pena contrastar con datos. Mal que les pese a quienes sostienen que las instituciones mendocinas funcionan como en provincias caudillescas, hay diferencias notables. Y el mérito no es de los dirigentes de los distintos poderes, sino de las instituciones. Porque a lo largo de la historia mendocina múltiples individuos han luchado contra esa voluntad colectiva de preservar el oasis del desierto. Los dirigentes pasan, las instituciones están hace tiempo y siguen. Unos deben adaptarse y las otras se fortifican en la medida en que frenan los intentos de sobrepasarse de algún tentado. Hay ejemplos variados, como la no reelección del gobernador en períodos consecutivos, que está en la Constitución y sólo sucede también en Santa Fe; la posibilidad de una sola reelección de intendentes, que es reciente y hubo quienes la trampearon pero lo pudieron hacer por única vez; la Ley de Ficha Limpia, con resultados concretos y candidaturas abortadas; la Ley de Extinción de Dominio, que ha permitido recuperar bienes mal habidos por la corrupción, recordando que dos ex intendentes justicialistas purgan penas efectivas en cárceles locales; la Ley de Acceso a la Información Pública, entre otras diferencias institucionales notorias que se distinguen en el Oeste argentino y no son muy difundidas en otras latitudes. Todas estas últimas normas se originaron en años recientes. No lo hicieron antes, cuando muchos de los alarmados de hoy tuvieron responsabilidades en distintos poderes del Estado e instituciones públicas.

Vale la pena hacer un repaso documentado de los organismos de control mendocinos para no seguir alimentando visiones falsas. Es claro que con esta distribución quienes conduzcan el poder político no serán nunca caudillos al estilo de otras provincias. Por eso, en Mendoza desde al menos el siglo XIX no hay caudillos, aún cuando han existido liderazgos fuertes.

En el período abierto en 1983 con la gobernación del radical Felipe Llaver hasta la actualidad han pasado cinco períodos del Partido Justicialista y seis del radicalismo, con cinco gobernadores, pues Alfredo Cornejo fue reelegido. Sin olvidar que dejó pasar un período, tal como indica la Constitución, para ser el primer gobernador de la era democrática dos veces votado por sus comprovincianos para ocupar el Sillón de San Martín. Pero lo que llama la atención es que en 41 años de gestiones de esos dos signos políticos, muchas veces con frentes donde también se sumaron otros partidos, en el caso de los fiscales de Estado 26 años han ocupado el cargo los propuestos por el PJ y sólo 15 por la UCR. Con respecto al Asesor de Gobierno, 31 años han sido funcionarios propuestos por el PJ y apenas 10 por la UCR. Otro tanto se da con el Procurador de la Corte, el jefe de los fiscales, 29 años el PJ y 12 la UCR. En cuanto al Tribunal de Cuentas los números son altamente significativos porque desde 1992 hasta estos días, al asumir un nuevo miembro propuesto por la actual gestión, Gustavo Riera, el peronismo ha tenido mayoría en ese organismo clave integrado por un presidente y cuatro vocales.

Una curiosidad es que con estos números elocuentes nunca antes se había oído a los críticos del presente cuestionar nada. ¿Doble vara? Un estudio detallado de la conformación de la Suprema Corte de Justicia muestra bastante equilibrio, a pesar de que el máximo tribunal se debió renovar todo a la salida de la dictadura en la gestión del radical Felipe Llaver. En la publicación "Un tribunal con buenas notas", aparecida en "Diario Judicial" en 2006, se señala que, según un informe hecho por La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Pent Fundación para la Integración de la Argentina en el Mundo, en Mendoza: "‘existen condiciones políticas para el desempeño independiente de la Suprema Corte de Justicia' aunque eso no significa, agrega el trabajo, que ‘no existan conflictos entre los poderes de gobierno o intentos de restringir la independencia del Poder Judicial'. ‘Estos conflictos e intentos pueden existir pero, dadas las condiciones políticas prevalecientes, tienen bajas probabilidades de ser exitosos y no representan un compromiso significativo de la independencia del máximo tribunal'". 

Dicho esto cabe agregar que el peronismo ha tenido dos ministros del Ejecutivo que han ocupado sillones en la Corte, Alfredo Porras y Mario Adaro, y el radicalismo uno, Dalmiro Garay. En el caso de ex legisladores provinciales hubo uno radical, Pedro Llorente y dos del PJ, Carlos Böhm y Julio Gómez. Del resto de los miembros del tribunal, varios han tenido identificación partidaria e incluso afiliación, pero no militancia ni ocuparon cargos en el Ejecutivo o el Legislativo por sus partidos. Tanto en la Corte, como en el resto de los organismos, salvo alguna excepción que fue puesta en evidencia con escándalo, como la destitución de Joaquín de Rosas en la Fiscalía de Estado, los puestos han sido ocupados por personas idóneas y que cumplieron su papel. Lo que se pone a la luz en las enumeraciones dadas es de dónde provenían y esto muestra que a pesar de haber gobernado más tiempo el radicalismo es notoria la mayor incidencia en cantidad de años a cargo que han tenido los funcionarios propuestos por el justicialismo en estos organismos estudiados. 

En un reciente trabajo sobre transparencia en la Argentina, Mendoza fue, junto con CABA, uno de los dos distritos que obtuvo el mayor puntaje. Estuvo al tope del Índice Nacional de Transparencia (INTRA) como una de las dos jurisdicciones de "alta transparencia", según explica el informe: "Los resultados son taxativos: sólo 2 de los 24 distritos subnacionales obtienen más de 70 puntos -en una escala de 100- según el INTRA que releva el nivel de accesibilidad de la ciudadanía a los principales datos oficiales de los estados subnacionales en Argentina a partir de 58 variables." El estudio hecho por las ONG Poder Ciudadano y Ruido se plantea ser "una herramienta para relevar el nivel de acceso ciudadano a datos oficiales de cada Poder Ejecutivo provincial, más CABA."

Siempre es bueno recordar el pensamiento del maestro Dardo Pérez Guilhou para contextualizar los ásperos debates institucionales que cada tanto ponen en jaque la cultura política de la provincia: "El mendocino por naturaleza, ha sido y es, fundamentalmente, un empírico que confía en su prudencia para resolver toda clase de problemas. Por cierto que este empirismo no constituye un puro oportunismo inmoral. Por el contrario, sujeta su conducta a grandes principios guiadores, pero siempre rehúye a lo exageradamente ideológico o reglamentarista. Su pragmatismo le enseña que, con pocas normas fundamentales, que respondan a buenos principios, nunca demasiado revolucionarios, puede desarrollar seguro su accionar, y, en los casos poco claros, la buena y circunstancial conveniencia lo guiará para deslindar lo complicado".

En momentos en que el país discute temas institucionales de alto voltaje, como la designación de un juez muy cuestionado como Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia, la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el freno de la Ley de Ficha Limpia, o el no trato en el Congreso del Presupuesto nacional, por sólo enumerar algunos, es interesante analizar ejemplos virtuosos. Los datos son contundentes en lo provincial y en lo nacional. Lo que sería muy interesante debatir con apertura y respeto son las dobles varas que se aplican para transitar estas discusiones. Hay un dato inobjetable. Cuando la vara es alta, en cualquier orden de la vida, se mejora. Cuando la vara es doble, en función de intereses subalternos, tarde o temprano se empeora.

El gran secreto sería poner foco en los casos como Gildo Insfrán y mejorar institucionalmente para que no sucedan. Hacerlo con más celeridad, para que no le llegue la justicia después de treinta años. Y también dejar de perder el tiempo con oportunismo advirtiendo sobre lo que nunca sucederá porque la solidez institucional lo evitará. No es fácil.

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