La Justicia realizó una serie de allanamientos y secuestró documentos, obtuvo escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp. De este modo, habrían confirmado la estructura de una organización para dar dinero, planes o quitárselos a quienes vayan o no a movilizaciones.
Los chats piqueteros que sacan a la luz extorsiones y premios por ir a marchas
En un operativo reciente, se allanaron propiedades de líderes piqueteros, decomisando dinero y documentos. Estos documentos sugieren que provenían de planes sociales obtenidos del Estado. La investigación reveló una estructura jerárquica de cinco niveles, con referentes y delegados que ganaban hasta cinco veces más que los beneficiarios base. Escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp mostraron un sistema de premios y castigos, incluyendo la extorsión para participar en marchas y vender alimentos estatales.
El caso comenzó en diciembre del año pasado. Antes de una marcha importante contra Javier Milei, el Gobierno estableció una línea telefónica para denuncias de extorsión por parte de piqueteros. Se recibieron 13.310 llamadas, se atendieron 2.720 y se formalizaron 924 denuncias. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita se centraron en 45 casos en Buenos Aires.
Conforme avanzaba la investigación, se autorizaron escuchas a los acusados. El fiscal pidió detenciones, pero el juez optó primero por testimonios. Finalmente, la Cámara Federal ordenó los allanamientos.
Entre los acusados, el fiscal solicitó la indagatoria de múltiples sospechosos, identificando al menos tres grupos vinculados al Plan Potenciar Trabajo: beneficiarios, extorsionadores que exigían dinero y quienes administraban la entrega de alimentos.
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La investigación detalló que se obligaba a los beneficiarios a vender alimentos del Estado, con los líderes quedándose las ganancias. Además, se les forzaba a asistir a movilizaciones políticas y distribuir propaganda electoral, bajo amenaza de perder beneficios sociales.
Según fuentes judiciales, se comprobó un sistema de control y sanciones, registrando asistencia y castigando la ausencia con listas negras y multas de hasta 10.000 pesos. Las ausencias debían justificarse con comprobantes médicos o de otro tipo, bajo pena de restricciones en la entrega de alimentos.
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El fiscal Pollicita describió una estructura piramidal en los comedores. En el nivel más bajo estaban los beneficiarios que esperaban cumplir con las movilizaciones para acceder al plan. Más arriba, los beneficiarios comunes, seguidos por aquellos con doble prestación que debían cumplir tareas adicionales. Los delegados y referentes estaban en los niveles más altos, administrando y controlando la recaudación y la asistencia.
En los chats interceptados, se evidenció la manipulación y el control ejercidos por los acusados. Un mensaje de Patricia Iramain decía: "Lista de los que no recibirán mercadería por no ir a las movilizaciones. Algunos entran a comedor por cumplir con la asistencia requerida". En otro chat, una víctima pedía justificar su ausencia a una marcha con un comprobante médico, mientras que otra preguntaba si su falta justificada contaría como asistencia.
Además, Gustavo Vásquez en un chat afirmaba: "La marcha ahora es obligatoria. De ahora en más, no seré permisivo. Quien falte, será recategorizado a lista de espera".
Testimonios de los afectados revelaron la coerción y el miedo que imperaban. Un testigo declaró: "Si no ibas a las marchas o no pagabas, te bajaban de categoría". Otro explicó: "Las amenazas eran verbales y frecuentes. Nos obligaban a vender comida en el barrio y toda la ganancia iba para los líderes del comedor".
Este caso destapa la corrupción y el abuso en la gestión de programas sociales destinados a ayudar a los más necesitados, poniendo en evidencia un sistema bien organizado de explotación y control.
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