En unos días, habrá reunión de trabajo en la OEA por una medida cautelar que pesa contra el Estado Argentino por el estado de las cárceles de Mendoza. Es un proceso que surgió en 2014 y que el gobierno apunta a cerrar en breve, sin sanciones.
En Washington se define una demanda que afecta directamente a Mendoza
El próximo miércoles 13 de noviembre, en el 1889 de F Street NW de Washington D.C., sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), se llevará a cabo una reunión de trabajo entre representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Estado argentino y de la Provincia de Mendoza por la medida cautelar "MC-35-14", que surgió hace 10 años por el estado de las cárceles Almafuerte y San Felipe.
"Tengo el honor de dirigirme a usted a fin de poner en su conocimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido convocar a las partes a reuniones de trabajo de oficio durante el próximo período de sesiones, para tratar cuestiones vinculadas con los asuntos que se detallan más abajo: MC-35-14", dice la comunicación que llegó a Cancillería y a la Provincia de Mendoza, firmada por Fernanda dos Anjos, coordinadora de la Sección de Medidas Cautelares.
Por el Gobierno de Mendoza aún no está definido quién viajará, mientras que por los "peticionantes" -quienes denunciaron la situación de las cárceles en 2014- está confirmada la presencia de Carlos Varela Alvarez, responsable de aquel hábeas corpus que dio origen al proceso en la CIDH. Un año después de recibir aquella denuncia, en 2015, se emitió la mencionada medida cautelar.
En la previa, al menos hubo un encuentro entre el Poder Ejecutivo y los peticionantes, en el que participó el gobernador Alfredo Cornejo. Y esta semana, a días de la reunión en Washington, hubo un recorrido conjunto por las cárceles. La idea del gobierno es llegar a EEUU la semana que viene con un pedido formal de levantamiento de la cautelar, con el apoyo de Varela Alvarez, aunque desde el entorno del abogado no terminaron de confirmarlo.
Desde el gobierno explicaron que el miércoles 13 de noviembre, en la reunión convocada para las 12.00 hora local (14.00 de Argentina), "expondremos los avances en materia penitenciaria y se solicitará el levantamiento de la cautelar", y por el momento no tienen definido quién será el encargado de entregar ese pedido o, en otras palabras, qué funcionario viajará a Washington D.C.
Ver más: Elecciones en EEUU: 5 cosas que en Argentina serían ridículas
La permanencia en el tiempo de una medida cautelar de la CIDH compromete al Estado argentino a tomar determinadas acciones para revertir la situación, pero también tiene otras implicancias. "Por ejemplo, si eventualmente el Ministerio de Seguridad quiere comprar pistolas Taser para reprimir un eventual motín carcelario, si tenés una medida cautelar vigente en contra, se te complica, además de la presión internacional", explicó una fuente del gobierno al Post.
El origen de la medida cautelar
El 1 de enero de 2014, Varela Alvarez presentó una solicitud de medidas cautelaras ante la CIDH para que requiera a Argentina que proteja la vida e integridad de los presos en los centros penitenciarios de Mendoza, especialmente Almafuerte, San Felipe y Boulogne Sur Mer (luego se sacaría a Boulogne Sur Mer de la lista), ya que se encontrarían en riesgo por hechos de violencia recurrente, falta de atención médica, hacinamiento y malas condiciones de salubridad.
Desde aquel momento y hasta mediados de 2015, la CIDH recibió información sobre 5 personas fallecidas, 4 heridas y 3 suicidios en Almafuerte, y alrededor de 7 supuestos hechos de violencia en San Felipe, en los cuales habrían resultado 3 personas fallecidas y 27 heridas. Los solicitantes, además, alegaron torturas, malos tratos y presuntas prácticas de aislamiento. "La comisión toma nota de un supuesto contexto de retaliación en contra de los internos que denuncian su situación vía interna", agregó la CIDH al justificar la medida cautelar en la que se dejó afuera la situación de Boulogne Sur Mer.
En el documento original, la CIDH remarcó que ante la crítica situación del penal Almafuerte en materia de seguridad y salubridad, "algunos internos habrían optado por autolesionarse a fin de recibir tratamiento médico o como mecanismo para ser escuchado por las autoridades penitenciarias". Además, al momento de dictar la medida cautelar, la Comisión tuvo en cuenta los antecedentes de Mendoza, incluidas las sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de la década del 2000 e incluso las torturas de San Felipe que salieron a la luz en 2010.
Esta nota habla de:
