El Gobierno dará de baja fideicomisos por más de USD 2 mil millones

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este viernes la eliminación de fondos fiduciarios por un valor total de 2 mil millones de dólares. Esta medida, que representa un ajuste del medio punto del Producto Bruto Interno (PBI), fue detallada durante su habitual contacto con periodistas en la Casa Rosada.

"Entendemos que carecen de transparencia y son parte de las cajas de la política", precisó Adorni durante la conferencia.

La decisión, anticipada por el presidente Javier Milei en diversos reportajes, estaba incluida en la Ley Bases que quedó trunca en el Congreso luego de que el Ejecutivo retirara el proyecto. Durante el debate, los gobernadores y otros sectores se opusieron a la aprobación del inciso "h" del artículo 4°, que otorgaba al mandatario el poder de intervenir en asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos.

Ante la oposición en el Congreso, el Poder Ejecutivo avanzará por decreto. Adorni no precisó cuáles son los fondos fiduciarios que serán eliminados en esta primera etapa.

Un fideicomiso es un instrumento legal que involucra a tres partes clave: el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. Técnicamente, separa la propiedad legal de los activos de su control económico y beneficio, creando una estructura para la transferencia de bienes en beneficio de terceros.

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Sin embargo, su aplicación para el manejo de fondos públicos ha sido criticada por su falta de transparencia y controles. Los fondos fiduciarios, también conocidos como fideicomisos públicos, afectan a las cajas provinciales y su funcionamiento es menos transparente que el gasto público habitual.

Entre los fondos cuestionados se encuentra el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), así como otros como el "Procrear", el de Desarrollo Productivo (Fondep), el "Estabilizador de Trigo Argentino" y el de Infraestructura Hídrica, entre otros.

Javier Milei expresó su compromiso de avanzar en la eliminación de estos fondos mediante un decreto. El gobierno de La Libertad Avanza considera que estas "cajas negras" son fuente de privilegios para "la casta" política y se propone terminar con ellas para mejorar la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

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