Entre sus últimos decretos, uno de ellos faculta a una Asociación Civil para definir el canon que deberán pagar los alumnos universitarios y secundarios por los apuntes.
Alberto Fernández decretó pagar derechos de autor sobre las fotocopias
El último día hábil de su presidencia, el expresidente Alberto Fernández, junto al exMinistro de Cultura, Tristán Bauer, firmaron un decreto para cobrar derechos de autor sobre las fotocopias que se utilizan para estudios universitarios y secundarios, entre otros.
Se trata del decreto 736/2023 que otorga a una asociación civil la representación dentro del territorio nacional de los derechos de autor "para percibir, administrar y distribuir las retribuciones por los derechos de reproducción reprográfica analógica parcial, parcial o total en caso de la reproducción digital o de cualquier otro tipo".
Se trata de CADRA (Centro de Administración de Derechos Reprográficos Asociación Civil) la que el decreto autoriza " como entidad única para convenir con terceros/as usuarios/as o utilizadores/as de tales derechos de reproducción reprográfica, por su explotación en el territorio nacional, la forma de recaudación y el importe de las retribuciones referidas, así como su adjudicación y distribución entre los autores y las autoras y los editores y las editoras que las hayan publicado".
Además, el decreto estipula que, para definir cuánto se cobrará, CADRA debe reunir información entre la que "se tomará en cuenta la población regional de alumnos/as universitarios/as y secundarios/as, los ingresos per cápita de cada región del país, la tasa de uso de libros y otros textos y los consumos anuales en fotocopias u otros tipos de reproducción, de acuerdo a los diferentes grupos de interés".
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En tro de los artículos, el decreto advierte que "Las Universidades Públicas y/o instituciones representativas de colectivos económicamente desfavorecidos podrán solicitar al MINISTERIO DE CULTURA la reducción o eximición del pago de la tarifa exigible cuando éstas demuestren que por su onerosidad su cumplimiento pone en riesgo el acceso al material educativo y/o con fines de investigación por parte de la población usuaria".
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