La convocatoria a sesiones extraordinarias causó revuelo teniendo en cuenta que desde la oposición aseguraron que se trataron proyectos vinculados a la agenda judicial del oficialismo.
Un techo, un dolor de cabeza: ni UVA ni Alquileres en las extraordinarias
En los últimos días, el Gobierno Nacional envió al Congreso la convocatoria de sesiones extraordinarias, las cuales causaron mucho ruido por la inclusión de proyectos vinculados a la agenda judicial del oficialismo. Hubo proyectos que no se trataron y quedaron pendientes.
Uno de ellos es la Ley de Alquileres, una reforma que le interesa más a la oposición que al oficialismo ya que el dictamen suscripto por el Frente de Todos no se diferencia sustancialmente de la norma vigente, más allá de que incluye un novedoso capítulo sobre incentivos fiscales para paliar la contracción de inmuebles en alquiler.
En junio del año pasado se había firmado dos dictámenes en las comisiones de Legislación General y Presupuesto donde el del Frente de Todos mantiene los tres años de plazo de los contratos y la indexación anual. En tanto, el dictamen de Juntos por el Cambio, vuelve a los dos años de plazo.
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Por otro lado, la ley para regular los precios de las locaciones de inmuebles para viviendas era reclamada por la oposición, pero la ausencia de los diputados de Juntos por el Cambio llevó a este desenlace, que fue la aprobación del dictamen impulsado por el Frente de Todos.
Otro proyecto que no llegó a tratarse en las sesiones extraordinarias fue la ley de Humedales, que establece el ordenamiento territorial y un inventario de ecosistemas húmedos en todo el país, se encuentra en una situación análoga de estancamiento. El 14 de noviembre se firmaron dos dictámenes en un plenario de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto, pero ninguno cosecha el consenso suficiente al interior de los propios bloques, lo cual frenó su tránsito en la Cámara de Diputados.
Lo mismo pasa con los dictámenes de los proyectos de "Compre Argentino", que prevén la ampliación de los márgenes de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas del Estado. Sobre este proyecto, Juntos por el Cambio rechaza la iniciativa al afirmar que el sistema propuesto habilita "sobreprecios" en las compras públicas del estado por lo que bautizaron la iniciativa con el nombre "Compre Caro".
En tanto, quedó fuera de carrera para tratarse este verano la ley de Obstetricia, propuesta que obtuvo dictamen de la comisión de Salud el 23 de noviembre pasado con apoyo transversal. La iniciativa establece un marco general y amplía las incumbencias de los profesionales de la obstetricia (por ejemplo incorporando los partos a domicilio), quienes se dedican a asistir a la persona gestante en todo su período fértil durante el embarazo, el parto y el puerperio. Esta norma apunta a rejerarquizar la profesión, que había sido rebajada a "actividad de colaboración" en tiempos de la dictadura de Juan Carlos Onganía.
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