El reconocido abogado y su equipo confirmaron que iniciaron los trámites de matriculación en Mendoza y que en breve asumirán oficialmente la defensa del matrimonio que gobernó Las Heras.
En detalle: las causas contra Orozco y Ortiz, defendidos ahora por Burlando
El abogado Fernando Burlando confirmó este lunes que, ni bien concluyan los trámites de matriculación en Mendoza, él y su equipo asumirán la defensa del exintendente de Las Heras Daniel Orozco y su esposa y exsecretaria de Gobierno, Janina Ortiz, imputados en causas de corrupción y coacción. Este trámite, según el penalista, demandaría alrededor de 10 días.
Tras una breve exposición de su equipo de trabajo en el hotel Hualta, Burlando reiteró algunos conceptos que había dejado en su primera incursión a Mendoza, meses atrás: consideró que habría una "motivación política" detrás de las causas judiciales, pero volvió a dejar de lado al gobernador Alfredo Cornejo, a quien sus clientes Orozco y Ortiz han apuntando permanentemente. En este sentido, el abogado volvió a hacer mención a "segundas o terceras líneas".
Claro está que Burlando reiteró una y otra vez que sus defendidos son inocentes y agregó que "con Janina Ortiz no se tuvo en cuenta la perspectiva de género". En principio, el abogado deberá defender a su clienta en una causa donde está imputada por coaccionar a otra mujer para que tenga relaciones con un exfuncionario y lo grabe, además del expediente por "cooperativa fantasma" donde hay un avoque del fiscal en contra de la esposa de Orozco que, además, es investigada por posible encubrimiento de una violación en un edificio municipal.
Fernando Burlando, este lunes al mediodía en el Centro de Mendoza.
En el caso de Orozco, está imputado por peculado -apropiación indebida o malversación de fondos o bienes públicos- en la causa "cooperativa fantasma" en la que el exintendente, su esposa y un grupo de funcionarios habrían desviado millones de pesos del municipio a través de una cooperativa que ellos mismos "reactivaron" para asignarle trabajos de limpieza que no se habrían realizado.
Una por una: las causas en las que Burlando deberá defender a Orozco y Ortiz
1- "Cooperativa fantasma". Esta causa judicial se nutrió de una investigación del Post (ver aparte) sobre cómo la Municipalidad de Las Heras, bajo la gestión de Orozco y Ortiz, usó cooperativas que no registraban movimientos para contratar servicio de limpieza durante la pandemia (y después también), por el que pagaban suculentas sumas de dinero.
La Fiscalía de Delitos Económicos centró la causa judicial sólo en una de esas cooperativas mencionadas en el informe del Post: "Manos a la Obra". Durante la investigación, se detectó que a través de dos contrataciones directas y dos licitaciones le habían transferido de manera irregular cerca de $40 millones (al tipo de cambio de ese momento equivaldría a 200.000 dólares), con la participación de tres actores clave: Orozco, Ortiz y Osvaldo Oyhenart, ex subsecretario de Políticas Sociales.
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Orozco y Oyhenart ya fueron notificados de la imputación por "peculado en cuatro hechos en concurso real", por las 2 licitaciones y 2 contrataciones directas adjudicadas a la cooperativa "Manos a la Obra". El mismo delito le cabría a Ortiz, pero el fiscal Juan Ticheli aún no puede notificarle la imputación porque está pendiente uno de tantos recursos de nulidad que presentó ante la Suprema Corte.
En la misma causa, fueron imputados por "partícipes necesarios" el yerno de Oyhenart, Juan Pablo Pandolfi; el dirigente del PRO y exfuncionario municipal Matías Mostaccio, el ex subcontador Daniel Herrera; y el presidente de la cooperativa fantasma y puntero político, Adrián "Moco" Pérez.
Daniel Orozco y Janina Ortiz.
Pandolfi y Mostaccio habrían sido los encargados de regularizar o "blanquear" la cooperativa Manos a la Obra ante ATM, INAES, AFIP y otros organismos del Estado por orden de Orozco. Herrera habría gestionado la cuenta bancaria de la cooperativa en Supervielle. Y Pérez, además de figurar como presidente de la entidad, habría sido uno de los que falsificó las planillas de cumplimiento de los servicios.
Al mismo tiempo, imputaron a Oyhenart y "Moco" Pérez por "uso de documento público falso" en 16 hechos en concurso real, por la presentación de las planillas con firmas falsas, en la prestación de servicios que nunca se llevaron a cabo. Una vez que se resuelva el recurso de la defensa ante la Corte, por este mismo delito será imputada Janina Ortiz.
A otros exfuncionarios de Orozco también se los imputó por "peculado culposo": es decir, no habrían tenido la intención de cometer ese delito. Esto cabe para Mauricio Valle, exdirector de Suministros; Carlos Nofal, exsecretario de Hacienda; Mauro Homan, aún secretario Legal y Técnico de la comuna; Leandro Tassi, de Contaduría, al igual que Javier Tolín; y Patricia Díaz, exdirectora de Tesorería.
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2- "Coacción". A diferencia de la causa "cooperativa fantasma", Janina Ortiz sí fue notificada de la imputación por amenazas coactivas, acusada de haber obligado a una empleada municipal a tener relaciones sexuales con un subsecretario, grabarlo y entregarle ese audio para tener control sobre el funcionario en cuestión. De todas maneras, entre el avoque del fiscal y la notificación de la imputación, pasó un año en el que la defensa presentó múltiples recursos de nulidad.
Entre agosto y septiembre de 2022, Ortiz habría amenazado a una empleada municipal para que tenga relaciones sexuales con el funcionario Osvaldo Oyhenart y lo grabara. De los testimonios que surgen del expediente, Ortiz amenazó a la empleada municipal a través de una compañera, todo de manera verbal: tenía que mantener relaciones sexuales con el funcionario, debía hacerlo "hablar de todo" y grabar esa conversación, todo bajo la amenaza de que si no lo hacía, ambas se quedarían sin trabajo: la destinataria del mensaje y la intermediaria, amigas entre sí. Con ese audio en su poder, Ortiz tendría absoluto control sobre Oyhenart.
Patricia Rivero y Janina Ortiz.
También están imputadas por coacción agravada por uso de arma de fuego Patricia Alejandra Rivero, mano derecha de Ortiz en la Secretaría de Gobierno de Las Heras, y la hija de ésta, Dana Carolina Murúa, también funcionaria en ese entonces.
Rivero y Murúa habrían "negociado" la entrega del audio que las dos empleadas municipales estaban reteniendo. Habría existido una reunión en la casa de Rivero en abril de 2023 en la que madre e hija habrían sacado un arma de un mueble, proyectiles, y habrían exigido a las denunciantes la entrega del audio.
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3- "Violación". Hay una tercera causa en la que se investiga la posible participación de Ortiz: la presunta violación de una joven en un edificio municipal, causa en la que está imputado el exfuncionario Franco Cortez como autor del presunto abuso sexual.
La denunciante declaró en sede penal que Cortez, quien era coordinador de Juventudes, abusó de ella en el baño de un Centro Integrador Comunitario (CIC) de Las Heras, y que le contó lo sucedido a Janina Ortiz, quien le habría sugerido que haga silencio y le habría dicho que ella confiaba en Cortez porque era pareja de una amiga, Romina Martínez.
Franco Cortez y Janina Ortiz.
A diferencia de las otras dos causas, en este expediente por el momento no hay avoque de imputación contra Ortiz ni contra otros sospechosos de posible encubrimiento de abuso sexual.
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