Habría ordenado a una empleada mantener sexo con un funcionario para hacerlo hablar y grabarlo. Por eso la imputan. El lunes se lo comunican. También imputarán a otras dos funcionarias por un episodio con un arma. Las acusaciones son derivación de la investigación de Mendoza Post.
Sexo y audios: La justicia imputa a Janina Ortiz por coacción
La justicia de Mendoza produjo este viernes imputaciones formales contra las funcionarias lasherinas Janina Ortiz, Patricia Rivero y Carolina Murúa como consecuencia de los hechos relatados en la investigación periodística de Mendoza Post y en publicaciones posteriores de este diario, respecto de un escandalosa saga que empezó con la grabación de 26 minutos a un funcionario -camino a un hotel alojamiento- en la que se relata el manejo fraudulento de contrataciones a través de cooperativas de trabajo que prestan servicios al municipio de Las Heras. Ortiz es secretaria de gobierno, pareja de Daniel Orozco y candidata a diputada por el primer distrito, por el frente La Unión Mendocina. Rivero y Murúa (directora y supervisora de relaciones con la comunidad son madre e hija, además) dependen de ella.
A partir del audio, este diario detectó e investigó entidades asociativas que le facturaron millones de pesos a la municipalidad. Dos de ellas están relacionadas al funcionario que fue grabado -sería el subsecretario de políticas sociales Osvaldo Oyhenart, que nunca lo admitió ni fue removido de su cargo- y otra más del ex asesor de intendencia Fabián Manzur a través de su hijo. Manzur es empresario y fue precandidato a intendente de La Unión Mendocina en Guaymallén, en las últimas elecciones.
Janina Ortiz, a la salida del Polo Judicial, esta semana.
La novedad de última hora es la imputación contra la secretaria de gobierno de Las Heras Janina Ortiz por coacciones (delito sancionado por el artículo 149 bis del Código Penal) y otras dos acusaciones por "coacciones agravadas por el uso de arma" contra Patricia Rivero, directora de relaciones con la comunidad del municipio, y Carolina Murúa, hija de Rivero y supervisora en la misma dependencia que su madre. En ambos casos, las víctimas son dos empleadas municipales. Una de ellas fue la que grabó a Osvaldo Oyhenart por orden de Janina Ortiz, de acuerdo a la acusación fiscal.
Las acusaciones
Mientras Mendoza Post avanzaba en la investigación periodística publicada el miércoles 14 de junio, las dos empleadas denunciantes y "coaccionadas" de acuerdo al avoque fiscal, se presentaron a la justicia y declararon la larga serie de amenazas y "aprietes" que venían recibiendo. Antes, en 2020, una de ellas habían sido víctima de un abuso sexual que también denunció, tal como contó Mendoza Post, antes de las elecciones de este año.
La acusación a Janina Ortiz es por haber sido quien presuntamente habría ordenado a una empleada, que a su vez le indique a otra que se acueste con Osvaldo Oyhenart para grabarlo, lo que finalmente sucedió. El lunes a las 09:00 el fiscal Gabriel Blanco, a cargo de la investigación, será quien le comunique la imputación a Janina Ortiz. Esta acusación se produjo en el expediente originado tras la denuncia de la empleada que grabó al funcionario. La mujer se reconoció a sí misma en el audio y señaló a Oyhenart como el otro participante de esa conversación, y contó todo lo relacionado a ese registro: una espesa trama de política, aprietes, y contrataciones probablemente fraudulentas. En ese expediente también declaró como testigo otra empleada, la que sufrió el abuso contado por el Post, y que estaba encargada de transmitir las "órdenes" de Janina Ortiz a quien finalmente se acostó con Oyhenart y lo grabó. Ambas temían perder el trabajo. En concreto, y aunque pidió instrucciones a la Fiscal Adjunta en lo Penal (Paula Quiroga, de turno), el fiscal Blanco imputa a Janina Ortiz por estos hechos: "...Janina Ortiz le mandó a decir a (...), a través de su amiga (...) que debía mantener relaciones sexuales con Osvaldo Oyenhart y que debía hacerlo hablar de todo y grabar esa conversación". Ello, bajo la afirmación de que si no lo hacía, las dos jóvenes perderían el empleo. En la acusación, el fiscal destacó la condición de funcionaria pública de Ortiz -por eso consultó a la fiscal adjunta antes de tomar una decisión- y que las empleadas estaban bajo su órbita.
Fuentes del caso dijeron que la empleada que denunció a Janina Ortiz por coacción está protegida por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, y que es inminente una medida similar con la testigo principal, la chica abusada que transmitía las "órdenes" de Janina Ortiz.
Coacción agravada con arma
La otra acusación fiscal producida este viernes fue por "coacciones agravadas por el uso de arma" contra la directora de Relaciones con la Comunidad del gabinete de Daniel Orozco, Patricia Alejandra Rivero, una funcionaria de la más estrecha confianza de Janina Ortiz, y a la vez contra su hija y funcionaria Carolina Murúa.
Tal como contó este diario luego de publicada la investigación, Rivero habría sido la encargada de "negociar" la entrega del audio que las empleadas estaban reteniendo mientras recibían amenazas. A Rivero la acusan de haber amenazado y coaccionado a las dos empleadas, quienes habrían ido a su casa a entregar el famoso audio de 26 minutos que dio pie a la investigación de Mendoza Post.
Patricia Rivero, imputada.
Hay otra imputada más por este hecho en particular. Se trata de Carolina Murúa, hija de Rivero. La acusación indica que "...mientras tenía a su disposición una aparente arma de fuego y haciendo referencia al caso Soledad Morales, al vínculo político de ese asesinato y a la posibilidad de que le pasara lo mismo a (...), obligó (a la empleada denunciante) a que le entregara un registro de audio grabado en su teléfono celular". La acusación dice que el arma "fue extraída de un mueble ubicado en el lugar, exhibida y manipulada en la reunión señalada por Dana Carolina Murúa", hija de la funcionaria Patricia Alejandra Rivero, y a la vez, supervisora municipal.
Las tres mujeres acusadas por coacción, Janina Ortiz, Patricia Rivero y Carolina Murúa, serán comunicadas el lunes formalmente de estas acusaciones. De ese modo podrán acceder al expediente y defenderse en la justicia.
El miércoles último, Ortiz declaró por la agresión callejera sufrida el martes 20 de junio.
La imputación de un delito realmente grave a Janina Ortiz tendrá repercusiones políticas. Ortiz es candidata a legislatura en la misma lista que encabezan su pareja Daniel Orozco como candidato a vicegobernador, y Omar De Marchi, como candidato a gobernador, para las elecciones generales de setiembre.
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