La fiscal Patricia Atur consideró que correspondía el archivo de la causa que se inició por una presunta extorsión de los directivos de Iberte a la mesa directiva de Fecovita.
La Justicia archivó una denuncia de Fecovita contra sus exsocios
Esta semana, la fiscal Patricia Atur ordenó el archivo de la causa contra directivos de la empresa española Iberte, que habían sido denunciados por "extorsión" por la mesa directiva de Fecovita. "El accionar emprendido u ordenado por los denunciados, de modo alguno puede ser interpretado o considerado como una amenaza o intimidación", consideró la investigadora.
La causa se inició en 2023, cuando el presidente de Fecovita, Rubén Panella, y otros miembros de la mesa directiva, denunciaron al español Juan José Retamero y al extitular del INV Guillermo García, ambos directivos de la empresa Iberte, con la que se habían asociado para exportar vino y mosto, por "extorsión y/o amenazas coactivas". Unos meses después, el caso fue archivado por la Fiscalía.
Años atrás, Fecovita e Iberte conformaron una empresa para exportar vino y mosto: Evisa (Exportadora Vitivinícola Sociedad Anónima). Sin embargo, en un momento decidieron disolverla y es aquí donde se originó el conflicto y se dio pie a acusaciones y denuncias cruzadas.
En el acuerdo final firmado el 13 de octubre de 2022, Fecovita se comprometería a reintegrar millones de dólares a Iberte, algo que no cumpliría. Esto dio origen a las acciones judiciales de los españoles contra los directivos de Fecovita, pero también a la denuncia de Fecovita contra Iberte por extorsión y/o amenazas, ya que supuestamente los mendocinos habrían sido "apretados" para firmar ese convenio. Por esto, se inició la investigación por extorsión, finalmente archivada esta semana.
Según la denuncia por extorsión, los directivos de Iberte les habrían dicho a los de Fecovita que si no firmaban aquel contrato del 13 de octubre de 2022, no iban a ingresar las divisas de los compradores del vino exportado, "siendo el mayor momento de presión que tuvieron para suscribir el contrato", según se lee en el expediente.
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Del otro lado sostienen que ese acuerdo habría establecido que para que Iberte gestionara el ingreso de las divisas, primero Fecovita debía pagar lo comprometido, lo que no habría ocurrido.
Uno de los denunciantes, el tesorero de Fecovita, Gustavo Arangüena, dejó asentado en Fiscalía que "la extorsión comenzó con el contrato del 13 de octubre de 2022, seguido de la solicitud de quiebra, denuncia por balances falsos y diversas comunicaciones posteriores". Es decir que, para la federación, las denuncias posteriores de los españoles formarían parte de un plan extorsivo.
Sin embargo, los directivos de Iberte justificaron las posteriores denuncias en el presunto incumplimiento de Fecovita de lo establecido en el acuerdo del 13 de octubre de 2022, que también les sirvió de sustento para la denuncia por balances falsos, ya que no se incluyó la deuda asumida en ese contrato. Aquí también hubo novedades esta semana, cuando los denunciantes pidieron la detención de las autoridades de Fecovita porque directamente habría existido dolo en su accionar.
Afirmaron los denunciantes que en las pericias contables que se hicieron a Fecovita apareció un informe, con fecha 3 de julio de 2023, que "reconoce que la deuda por Evisa asciende a 17,5 millones de dólares". Luego, cuatro días después, "las autoridades presentaron un balance a la asamblea de Fecovita donde aseguran que la deuda es nueve veces menor".