Un artículo publicado por el prestifioso medio The Economist resalta las consecuencias que podría enfrentar la Corte Penal Internacional tras su decisión de pedir el arresto del presidente israelí.
Orden de arresto para Netanyahu: la CPI en la mira de Estados Unidos
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió un fallo que sacudió los cimientos de la política internacional: el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, han sido formalmente acusados de crímenes de guerra. Las órdenes de arresto, anunciadas este jueves 21 de noviembre, están vinculadas a su presunta responsabilidad en la ofensiva militar de un año en Gaza contra Hamas, en la que se les señala por dirigir ataques contra civiles y utilizar el hambre como arma de guerra.
La decisión, solicitada por el fiscal de la CPI, Karim Khan, en mayo, marca la primera vez que funcionarios israelíes enfrentan acusaciones de esta magnitud ante un tribunal internacional. El panel de jueces concluyó que existen "motivos razonables para creer" que se cometieron los crímenes imputados, reforzados por la crisis humanitaria en Gaza, donde las Naciones Unidas han advertido sobre una hambruna inminente.
El fallo, inédito, pidió la detención de Netanyahu
Aunque la CPI es una corte de última instancia, que interviene solo cuando los tribunales nacionales no actúan, los jueces señalaron la inacción del gobierno israelí como un factor clave en su decisión. Netanyahu, pese a recibir recomendaciones de formar una comisión estatal para investigar los hechos, optó por no tomar medidas concretas.
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Israel, que no es miembro de la CPI, ha rechazado categóricamente la jurisdicción de la corte. Sin embargo, Palestina, de la cual Gaza forma parte, es signataria del Estatuto de Roma, otorgando a la CPI autoridad para investigar crímenes cometidos en ese territorio.
Un análisis del periódico The Economist, destaca que la emisión de estas órdenes no solo aísla políticamente a Netanyahu y Gallant, sino que también restringe su capacidad de viajar a los 124 países que son miembros de la corte, incluidos muchos aliados clave de Israel. En Europa, el jefe de política exterior, Josep Borrell, afirmó que la decisión es vinculante para todos los Estados miembros de la Unión Europea.
Sin embargo, Estados Unidos, que tampoco es miembro de la CPI, ha adoptado una postura crítica. Mientras la administración de Joe Biden expresó su continuo apoyo a Israel, los principales líderes republicanos, encabezados por el futuro asesor de seguridad nacional Mike Waltz, han prometido sanciones contra la CPI, calificando las órdenes como un acto "sesgado" y "antisemita".
En Israel, el fallo generó reacciones airadas de todo el espectro político. Netanyahu calificó la acusación como un "juicio Dreyfus moderno", mientras que sectores más moderados lamentaron el daño a la imagen internacional del país. Por otro lado, la decisión también reaviva tensiones dentro de Estados Unidos, dividiendo a los demócratas y encendiendo los ánimos en la transición hacia la administración de Donald Trump.
La histórica decisión de la CPI representa un golpe simbólico que trasciende los tribunales, exponiendo las profundas fracturas en torno al conflicto en oriente medio y poniendo a prueba los límites del sistema judicial internacional que, luego de esta decisión, deberá enfrentar severas críticas.
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