El fideicomiso de más de U$S 1.000 millones, previstos originalmente para Portezuelo del Viento, quedará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, y específicamente en la Subsecretaría de Infraestructura.
La "tapada" que administrará los U$S 1.023 millones de Portezuelo
El 28 de octubre de 2024, antes de que se cumpla el primer año de gestión de Alfredo Cornejo, Mendoza terminará de cobrar los U$S 1.023 millones que originalmente iban a ser destinados a Portezuelo del Viento y que, tras varios traspiés en el comité de cuenca del Río Colorado, comenzó a debatirse cómo invertir ese dinero. Hasta el momento, en el fideicomiso hay más de U$S 900 millones y sólo restan cuatro cuotas que deberá depositar el gobierno de Javier Milei durante 2024, por montos de U$S 30.901.000, U$S 7.048.000, U$S 7.009.000 y U$S 350.000.
Una vez que se complete el pago de la deuda que tiene Nación con Mendoza como compensación de la irregular prórroga de la promoción industrial en la década de 1990, el fideicomiso de U$S 1.023 millones será administrado por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, que conducirá Natalio Mema, y allí tendría una función clave la subsecretaria de Infraestructura, que será Marité Baduí, exfuncionaria del Ministerio de Economía y actual "mano derecha" del superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli.
Consultado por el Post, Mema respondió que "es probable que se centralice el fideicomiso en el Ministerio" y ratificó que "seguramente lo trabajaremos con Marité Baduí, una funcionaria con experiencia y respaldo, una persona súper honesta y eficaz".
Sobre cómo se manejarán esos recursos, Mema reiteró lo que ha venido manifestando Cornejo, que sea dinero que se complemente con inversión privada, "que ellos también asuman riesgos". Además, indicó que será fundamental que los U$S 1.023 millones "no se inviertan a capital perdido, hay que invertirlo y reinvertirlo, que se pueda utilizar durante mucho tiempo y hacer muchas obras".
Si bien evitó precisar qué tipo de obras deberán realizarse con esos fondos, señaló que "seguramente muchas obras serán apostando al sector productivo". Y en este punto adquiere otra relevancia el nombramiento de Baduí, actualmente jefa de Gabinete de Irrigación y siempre vinculada a la agroindustria. ¿Una señal sobre las obras que se priorizarán?
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En este punto, Cornejo dijo durante la campaña que, además de eventualmente financiar algo del dique El Baqueano (San Rafael), ese dinero debería utilizarse para "cuidar el agua". Literalmente, habló de "licitaciones que tengan que ver con el cuidado y la eficiencia del agua vinculadas a la agroindustria".
Aquí, por el momento no queda claro cómo se recuperaría la inversión. En el caso de una represa, la ecuación sí sería sencilla: con la venta de la energía generada, no sólo se recupera lo invertido, sino que llegado el momento se comenzará a generar ganancias.
Por otra parte, Mema recordó que ese dinero, que se empezó a cobrar en 2019, "es un resarcimiento que logró Cornejo en su primera gestión, transformándolo en un bono, pasando de 350 millones a 1.023 millones", y agregó: "Suarez logró cobrarlo, cuidarlo y mantenerlo. Y ahora hay que invertirlo y reinvertirlo. Vamos a esperar a terminar de cobrarlo".
Esto último no sería azaroso: algunos juristas, citados por referentes de Cambia Mendoza, consideran que una vez depositada la totalidad del dinero, el convenio firmado con Nación deja de estar vigente y, con ello, la obligación de invertirlo en obras de generación de energía. Entonces, desde octubre de 2024, no habría necesidad de renegociar con la Casa Rosada la finalidad de esos recursos.