La esposa de Daniel Orozco se quedó sin la inmunidad procesal que le daban los fueros legislativos. Ahora podrá ser imputada, obligada a declarar y, si la Justicia lo ordena, detenida.
La diputada Janina Ortiz se quedó sin fueros
Este miércoles, durante la sesión de la Cámara de Diputados, se aprobaron los pedidos de desafuero contra Janina Ortiz tras la solicitud que realizaron los fiscales Flavio D'Amore y Patricia Atur, quienes investigan a la aún legisladora por los delitos de fraude a la administración pública y coacción.
Ambos pedidos de desafuero recibieron dictamen ayer en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), lo que habilitó a su tratamiento hoy en la sesión. Ahora, tras la votación, Ortiz se quedó sin la inmunidad parlamentaria con el voto afirmativo de Cambia Mendoza y gran parte de la oposición, incluso de La Unión Mendocina.
Desde el oficialismo, el diputado Franco Ambrosini argumentó que los fueros le daban "inmunidad procesal" a Ortiz, por lo que no se podían dictar medidas ni obligarla a declarar, mucho menos ordenar la prisión preventiva (llamó la atención que este legislador nombrara a una de las víctimas/denunciantes de Ortiz con nombre y apellido, cuando no correspondía hacerlo por una cuestión humanitaria, más que técnica).
Por tal motivo, los compañeros de bloque de Ortiz, todos afines al excandidato a gobernador Omar De Marchi, justificaron su apoyo al desafuero, para que "la justicia avance, porque esa es la voluntad de la diputada (Ortiz)". Así lo manifestó Gustavo Cairo.
Más allá de ser desaforada, Ortiz seguirá siendo diputada, pero ya sin la inmunidad parlamentaria. Según indica el artículo 167 de la Constitución de Mendoza, eso habilita a la Justicia a notificar a la legisladora -"substanciación formal de la causa"- y ordenar las medidas procesales que determinen los investigadores, incluso la prisión.
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Si no fuese por los fueros, que perdió este miércoles, Ortiz ya debería estar imputada en dos causas, mientras que a la vez es investigada en otra por presunto encubrimiento de abuso sexual (en esta última, está procesado el exfuncionario Franco Cortez, mientras que la presunta víctima denunció que Ortiz estaba al tanto de lo sucedido y la presionó para que no lo denunciara).
Por un lado, el fiscal D'Amore lleva adelante la investigación de la causa "cooperativa fantasma", en la que Ortiz debería estar imputada por haber ordenado pagos a esta organización inexistente, de manera irregular, y haber integrado la comisión de preadjudicación que avaló las licitaciones y contrataciones.
En tanto, la fiscal Atur está en condiciones de imputar a Ortiz por coacción, al haber presuntamente obligado a una empleada municipal a mantener relaciones sexuales con un funcionario, grabarlo y haberle sacado a la fuerza el audio. En este punto, la mujer denunció que una colaboradora de Ortiz, Patricia Rivero, le apuntó con un arma de fuego y le exigió la entrega del material.
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