A un año del incendio de la playa San Agustín, el Gobierno de Mendoza licitará la limpieza y gestión de estos lugares, hasta ahora manejados por efectivos policiales. La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, aseguró que el costo se autofinanciará con la compactación de los vehículos no reclamados.
Más de $13 mil millones para liberar a la Policía de las playas de secuestro
El Gobierno de Mendoza liberará a la Policía de la gestión de las playas de secuestro, a más de un año del incendio de la playa San Agustín en Ciudad. Para esto, el Ejecutivo destinará más de $13 mil millones en un lapso de diez años, aunque aclararon que esto no implicará un gasto extra, ya que será solventado con lo que se obtenga de la compactación de los vehículos no reclamados.
La medida salió publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí, se estableció la "contratación del servicio de gestión integral y descontaminación de las playas de secuestros" por esa suma, teniendo en cuenta que, según el documento, el Ministerio de Seguridad desembolsa más de $1.700 millones de pesos por año "solo en recurso humano".
En los considerandos, el decreto establece que la acumulación de vehículos en las playas "se ha agravado" en los últimos 50 años. "Esto ha generado una situación compleja en las playas, con vehículos que exceden la capacidad de almacenamiento, afectando su gestión eficiente".
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Por otro lado, agrega que la gestión de las playas estaba en manos de la Policía, "lo que distrae de las funciones operativas y preventivas a más de 100 policías por día".
"El Estado no pone nada, se autofinancia este sistema justamente con la compactación de aquellos vehículos que no tienen un tercero que los reclame, y entonces aquel privado que asuma esta gestión va a cobrarse de esa compactación. Nosotros aquí llevamos compactados cerca de 2.300 toneladas, es decir, hay un flujo como para compactar", destacó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
El histórico incendio en la playa San Agustín
El 16 de septiembre de 2023, la totalidad de la playa San Agustín, ubicada en el oeste de la Ciudad, ardió. Esto incluye autos, camionetas, motos y demás vehículos. Hubo pérdidas totales dentro del predio, que consta de ocho hectáreas. Incluso, 14 familias perdieron sus casas.
En aquel momento, los policías encargados de custodiar el lugar fueron investigados. Si bien no habían tenido participación, se concluyó que hubo omisión en el cumplimiento de sus funciones.
A meses del hecho, el Gobierno anunció que compactaría y retiraría los vehículos acumulados en las distintas playas de secuestros, un plan que busca a largo plazo terminar con estos lugares.
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