El proyecto del Ejecutivo, con las últimas modificaciones y recortes, y sin el capítulo fiscal, se tratará este martes en Diputados.
Finalmente, la "Ley Bases" pasó de 664 a 384 artículos
El recorrido de la Ley Bases por el Plenario de Comisiones, reuniones con gobernadores y otras oficinas tanto de Casa Rosada como del Congreso, recortó el proyecto original que pasó de 664 a 384 artículos en su última versión a dos días de tratarse en el recinto de Diputados.
En la búsqueda del consenso, y también de lograr introducir los cambios estructurales que, según la mirada del presidente Javier Milei necesita la Argentina, se hicieron numerosas modificaciones, recortes y hasta se decidió retirar del proyecto todo el capítulo referido a la reforma fiscal, que se presentará como un proyecto aparte para ser debatido en sesiones ordinarias.
Ahora, ya con el respaldo de sectores del Pro y el acuerdo con bloques dialoguistas como una parte de la UCR y otros, permitieron al Ejecutivo obtener el dictamen de mayoría en comisiones para avanzar en el tratamiento del proyecto para que se convierta en Ley.
Caputo explicó que el Capítulo Fiscal se tratará en un proyecto aparte
El ministro de Economía, Luis Caputo explicó que la eliminación del capítulo fiscal busca "evitar demoras en aspectos considerados necesarios y urgentes". En consecuencia, los artículos relacionados con la actualización jubilatoria, retenciones agropecuarias e industriales, blanqueo, moratoria y adelanto de Bienes Personales se tratarán más adelante.
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En cuanto a la movilidad jubilatoria, la ley actual que actualiza cada tres meses pero con una fórmula que no contempla la inflación, seguirá en pie hasta que se pueda tratar una nueva. Milei señaló que la idea era otorgar por decreto aumentos hasta que se tratara una nueva fórmula de actualización que sí tuviera en cuenta la inflación y que devolviera de a poco el poder adquisitivo que los jubilados fueron perdiendo en los últimos años.
En cuanto al blanqueo, se revirtió la iniciativa que proponía que fuera gratuito para personas que declararan menos de US$100.000, junto con una serie de beneficios asociados.
También se dejó a YPF afuera de la lista de empresas a privatizar, y se estableció que Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT no serán privatizados. Además, se excluyó al INTA y al CONICET de las facultades de disolución en la reorganización administrativa.
También se mantiene la emergencia en diversas áreas como económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de salud, energética, administrativa y tarifaria. El plazo de delegación legislativa será de un año, con la posibilidad de extenderlo por otro año más, según se ha acordado en las conversaciones.
El resto del articulado relacionado con la delegación de facultades, privatizaciones, desregulaciones, educación, cultura y seguridad permanece en pie, aunque sujeto a modificaciones.
Este martes se tratará el dictamen de mayoría que ogró el Ejecutivo
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