Janina Ortiz y el baile de la gambeta

Por segunda vez desde el retorno de la democracia, una cámara legislativa de Mendoza pasará a funcionar con un integrante menos, luego de que una amplia mayoría de diputados (34 de 48) votara a favor de la suspensión de Janina Ortiz por "comportamiento indigno", una figura prevista en el artículo 91 de la Constitución provincial y que también se aplicó a la exsenadora sanrafaelina Raquel Páez, en 2004.

Tal como se quejaron los políticos aliados de Janina Ortiz, liderados por Omar De Marchi, acusar a alguien de "comportamiento indigno" es subjetivo, pero no por ello inválido. De hecho, el propio artículo 91 de la Constitución de Mendoza le da legitimidad al requerir una mayoría especial que, en el caso de la votación de ayer, superó los dos tercios, que podrían haber sido más si algunos miembros de La Unión Mendocina ratificaban en la sesión lo que planteaban en privado.

Ahora bien: ¿por qué más de dos tercios de los diputados consideraron que Janina Ortiz incurrió en un comportamiento indigno? La respuesta es simple: analizaron que desde finales de octubre, cuando ganó un lugar como legisladora, la esposa de Daniel Orozco dio inicio a una serie de maniobras evasivas para que no avanzaran las investigaciones en su contra, aun después de que le retiraran los fueros. Incluso dejó de lado su tarea como legisladora, siendo la diputada que menos proyectos presentó: cero. Ni siquiera un pedido de informes. Apenas acompañó una iniciativa de su aliado Jorge Difonso para declarar de interés la película "La Sociedad de la Nieve". Su energía, y la de su abogada y ex virreina nacional de la Vendimia, Elena Quintero, estaba puesta en evitar que le notifiquen las imputaciones en dos causas graves: fraude a través de una cooperativa fantasma y coacción agravada a una empleada para que tenga relaciones sexuales con un funcionario, en ambos casos, siendo secretaria de Gobierno de Las Heras.

Basta con repasar uno por uno los hechos que fueron sucediéndose desde octubre del año pasado para comprender el análisis que hicieron los 27 diputados de Cambia Mendoza, los 2 del Partido Verde y 5 del Partido Justicialista, todos a favor de la suspensión. Así lo expuso este miércoles el diputado Enrique Thomas durante la sesión.

El baile de la gambeta

Entre fines de octubre del año pasado, hasta esta semana, Ortiz y su abogada fueron impugnando cada una de las decisiones que tomaba la Justicia y entorpeciendo el avance de la causa con planteos de nulidad. Por ejemplo, cuando luego de las elecciones el fiscal Flavio D'Amore la citó para notificarle la imputación por fraude a la administración pública, invocaron que al haber sido electa diputada ya tenía fueros y debía cumplirse la norma procesal y constitucional prevista. Por esos días, la esposa de Orozco convocaría a una conferencia de prensa en la Municipalidad de Las Heras, apuntando contra Osvaldo Oyhenart y reiterando que tenía inmunidad parlamentaria. 

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Ante eso, el 17 de noviembre, el Ministerio Público Fiscal pidió el desafuero de Ortiz y unos días después, el 21 de noviembre, la defensa planteó la nulidad de ese pedido de desafuero y pidió el jury contra los fiscales. Se mantendría en esa postura hasta unos minutos antes de la sesión del 19 de diciembre: cuando Ortiz vio que hasta los propios legisladores de La Unión Mendocina votarían a favor, presentó un escrito renunciando a los fueros y manifestando su intención de someterse a la justicia para demostrar su inocencia. Pero haría todo lo contrario. 

Ya sin fueros, luego de una votación unánime, el 22 de diciembre la fiscalía volvió a citar a Ortiz para notificarle la imputación, pero la defensa lo rechazó nuevamente argumentando que aún estaba pendiente la resolución de la apelación de nulidad del desafuero; públicamente dijo que ella misma renunciaba a los fueros, pero jurídicamente seguían resistiéndolos para continuar gambeteando a la Justicia. Una de las tantas contradicciones que justificaron la acusación de "comportamiento indigno".

Luego, cuando le rechazaron esa petición, la defensora Quintero presentó otra nulidad invocando que las resoluciones del juzgado no estaban firmes, lo cual fue rechazado por la jueza de Garantías Dolores Ramón. ¿Qué hicieron Ortiz y Quintero? Presentar otro recurso de nulidad contra la decisión de la jueza Ramón, que sería rechazado el 1 de marzo por el Tribunal Penal Colegiado número 1, encabezado por Claudia Vallejo, esposa del juez de la Corte Omar Palermo.

Y en paralelo, cuando la citaron para que se presente a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de la Cámara de Diputados, para dar explicaciones luego de que las fiscalías informaran el estado de las causas, la legisladora también impugnó eso, mandando a su abogada. Al final, la exsecretaria de Gobierno de Las Heras se sumaría al encuentro, que terminaría con la aprobación del dictamen del pedido de suspensión, ratificado este miércoles en el recinto.

Las causas judiciales

Ahora, Ortiz demostrará si realmente le interesaba representar a los vecinos de Las Heras, Capital, Guaymallén y Lavalle en la Cámara de Diputados, ya que para regresar a su banca debería ajustarse a derecho y que la Justicia dicte la falta de mérito o la absuelva en uno o más juicios. Hoy en día, hay avoques de imputación en su contra por fraude a la administración pública y coacción agravada.

La causa de fraude a la administración pública en la que Ortiz debería estar imputada, es por una "cooperativa fantasma", llamada Manos a la Obra. Pero el informe original del Post que dio origen a la investigación judicial (ver aparte) daba cuenta de más cooperativas vinculadas a los imputados Osvaldo Oyhenart y su yerno Juan Pablo Pandolfi. Sin embargo, el exfiscal de la causa, D'Amore, decidió focalizarse sólo en una de las cooperativas para no "complejizar" la causa. Habrá que ver qué postura adoptan los representantes del Ministerio Público Fiscal.

El informe que derivó en las causas judiciales: Una trama de sexo, intrigas, política y cooperativas dudosas sacude Las Heras

Ortiz también debería estar imputada por coacción agravada por presuntamente obligar a una empleada municipal a tener relaciones sexuales con un funcionario para sacarle información. Pero también podría tratarse de uno de tantos casos similares. Y a la vez, la esposa de Daniel Orozco, quien llamativamente no apareció en ningún momento a respaldar a su pareja, está siendo investigada porque habría encubierto una violación en una dependencia municipal, causa en la que está imputado el exfuncionario Franco Cortez. La denunciante declaró que Ortiz le dijo que no contara lo sucedido porque Cortez era el marido de su mejor amiga.

Por más efímera que sea, la trayectoria política de la suspendida diputada Janina Ortiz, de apenas 34 años, podría ser fuente de una producción literaria en la que no podría distinguirse lo real de la ficción. Una funcionaria municipal que soñaba con convertirse en intendenta de Las Heras, vislumbrando un futuro de liderazgo, pero cuyas acciones se volvían cada vez más cuestionables. En un giro irónico del destino, las mismas estrategias que una vez empleó para avanzar en su carrera política se convirtieron en su perdición.