Esta semana, tras el receso de invierno, ingresará a la Cámara de Diputados un proyecto de declaración que pedirá un tratamiento similar para detenidos por delitos de lesa humanidad y aquellos funcionarios condenados por hechos de corrupción.
El proyecto mendocino que busca "igualar" a represores con corruptos
Esta semana ingresará a la Legislatura un proyecto de declaración del diputado Gustavo Cairo (LLA) para solicitar que tal como sucede con los represores, los funcionarios condenados por hechos de corrupción no puedan acceder a la prisión domiciliaria ni siquiera pasando los 70 años de edad.
El momento en el que se dará este debate en la Legislatura de Mendoza parece no ser casual: será días después de que se hiciera pública la reunión de diputados de La Libertad Avanza, mismo partido que adoptó recientemente Cairo, con represores condenados a perpetua, con Alfredo Astiz a la cabeza.
"La Cámara de Diputados de Mendoza vería con agrado que el Congreso de la Nación modifique el artículo 10 del Código Penal de la Nación, al efecto de que los funcionarios públicos que fueren condenados por corrupción, deban cumplir prisión efectiva, aún después de cumplidos los 70 años de edad", dice el proyecto.
Además, solicita también al Congreso que "los ex Presidentes y ex Vicepresidentes de la Nación, pierdan toda asignación de privilegio, cuando hayan sido condenados por alguno de los delitos contra el erario público tipificados en el Código Penal de la Nación".
Si bien no lo menciona el texto, este reclamo estaría fundado en la situación de la expresidenta Cristina Kirchner: llegado el caso de que la condena que tiene en su contra, y posiblemente algunas más, sean ratificadas en las sucesivas cámaras revisoras, nunca iría a la cárcel ya que por la edad gozaría del beneficio de prisión domiciliaria.
Entre los argumentos formales de esta solicitud, se destaca: "Un alto funcionario público, a quien se le hubiere comprobado un accionar corrupto y condenado, que no cumple efectivamente la condena, si no que se le concede el beneficio de la prisión domiciliaria, no satisface el sentido de Justicia de la población, que pide un cumplimiento efectivo de las condenas, especialmente cuando se trata de este tipo de delitos".
Este tipo de proyectos que en este caso tratará la Cámara de Diputados no tienen un efecto inmediato: es una declaración y además las provincias no tienen injerencia en el Código Penal. Por el contrario, es un pedido que busca instalar un tema y que los diferentes bloques sienten postura al respecto.
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