El proyecto que presentó el ministro en el Congreso intenta compensar la pérdida de recaudación por las modificaciones en Ganancias.
Cómo es el nuevo impuesto que Massa quiere cobrar a las empresas
El ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, propuso la creación de un nuevo impuesto a la utilidad de las empresas en Argentina. Este proyecto, presentado por el oficialismo en la Cámara de Diputados y estimado para recaudar más de 1,2 billones de pesos, ha generado la rápida respuesta del empresariado argentino.
La iniciativa busca contrarrestar la disminución en la recaudación que resultará de la extensión de la exención del impuesto a las Ganancias a aproximadamente 800 mil trabajadores, y se destinaría a financiar otras decisiones del ministro como la devolución del IVA a un segmento de la población.
El proyecto, presentado en la Cámara baja por el legislador oficialista Marcelo Casaretto, se considera una parte integral del plan fiscal presentado por Massa, que apunta a reducir el déficit fiscal en un 2,24% del Producto Bruto Interno. Entre las propuestas se incluye la opción de establecer un "tipo impositivo mínimo del 15%" a grandes empresas.
Massa quiere compensar la modificación en Ganancias
El ministro de Economía aspira a que este proyecto se debata junto con el presupuesto después del 22 de octubre. Según los detalles del proyecto, las sociedades sujetas a la ley del Impuesto a las Ganancias con ingresos brutos equivalentes a las Medianas Empresas Tramo 2 deberán abonar el 15% de su ganancia contable según el balance comercial correspondiente al período fiscal correspondiente.
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El proyecto establece que este impuesto se considerará como "pago a cuenta" de dicho período, pero no podrá ser trasladado a los ejercicios fiscales posteriores ni ser objeto de compensación con otros impuestos a cargo del contribuyente o solicitudes de reintegro o transferencia a terceros.
Si bien se estima que el proyecto, en su forma actual, afectaría a alrededor de medio millar de empresas, ha generado preocupación en las principales cámaras empresariales, que temen los posibles impactos negativos en la inversión y el empleo.
El proyecto se tratará después de las elecciones
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