Durante el tiempo en el que estuvo retenido en una playa de San Rafael, el vehículo sufrió daños considerables. Tuvieron que pagarle a la dueña más de 2 millones de pesos.
El Gobierno tuvo que indemnizar a la dueña de un auto secuestrado
Una historia que inició con un procedimiento vial y terminó con una indemnización por parte del Estado revela las falencias del sistema de secuestro vehicular en Mendoza. El Gobierno tuvo que desembolsar 2.637.823 pesos para compensar los daños ocasionados a un auto mientras estuvo retenido en la playa de secuestros "San Cristóbal" de la Policía, en la ciudad de San Rafael.
La historia tiene como protagonista a Elena Silva, propietaria de un Renault Megane, modelo 1998. El vehículo fue secuestrado por las autoridades como parte de un procedimiento vial, aunque el decreto que resolvió el conflicto no especifica los motivos puntuales del secuestro inicial. Lo que sí se sabe es que el automóvil terminó sufriendo daños severos debido a un manejo negligente en la playa.
Según consta en la Carta Documento enviada por Silva al Juzgado Vial Zona Sur, el Renault Megane fue depositado debajo de otros vehículos, en un lugar inapropiado. Esta situación generó deterioros importantes, cuya magnitud fue posteriormente constatada por un escribano público. No solo el estado del rodado evidenciaba el maltrato, sino que los reclamos iniciales de la dueña fueron desestimados en primera instancia por las autoridades a cargo de la playa.
Un Renault Megane modelo 1998. Imagen de referencia.
El auto estuvo retenido alrededor de un año, entre 2021 y 2022, cuando se realizó un presupuesto de reparación en un taller mecánico local. El tiempo prolongado de retención, sumado a la falta de medidas de cuidado básicas, contribuyó a que el daño fuera de tal magnitud que las reparaciones incluyeron pintura, materiales y mano de obra especializada, según el presupuesto presentado ante el Ministerio de Seguridad.
Ante la negativa inicial, la mujer exigió, mediante la mencionada Carta Documento, que se le resarcieran los gastos necesarios para reparar el auto, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. Además, solicitó que se abriera una investigación administrativa contra los funcionarios responsables de la playa de secuestros "San Cristóbal".
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El reclamo prosperó a través de un procedimiento regulado por la Ley N° 9234, que habilita acuerdos transaccionales entre el Estado y particulares siempre que resulten convenientes para las arcas públicas. Tras la intervención de la Comisión Valuadora General de la Provincia, se determinó el monto que el Gobierno debería pagarle a Silva: un total de 2.637.823 pesos, compuesto por 828.020 pesos en concepto de capital y 1.809.803 pesos en intereses acumulados por el tiempo transcurrido desde el inicio del conflicto.
El acuerdo fue finalmente homologado mediante el Decreto N° 2373, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, María Mercedes Rus, el 19 de noviembre de 2024.
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