Desde el retorno de la democracia hasta la suspensión de la diputada Janina Ortiz, sólo se había dado un caso similar, pero en la Cámara de Senadores.
El antecedente a Ortiz: la suspendieron por "falta ética" y cayó por narco
Además de "comportamiento indigno", el artículo 91 de la Constitución de Mendoza también incluye la figura de "inhabilidad moral", entre otras posibles causas para suspender o remover a un diputado o senador con dos tercios de los votos o más. La primera se aplicó a Janina Ortiz esta semana, y la segunda, a la sanrafaelina Raquel Páez, en el año 2004.
En efecto, Janina Ortiz fue la segunda legisladora suspendida desde el retorno de la democracia, en 1983. En otras palabras, por segunda vez en la historia reciente, una de las cámaras legislativas de Mendoza funcionará con un integrante menos: 47 diputados podrán sesionar ahora y, 20 años atrás, pasaron a ser 37 senadores temporalmente.
Janina Ortiz no podrá regresar a su banca hasta tanto la Justicia no dicte la falta de mérito o la absuelva en las dos causas en las que está acusada, por fraude a la administración pública y coacción agravada. Mientras tanto, no podrá ser reemplazada por el suplente, José Caviglia, quien públicamente ha cuestionado a la esposa de Daniel Orozco con el apoyo de algunos dirigentes de La Unión Mendocina que, sorpresivamente, el miércoles respaldaron a Ortiz. Sólo si antes de noviembre de 2027 la condenan a Ortiz, podría reemplazarla Caviglia, presidente del Partido Libertario.
Además de presentar sucesivas nulidades para que no la imputen, Ortiz y su abogada ahora intentarán revertir la suspensión como diputada en la Justicia.
En el medio de todo esto, Ortiz acudirá a la Justicia, la misma que la investiga por delitos graves, para revertir la suspensión.
Si bien es el único antecedente de suspensión, el caso de la exsenadora Raquel Páez tiene características distintas. Fue en octubre de 2004 cuando la entonces legisladora peronista fue suspendida por "inhabilidad moral" por haber reclamado el pago de salarios anteriores a su fecha de asunción en la Cámara. Pero a diferencia de Ortiz, se le puso un plazo a dicha suspensión, que duraría apenas 15 días.
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Páez pretendía cobrar $ 50.000 (el equivalente entonces a U$S 14.500, aproximadamente) correspondientes a 9 meses de haberes y viáticos en los que no trabajó porque no había podido asumir: su banca estuvo en disputa judicial entre el PJ y la UCR por un tema de "listas colectoras". Y al malestar inicial se sumó que la entonces senadora Páez también reclamó los sueldos de sus dos secretarios y un asesor. No sólo se rechazó su pedido, sino que la suspendieron 15 días "por el perjuicio causado a la imagen pública de la Legislatura".
Luego de finalizar su mandato, poco se supo de la dirigente peronista de San Rafael, hasta el año 2019, cuando salió a la luz pública, pero no en la sección política, sino en policiales: la detuvieron en un control de Gendarmería en el Valle de Uco con un kilo de marihuana. Un año después, en 2020, acordaría una condena de 4 años de cárcel en un juicio abreviado, admitiendo su culpabilidad por narcotráfico y comercialización de estupefacientes.
El operativo de 2019. Gendarmería ya tenía información sobre Paéz.
En el medio hubo otros procesos similares que, por distintos motivos, no terminaron en suspensión o remoción. Por ejemplo, en 2010, el actual intendente de General Alvear y entonces diputado radical, Alejandro Molero, tuvo que pedir disculpas en una solicitada a sus pares para que no lo removieran: había dicho que un grupo de legisladores había apoyado el proyecto de Potasio Río Colorado a cambio de coimas. También de General Alvear era oriunda la peronista Leticia Mayorga, una diputada que en 2007, en medio de un proceso de remoción por haber dicho que era licenciada sin serlo, renunció a su banca de legisladora.
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