El Gobierno reglamentó el RIGI y ya está vigente

El Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones ya está vigente en Argentina y se espera que atraiga proyectos millonarios.

El Gobierno reglamentó el RIGI y ya está vigente

Editó: Ana Montes de Oca

Este viernes, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la reglamentación del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones  (RIGI), un programa que promete cambiar las reglas del juego para las empresas que deseen realizar grandes inversiones en el país. A través del decreto 749/2024, el Poder Ejecutivo dio forma a un programa que busca atraer capitales con incentivos claros y un marco de seguridad jurídica para proyectos de gran envergadura.

El RIGI está diseñado para ofrecer un entorno favorable a inversiones de gran escala, asegurando a las empresas beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. No obstante, el programa está reservado exclusivamente para proyectos de inversión superiores a los USD 200 millones. 

La reglamentación establece que las empresas interesadas tendrán dos años para adherirse al programa, con la posibilidad de una extensión adicional de un año por decisión del Poder Ejecutivo.

El RIGI apunta a proyectos petroleros, mineros y de gran infraestructura

Uno de los aspectos clave del RIGI es que se dirige a sectores estratégicos de la economía argentina. Entre los beneficiados se encuentran la forestoindustria, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía y el sector de petróleo y gas. Sin embargo, las inversiones en petróleo y gas destinadas a transporte y almacenamiento deberán superar los USD 300 millones, mientras que las destinadas a exploración y explotación tendrán que ser mayores a USD 600 millones.

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El RIGI ofrece una serie de ventajas que lo convierten en una opción atractiva para los inversores. En materia impositiva, los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU) gozarán de una reducción del Impuesto a las Ganancias al 25%. Además, se habilitará la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, y se permitirá la transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos en los primeros cinco años. También se contempla la devolución de saldos a favor del IVA en un plazo no mayor a tres meses, y el cómputo del 100% del impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.

En el ámbito aduanero, los VPU adheridos al RIGI estarán exentos del pago de Derechos de Importación para la adquisición de bienes de capital, repuestos, partes e insumos. Las importaciones temporarias también estarán libres de derechos de importación, tasa de estadística y otros regímenes de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales.

El decreto establece además una exención de derechos de exportación durante los primeros tres años del proyecto, lo que implica que no habrá retenciones. Esto se complementa con incentivos cambiarios que limitan la obligación de liquidar divisas en el mercado de cambios a un 20% luego de dos años, un 40% después de tres años, y un 100% a partir de los cuatro años.

El RIGI en Detalle: Plazos y Condiciones

Uno de los puntos más relevantes de la reglamentación es el manejo de las fechas clave para el cumplimiento de los beneficios. La "fecha de puesta en marcha" del VPU, que determina el inicio de varios incentivos, será la primera que ocurra entre la fecha de la primera exportación del producto principal del proyecto o la fecha en que se complete el 40% del monto mínimo de inversión en activos computables.

Por otro lado, se clarificaron las situaciones que podrían llevar al cese de los beneficios del RIGI. Las causas incluyen la finalización del proyecto por fin de su vida útil, la quiebra del VPU, la baja voluntaria solicitada por la empresa, o el cese como sanción por infracción al régimen. En caso de quiebra, el cese de derechos e incentivos será retroactivo a la fecha de la sentencia original, siempre que esta se encuentre firme.

Además, las empresas que deseen solicitar la baja voluntaria del RIGI podrán hacerlo en cualquier momento, y la Autoridad de Aplicación tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles administrativos para aprobar la solicitud.

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