El Gobierno envió un proyecto a la Cámara de Diputados y propone transferir las funciones del EPAS al Departamento General de Irrigación. En qué consiste la propuesta.
Buscan disolver el EPAS y que Irrigación controle agua y saneamiento
El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de Ley que tiene como objetivo llevar adelante la disolución del Ente Provincial del Agua y de Saneamiento (EPAS) y transferir la asignación de las funciones de regulación, protección de los derechos de los usuarios y control de los servicios de agua potable y cloacas, al Departamento General de Irrigación.
En el proyecto se detalla que el Departamento General de Irrigación "interviene activamente en la asignación del recurso hídrico, tiene presencia permanente en el territorio", y "cuenta con una estructura institucional y de profesionales idóneos".
Desde el gobierno consideran que el DGI como ente regulador se fundamenta en su sólida trayectoria en la gestión de recursos hídricos, su "profundo conocimiento del territorio mendocino y su capacidad técnica para abordar los desafíos del sector".
Además, la institución cuenta con una extensa red de infraestructura y personal especializado, lo que permitirá optimizar los procesos y reducir costos.
Irrigación se haría cargo de las funciones del EPAS.
Por otro lado, se apunta que "resulta necesario contar con un nuevo marco normativo que distribuya y asigne funciones en materia del servicio público de agua potable y saneamiento de acuerdo a la actualidad del sector, basado en un enfoque integral que abarque las diferentes modalidades de prestación de servicios en la provincia de Mendoza".
Qué dice el proyecto
El proyecto de Ley propone una reestructuración en la regulación del sector del agua en Mendoza, adaptada a los desafíos del cambio climático y el crecimiento poblacional.
Para ello, establece un nuevo marco normativo que permitirá al Departamento General de Irrigación (DGI) tener un rol más activo, no solo en la administración, sino también en la fijación de tarifas y el control de la calidad del servicio. Según el proyecto, el DGI "atenderá a objetivos económicos, sociales y ambientales", garantizando el acceso al agua potable y el saneamiento adecuado para los mendocinos.
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Además, se busca que las tarifas reflejen no solo los costos de operación y mantenimiento, sino también las inversiones necesarias para la expansión del sistema y la renovación de la infraestructura. Irrigación también tendrá la función de elaborar planes estratégicos a largo plazo que promuevan el desarrollo sostenible del sector y que respondan a las necesidades crecientes de la población.
Por otro lado, el proyecto también incentiva la participación ciudadana mediante audiencias públicas y mecanismos de consulta, lo que garantiza la transparencia en la toma de decisiones.
El Gobierno propone que Irrigación implemente un sitio web donde los usuarios puedan acceder a información relevante, como el marco normativo del servicio, resoluciones de los organismos de control, y un espacio para reclamos o sugerencias. Este enfoque busca fomentar una mayor interacción entre los usuarios y las autoridades, facilitando el control social sobre el servicio de agua potable y saneamiento.
Además de las obras, Irrigación estará a cargo de las funciones del EPAS.
Por último, se plantea la transferencia del patrimonio y del personal del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). El proyecto ofrece al personal distintas alternativas.
Por un lado, "una incorporación voluntaria al Ente Regulador o al operador Agua y Saneamiento Mendoza SAPEM, siempre que ello se ajuste a las necesidades de la entidad y medie aceptación expresa por los interesados. A los efectos, se tendrá en consideración la capacitación y las funciones desarrolladas en el Ente Provincial del Agua y de Saneamiento y la idoneidad para las actividades que desarrollará".
La otra opción será la de "optar por aceptar la reubicación en otra dependencia de la Administración Pública Provincial, en el caso de ser posible y en la medida que se manifieste esa necesidad, o en su defecto una desvinculación y cese laboral debidamente indemnizada".
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