Un informe del CEM señala en qué periodos aumentó, se estancó o decreció la deuda pública, expresado en pesos constantes, dólares y porcentaje del PBG. Se derriban algunos mitos.
Cómo evolucionó la deuda pública de Mendoza en la última década
"Deuda Pública Provincial 2014-2023" es el título del último informe del Consejo Empresario Mendocino (CEM) que analiza la evolución de la deuda pública de Mendoza en la última década. En el documento de 15 páginas, se indica en qué periodos creció, se estancó o bajó el endeudamiento y, para que no haya lugar a interpretaciones arbitrarias, se mide en pesos constantes, dólares y porcentaje del PBG.
Una primera conclusión del informe del CEM es que, ya sea en pesos constantes, dólares, o porcentaje del PBG, la deuda pública de Mendoza aumentó entre 2014 y 2017 (dos últimos años de Francisco Pérez y primera mitad de Alfredo Cornejo) y luego cayó "fruto del comportamiento fiscal austero y de los superávits operativos".
"El período de ordenamiento fiscal se inició en 2016 (...) Pese al cambio de tendencia, la corrección del déficit demandó tiempo y financiamiento adicional, pues recién en 2018 se logró nivelar las cuentas. Desde 2016 el peso del Estado se amesetó y desde 2020 (ya con Rodolfo Suarez de gobernador) comenzó a caer, resultando en superávits corrientes y operativos en 2021 y 2022", dice el informe.
Analizando el periodo completo, de 2014 a 2023 (los últimos datos incorporados corresponden a junio de este año), la deuda pública de Mendoza medida en pesos constantes cayó un 29%: era de $348.073 millones en 2014 y actualmente asciende a $243.975; en dólares se redujo un 28,11% (pasó de U$S 1.323 millones en 2014 a U$S 951 millones en 2023); pero aumentó si se contempla el porcentaje del PBG que representa la deuda, pasando de 7% en 2014 a 7,9% en 2022 (no hicieron proyección de datos 2023).
Sobre esto último, el informe del CEM dice: "Es importante tener en cuenta que este indicador está influido por la evolución del PBG (Producto Bruto Geográfico) por lo que, dado todo lo demás constante, si la economía crece el peso de la deuda disminuye y viceversa". Esto genera otra lectura: más allá de que aún faltan los datos del PBG de 2023, la actividad económica se ha estancado en la última década.
La deuda en dólares
Más allá de que el informe mide la deuda total de Mendoza en dólares, al convertirla a un tipo de cambio oficial ($350 hoy), para tener una referencia, hay una parte de la deuda pública que fue tomada en dólares y por lo tanto hay que pagar los vencimientos con... dólares, que la Provincia le compra al tipo de cambio oficial al BCRA.
Si bien es falsa la premisa que ha difundido el peronismo diciendo que Cornejo y Suarez aumentaron la deuda pública, cuando en realidad la redujeron, sí hay una "mini verdad" tergiversada: en diciembre de 2015, cuando asumió la UCR, Mendoza tenía una deuda denominada en dólares de U$S 461 millones y en marzo de 2023, de U$S 669 millones. En otras palabras, aproximadamente un 78%de la deuda pública de Mendoza está denominada en dólares.
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Esto genera que cada devaluación que determine la Nación impacte directamente en la capacidad financiera de Mendoza pagar pagar los compromisos de deuda.
De todas maneras, el informe del CEM destaca algo a favor que tiene la Provincia en este punto: las regalías petroleras que cobra mes a mes, y que también están atadas al tipo de cambio oficial del dólar. "Estimando regalías anuales iguales al promedio del último lustro (USD 158 MM), el ratio es siempre mayor a 1, por lo que los ingresos por regalías le permiten al gobierno cubrir el servicio de la deuda en dólares", señalaron.
También los autores del informe del CEM elaboraron una proyección mostrando cómo los ingresos por regalías alcanzarían para cubrir los vencimientos en dólares previstos para el periodo 2023-2029.
Las 10 conclusiones del CEM
1. Este informe analiza el desempeño de la deuda pública provincial entre 2014 y 2023. A junio de este año, la deuda pública total de la Administración Central ascendía a $243.975 millones (USD 951 millones). En tanto, la deuda consolidada alcanzaba los $217.722 MM (USD 848 MM).
2. Medida en pesos constantes, actualmente la deuda total de la Administración Central es 30% menor que la registrada en diciembre de 2014 y 52% menor que la deuda en 2020. Por su parte, si la medimos en dólares, la deuda es 28% menor a la deuda en 2014 y la mitad de la deuda de 2017. Por su parte, el peso de la deuda pública pasó del 7% del PBG en 2014 al 8,8% en 2015 y a 11,7% en 2017, estabilizándose en torno del 12,8% entre 2018 y 2020 para disminuir hasta 7,9% del PBG en 2022. Cualquiera sea la medida utilizada, el stock de deuda pública provincial aumentó entre 2014 y 2017, luego se estabilizó y posteriormente disminuyó hasta los niveles actuales.
3. Endeudarse no es bueno ni malo. Es bueno si contribuye a financiar el crecimiento y desarrollo de la economía, mejorando el nivel de vida y el bienestar de la población. Es nocivo si distrae recursos de políticas e inversiones públicas esenciales para pagar servicios crecientes de deuda, si financia inversiones de baja o nula rentabilidad social, o si se usa para financiar gastos corrientes. Por ello, resulta importante analizar la finalidad de la deuda, es decir, qué uso se dará a los fondos obtenidos y, también, la sostenibilidad de la deuda, que depende de: 1) la estructura de la propia deuda; 2) las perspectivas de crecimiento de la economía; y 3) la dinámica y razonabilidad de la política fiscal.
4. Al no emitir moneda, las provincias financian su déficit operativo con deuda. Por ello, la evolución de la deuda y, en particular, la emisión de deuda nueva está asociada a los resultados operativos y a la necesidad de financiarlos. Así, el análisis no puede disociarse de la dinámica y del comportamiento fiscal del Estado. El peso del Estado provincial en la economía local creció en forma paulatina desde 2004 hasta 2015, en desmedro de la participación del sector privado creador de riqueza. El período 2011-2015 fue particularmente crítico para las finanzas públicas pues, con la sola excepción de 2014, se incumplió una regla fundamental: que los ingresos corrientes sean iguales o mayores a los gastos corrientes, es decir, que se logre, como mínimo, el equilibrio corriente. Pero además, en ese período, los gastos crecieron a un ritmo mayor que los ingresos, factor clave para explicar el deterioro. El Estado provincial destruyó el resultado corriente, llevándolo de un superávit de 18% en 2005, a un déficit de 7% de los recursos corrientes en 2015, una caída de 25 puntos porcentuales en solo 10 años. Incluso la duplicación de la presión tributaria entre 2012 y 2015 fue insuficiente para equilibrar las cuentas y el deterioro del resultado corriente y del resultado operativo -que venía de antes - alcanzó máximos históricos en 2015.
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5. El período de ordenamiento fiscal iniciado en 2016 se llevó a cabo en el marco de la emergencia administrativa, fiscal y financiera del Estado provincial aprobada por Ley 8833 para los años 2016 y 2017. Pese al cambio de tendencia, la corrección del déficit público demandó tiempo y financiamiento adicional pues recién en 2018 se logró nivelar las cuentas, al alcanzar un resultado corriente de 8% de los recursos, y un resultado operativo casi equilibrado. Con ello, el peso del Estado en la economía se amesetó, mermando la necesidad de financiamiento del sector público. Luego de un 2019 con equilibrio corriente, desde 2020 el peso del Estado comienza a caer, confirmando el sendero de austeridad iniciado unos años antes y que se tradujo en superávits corrientes y operativos en 2021 y 2022. En esa dinámica, la deuda pública inicialmente creció, luego se estabilizó y posteriormente comenzó a disminuir.
6. Este ordenamiento incluyó la normalización de la deuda flotante y el financiamiento de los déficits fiscales mientras estos se iban reduciendo y se apoyó en 5 pilares: 1) emisión de 2 bonos en pesos para pagar deuda atrasada con proveedores, lo que aumentó la deuda consolidada pero redujo la deuda flotante; 2) asistencia crediticia del Banco Nación Argentina; 3) préstamos del Gobierno Nacional; 4) emisión del bono Mendoza 2021 en pesos, y 5) emisión del Bono 2024 en dólares, luego restructurado en el Bono Mendoza 2029. El aumento del stock de deuda se concentró en los años 2016 y 2017, en los que rigió la emergencia financiera de la ley 8833, estabilizándose y disminuyendo en los siguientes años. Cabe mencionar que la alta y creciente inflación registrada explica, en gran medida, la variación de la deuda medida en pesos nominales.
7. El 21% de la deuda consolidada se denomina en pesos y el restante 79% en dólares. Tanto la deuda denominada en pesos como la denominada en moneda extranjera siguieron un patrón similar de aumento, estabilización y baja. En 2023 ambos montos son menores a los de 2014 y 2017, en el marco de un comportamiento fiscal responsable que muestra superávits operativos en los dos últimos ejercicios.
8. Los servicios de deuda pasaron del 4,2% al 12% de los recursos corrientes entre 2012 y 2017, reduciéndose desde entonces hasta el 7,6% el último año. El riesgo de repago de la deuda denominada en dólares y, en particular, del bono Mendoza 2029 es bajo pues el gobierno provincial recibe regalías en esa moneda, que se calzan con los pagos programados. El ratio "regalías/servicio de la deuda en dólares", es mayor a 1, esto es, los ingresos por regalías cubren el servicio de la deuda en dólares sin inconvenientes.
9. La causa raíz del aumento de la deuda encontrarse en las medidas y en los años que destruyeron el ahorro corriente y el resultado operativo, y en el efecto arrastre que dicha situación generó. Una lección aprendida es que la austeridad fiscal y el cuidado del ahorro corriente son claves para la evolución sostenible de las finanzas y de la deuda. La primera regla fiscal de un gobierno responsable es cuidar el resultado corriente en el marco de una presión tributaria razonable y financiable. El equilibrio o superávit corriente asegura que toda nueva deuda del Estado se destine a inversiones o a la cancelación de deudas vigentes. En línea con esta idea, si por razones coyunturales las erogaciones corrientes superasen a los ingresos corrientes, debería apelarse a reservas o a fondos anticíclicos, como prevé la Ley de Responsabilidad Fiscal. Debe notarse que las sucesivas leyes de presupuesto sistemáticamente exceptuaron al Poder Ejecutivo de la obligación de constituir el fondo anticíclico establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal promulgada en diciembre de 2004.
10. Mirando hacia adelante, es necesario que el esfuerzo de austeridad fiscal se profundice, pues a pesar el trabajo realizado desde 2016, el peso del Estado y la presión tributaria duplican los registrados dos décadas atrás. El tamaño del Estado no puede ser mayor al que puede financiar el sector privado sin ahogarlo. No se trata de un Estado grande o chico, sino de un Estado eficiente que brinde servicios de calidad a los ciudadanos. En esa línea, impulsamos el cumplimiento pleno de la Ley de Responsabilidad Fiscal 7314 y abogamos por un cumplimiento mayor al registrado hasta la fecha, recordando que un nuevo proyecto fue elevado a la Legislatura este año.
El informe completo