Maduro echó a la ONU de Venezuela diciendo que son "colonialistas"

El gobierno de Venezuela anunció el cierre inmediato de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Esta medida ha sido tomada como represalia por las denuncias realizadas ante la desaparición forzada y encarcelamiento de Rocío San Miguel, una destacada figura de la sociedad civil venezolana.

Los funcionarios adscritos a la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado en Venezuela tienen un plazo de 72 horas para abandonar el país, según lo anunciado por el canciller del gobierno bolivariano, Yván Gil. Este cierre se justifica, según el gobierno, como una respuesta al supuesto papel "colonialista, abusivo y violador de la Carta de Naciones Unidas" que ha adoptado la institución.

La detención de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, ha generado una ola de críticas y censuras, especialmente después de que el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, exigiera su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal. El gobierno de Maduro se ha irritado particularmente por la calificación de "desaparición forzada" utilizada por Türk para describir el caso de la activista.

San Miguel estuvo más de 100 horas en paradero desconocido e incomunicada, sin acceso a sus abogados, antes de ser presentada ante un tribunal antiterrorista. Además, cinco de sus familiares cercanos, incluida su hija Miranda, fueron capturados. San Miguel enfrenta acusaciones de terrorismo, conspiración y traición a la patria por supuestamente colaborar en un presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro.

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La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación ante esta medida, con la líder opositora María Corina Machado calificándola como un intento del régimen de Maduro de "desconocer definitivamente" los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Barbados. Además de San Miguel, varios miembros de Vente Venezuela permanecen encarcelados, lo que refleja un deterioro continuo de la situación de los derechos humanos en el país.

La decisión de cerrar la oficina de la ONU en Caracas también ha sido condenada por el relator especial de la ONU sobre el derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, cuyas conclusiones sobre el programa de distribución de alimentos del gobierno venezolano no han sido bien recibidas por el chavismo.

Organizaciones de derechos humanos han criticado duramente la medida, argumentando que aumenta la desprotección de las víctimas de abusos y busca evitar el escrutinio internacional de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.

En medio de este escenario, la oposición democrática ha instado a la comunidad internacional a rechazar unánimemente la decisión del gobierno venezolano. Se teme que el cierre de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos sea parte de un esfuerzo más amplio por parte del régimen de Maduro para evitar la rendición de cuentas por sus acciones.

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