Casi un año después del avoque de imputación, finalmente Janina Ortiz no tuvo escapatoria y terminó presentándose ante el fiscal este miércoles, quien le notificó su situación procesal. Hay otras dos imputadas.
Quién es quién en la causa en la que fue imputada Janina Ortiz
Este miércoles, el fiscal Gabriel Blanco imputó formalmente a Janina Ortiz en la causa por coacción por el delito de "amenazas coactivas". A la exsecretaria de Gobierno de Las Heras y suspendida diputada de La Unión Mendocina se la acusa de obligar a una empleada municipal a tener relaciones sexuales con un funcionario y grabarlo, una metodología que habría usado la esposa de Daniel Orozco para tener bajo presión a los integrantes de la gestión.
En esta causa, el fiscal había firmado el avoque de imputación hace casi un año contra Ortiz y dos funcionarias que le respondían. A diferencia de la jefa, que presentó sucesivos recursos de nulidad y demoró todo el proceso en su contra, las restantes acusadas -las exfuncionarias Patricia Rivero y Carolina Murúa, madre e hija- fueron imputadas rápidamente por "coacciones agravadas". Habrían sido ellas las que amenazaron a la denunciante y una amiga para que les entregaran el audio con el ex subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart.
Además de estas tres imputadas, en la causa "coacción" hay dos denunciantes: la empleada municipal que grabó el audio y una compañera de trabajo a la que Ortiz le habría dado la orden para que presuntamente su amiga tenga un encuentro íntimo con el funcionario y lo grabara.
Quién es quién en la causa "coacción"
Janina Ortiz: la exsecretaria de Gobierno de Las Heras, entre agosto y septiembre de 2022, habría amenazado a una empleada municipal para que tenga relaciones sexuales con el funcionario Osvaldo Oyhenart y lo grabara. De los testimonios que surgen del expediente, Ortiz le envió este mensaje a la empleada municipal a través de una compañera, todo de manera verbal: tenía que mantener relaciones sexuales con el funcionario, debía hacerlo "hablar de todo" y grabar esa conversación, todo bajo la amenaza de que si no lo hacía, ambas se quedarían sin trabajo: la destinataria del mensaje y la intermediaria, amigas entre sí.
Patricia Alejandra Rivero: mano derecha de Janina Ortiz en la Secretaría de Gobierno de Las Heras: era directora de Relaciones con la Comunidad. Según la tesis de la fiscalía, Rivero habría "negociado" la entrega del audio que las dos empleadas municipales estaban reteniendo mientras presuntamente eran amenazadas. Habría existido una reunión en la casa de Rivero en abril de 2023 en la que finalmente le entregaron el audio, bajo aparente amenaza: la mujer habría mencionado el caso de María Soledad Morales a las denunciantes. Fue imputada por "coacción agravada" en julio del año pasado.
Dana Carolina Murúa: hija de Rivero y exfuncionario de Las Heras, también bajo la órbita de Ortiz: era Supervisora de Relaciones con la Comunidad. En el encuentro en la casa de Rivero, madre e hija habrían sacado un arma de un mueble, proyectiles, y habrían exigido a las denunciantes la entrega del audio. Formalmente, el año pasado Rivero y su hija Murúa fueron imputadas por el delito de "coacciones agravadas por el uso de arma".
R.M.: es la empleada municipal que grabó el audio de 26 minutos camino a un hotel alojamiento, y dentro de éste, con un funcionario bajo presunta coerción de Ortiz, Rivero y Murúa. A su vez, denunció las amenazas, incluso con un arma de fuego.
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S.G.: es la empleada municipal a la que Janina Ortiz le habría dado las instrucciones para que R.M. grabe al funcionario y le entregue el audio bajo amenaza de despedirlas a ambas. También estuvo en la causa de Rivero cuando bajo amenazas con arma de fuego, les exigen la entrega del audio. Además, S.G. denunció al exfuncionario Franco Cortez por violación en un edificio municipal, por lo que el joven está imputado. En esta última causa, Janina Ortiz podría ser imputada por "encubrimiento".
Osvaldo Oyhenart: ex subsecretario de Políticas Sociales, sería el funcionario al que grabó R.M. en un hotel alojamiento. No está imputado en la causa por coacción, pero sí tiene una imputación por "fraude a la administración pública" en el expediente "cooperativa fantasma": parte del audio lo delata, lo que dio origen a la investigación del Post y la causa judicial.
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