Se trata de una causa por abuso de autoridad de los líderes piqueteros sobre personas vulnerables. Abarca malversación de fondos y exigencias fuera de lo establecido.
Estos son los dirigentes sociales comprometidos por extorsión
En las últimas horas se conoció un escándalo en torno a los principales dirigentes piqueteros del Polo Obrero y del Frente de Organizaciones en Lucha.
Los líderes de esos movimientos populares han quedado entramados en una causa judicial por malversación de fondos del Estado, maniobras impúdicas, extorsivas y esclavizantes, que los referentes ejecutaban en contra de los "peones", haciendo abuso de autoridad y aprovechándose de la vulnerabilidad y necesidad de dichas personas.
Los líderes señalados responden políticamente a organizaciones que formaron parte del gobierno de Alberto Fernández, y ahora del gobernador Axel Kicillof, como Barrios de Pie. Los personajes señalados fueron investigados en muchas ocasiones y sus apellidos aparecen en decenas de expedientes, pero las causas siempre fueron encajonadas o frenadas.
Se trata de dirigentes políticos y sociales que estaban de los "dos lados del mostrador" a la hora de realizar las maniobras, es decir, por un lado, entregaban a través del Estado, en este caso del Ministerio de Desarrollo Social, planes sociales, como el Potenciar Trabajo, y alimentos, comida, a los sectores más vulnerables; y por el otro, ellos mismos los recibían y administraban desde las cooperativas, comedores y merenderos que formaban parte de esas organizaciones y movimientos sociales que, además, formaban parte de partidos políticos como el Frente de Todos (devenido en Unión por la Patria), y por el otro lado, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.
Tal como lo afirma el periodista Andrés Klipphan en el portal Infobae, cada uno de estos líderes tiene peso propio y son las cabezas de cada una de las organizaciones mencionadas o que no fueron nombradas pero formaron parte del manejo multimillonario que el gobierno Fernández destino a los programas sociales, de los cuales hizo su bandera y que administró a través de sus tres ministros de Desarrollo Social: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
Esos actores son los 27 imputados en el expediente que salvo en un par de casos, son piqueteros y punteros de tercer nivel en la estructura que devela la trama oscura a través de la cual se habrían desviado cientos de miles de millones de pesos para hacer política, pero que es sostener ese grado de impunidad si los jefes de esas estructuras no daban el visto bueno.
En los fundamentos de la fiscalía para solicitar las detenciones allanamientos e indagatorias destaca "la gravedad institucional que revisten los hechos investigados, por cuanto se habría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fueron desviados del destino presupuestario que les correspondía y, en vez de aplicarse a la ayuda de las personas de alta vulnerabilidad social, fueron utilizados como vehículo coactivo por parte de los aquí acusados quienes, a la hora de transmitir a las víctimas sus exigencias coactivas y extorsivas, paradójicamente invocaban como consigna precisamente la ‘lucha' en defensa de los más necesitados; pero en los hechos obtuvieron un lucro indebido a costa de dichas necesidades".
Los imputados en el expediente son 27 y forman parte de dos movimientos piqueteros. Son, además, de los más activos a la hora de reclamarle a todos los gobiernos -sin importar el color político- por más planes y alimentos para comedores y sus propias estructuras. Se trata del Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). El tercer espacio que aparece mencionado es Barrios de Pie, uno de los movimientos que forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y cuyas principales organizaciones formaban parte del ex oficialismo. De hecho el coordinador nacional de Barrios de Pie es Daniel Menéndez, ex funcionario en el Ministerio de Desarrollo Social y ahora del gobernador Axel Kicillof.
Polo Obrero
El principal referente del Polo Obrero es Eduardo Belliboni . Hasta ahora, en esta causa, el dirigente no fue mencionado. Sí, en cambio, aparece muy activo uno de sus allegados y que forma parte de la Mesa nacional de esa organización: Jeremías Cantero. Cuando Belliboni enfermó de neumonía y estuvo internado más de 20 días, Cantero se hizo cargo de la comunicación. Formó parte de la "Lista 502 del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, en las elecciones generales del 22 de octubre de 2023, ocupó el puesto séptimo como candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cantero fue candidato de la izquierda.
Junto a Belliboni participa de manera activa de las movilizaciones. Además, entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de abril de 2024, fue funcionario de Desarrollo Social. Cumplía funciones de "apoyo administrativo" en la entonces Secretaría de Economía Social que conducía Emilio Pérsico, el líder del Movimiento.
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Esa Secretaría de Estado era la responsable del mayor programa, junto al Alimentar, de la cartera de Desarrollo Social, el Potenciar Trabajo. Los beneficiarios debían realizar 20 horas de tareas en una Unidad de Gestión, muchas de las cuales eran del Polo Obrero, pero también del Evita y otros movimientos sociales, como Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, referenciada en Juan Carlos Alderete; el Frente Popular Darío Santillán de Dina Sánchez; o el Movimiento de Trabajadores Excluidos, cuyo principal ex referente era Juan Grabois, que desde que fue precandidato presidencial de Unión por la Patria, se alejó de la conducción.
Otra de las imputadas del Partido Obrero es Patricia Iramain, quien publicaba "la lista de personas que no recibirán mercadería por no ir a las movilizaciones, o que serán degradadas a la última categoría (lista de espera para recibir alimentos o un plan social) por la misma razón -mientras que otros ingresan a comedor por haber cumplido con el tiempo fijado de asistencia a las movilizaciones".
Gustavo Vásquez, otro de los imputados, aparece en la causa pidiendo "justificativo médico" a una de las víctimas porque no pudo asistir a una movilización.
Por su parte, Elizabeth Mamini, anuncia a través de un grupo de whatsapp que "estará cobrando las ‘cápitas' y que deben ponerse al día". Se trataba de un porcentaje del plan social que cobraban por parte del Estado y que se supone habían conseguido a través del Polo Obrero.
El relato de la causa va in crescendo en abusos aberrantes. Lucca Philippe Quispe Rashuaman "invita a retirar mercadería sólo a los ‘compañeros que participan activamente´ -e incluso les cobran un monto adicional a cad uno en concepto de "flete"- y que la acusada Gloria Jaramillo Morales aclara que la repartición es como siempre solo los que tienen movilización'".
Los alimentos que debían retirar eran entregados por el entonces gobierno de Alberto Fernández a las organizaciones sociales para ser distribuidos a los comedores y merenderos. Los dirigentes, en cambio, los habrían utilizado como método de coacción para que los beneficiarios vulnerables engrosen las filas de los piqueteros de izquierda.
La ministra Sandra Pettovello cortó ese tipo de intermediación y descubrió, a través de auditorías, que la mitad de los comedores y merenderos denunciados por los movimientos sociales "no existen".
Belliboni.
El escrito revela que "una vez que se accedía al programa de ayuda social, los delegados de cada comedor hacían saber al beneficiario que, para continuar cobrando la prestación -que hoy representa $78.000 por mes-, debía asistir a las ‘marchas' y ‘movilizaciones' que indicaban los referentes del comedor; en caso contrario, se le daría de baja del plan. Asimismo, se les exigía a las víctimas que, en caso de no asistir a una movilización, debían justificar la ausencia y acompañar las correspondientes constancias de las razones que impidieron la participación -como la existencia de turnos médicos-; porque de lo contrario se anotaría como ausencia; lo que podía ocasionar la imposición de ‘sanciones'".
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Las "sanciones", iban desde no recibir mercadería del comedor por un determinado lapso, hasta "ser degradado de categoría o ser dado de baja del Plan Potenciar Trabajo".
María Isolda Dotti, alias "Tango", una de las dirigentes que le transmitió a las víctimas "las exigencias coactivas" a los gritos mientras las "amenazaban de una manera violenta a los integrantes del comedor que si no iban a las marchas les quitaban el Plan Potenciar Trabajo".
Frente de Organizaciones en Lucha (FOL)
La justicia encontró una accionar similar al del Polo Obrero, en dirigentes del FOL que estaban a cargo del Comedor Kuña Guapa, ubicado en la Villa 21-24.
El fiscal probó en ese lugar que había un grupo de personas "integrado por Carlos Fernández Kostiuk, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo "Toto" Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta y Nilsa Elena Torresa".
Actuando de manera coordinada y "bajo distribución de roles y desde -al menos- octubre de 2021, tenía por finalidad la comisión de múltiples actividades ilícitas en perjuicio de los beneficiarios de asistencia social que concurrían al comedor "Kuña Guapa", precisan las actuaciones judiciales y se explica que "se apropiaban de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional a dicha asistencia y, al mismo tiempo, coaccionar a los beneficiarios, con el objeto de forzarlos a participar en movilizaciones de la agrupación Frente de Organizaciones en Lucha".
Si faltaban a una de las "movilizaciones" se les cobraba una "multa" de $10.000 por cada inasistencia, mientras que si faltaban a tres "marchas" o "movilizaciones" les daban de baja del Plan Potenciar Trabajo. En su prolija e indignante descripción, el funcionario judicial dice: "Por otra parte, cada dos meses les entregaban a los beneficiarios una caja con mercadería, que a veces les fue sacada por los delegados como sanción por faltar a las movilizaciones".
Barrios de Pie
El coordinador nacional de barrios de Pie es Daniel Menéndez. Formó parte de la Secretaría de Economía Social, debajo de Emilio Pérsico y ahora es funcionario del gobernador Axel Kicillof. Barrios de Pie también forma parte de la UTEP.
La pesquisa descubrió, a través de denuncias de víctimas al número 134 que habilitó el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, que en el Comedor Caminos de Tiza, a cargo de Barrios de Pie "se ha probado la existencia de un grupo de personas integrado por Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza", como en los casos anteriores "se apropiaron de una porción de los fondos públicos destinados por el Estado Nacional a dicha asistencia y, al mismo tiempo, coaccionar a los beneficiarios, con el objeto de forzarlos a participar en movilizaciones de la agrupación Barrios de Pie".
Menéndez, de Barros de Pie.
En este caso, las marchas eran a favor de Alberto Fernández, o salir a hacer campaña "casa por casa" para que voten por los candidatos de Unión por la Patria.
De los dos lados del mostrador
Las maniobras ilícitas investigadas ocurrieron en el marco de los dos programas principales que tenía el entonces Ministerio de Desarrollo Social, hoy rebajado a Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que forma parte del organigrama del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello.
Dentro de la cartera de Desarrollo Social, había dos secretarías que manejaban las mayores partidas presupuestarias y programas, la de Economía Social y la de Inclusión Social.
La primera estaba a cargo de Emilio Pérsico, un ex dirigente Montonero, y cabeza visible del Movimiento Evita. Esa organización era la que contaba con mayor cantidad de cooperativas de trabajo y comedores. El Evita, además, forma parte de Unión por la Patria y militó por Alberto Fernández primero y por el candidato presidencial de ese espacio, Sergio Massa.
La Secretaría de Economía Social tenía como principal programa el Potenciar Trabajo. Bajo la órbita de Pérsico se daban las altas y bajas al programa destinado a aquellos que no tenían un empleo regular. Debían realizar 20 horas de tareas semanales en una Unidad de Gestión. Por ejemplo, cooperativas.
El Movimiento Evita de Pérsico y otras que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular, también tenían este tipo de cooperativas y comedores.
La Secretaría de Inclusión Social tenía a cargo el Programa Alimentar. Entre sus alcances estaba el Registro Nacional de Comedores y Merenderos. y el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los alimentos para los comedores y las organizaciones sociales salían de allí.
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