La fiscalía solicitó 12 años de prisión para José Santos Chiófalo, quien fuera director de la escuela de música de la IV Brigada Aérea en la dictadura. Lo acusan de privación abusiva de la libertad y tormentos, entre otros delitos.
El trovador de cuyo acusado de terrorismo de estado pide libertad condicional
Este jueves, se publicó en el Boletín Oficial de la Nación, un edicto judicial del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza, "en relación al pedido de excarcelación en función de la libertad condicional formulado por la defensa técnica de José Santos Chiófalo Scerra.
El ex integrante de la conocida agrupación folklórica mendocina Los Trovadores de Cuyo, de 87 años, fue director de la banda de música de la IV Brigada Aérea durante la dictadura militar durante los años 70. Ese lugar, fue un centro de detención clandestino, y los integrantes de la banda de música eran los encargados de custodiar a los presos políticos.
En mayo de 2014, el músico fue demorado por Migraciones en el aeropuerto Francisco Gabrielli cuando se disponía a viajar a Colombia junto a la agrupación musical. Y, unos días después, por órden del juez federal Walter Bento, Gendarmería Nacional lo fue a buscar a su casa, en Guaymallén, y se lo llevó detenido acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad.
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La semana pasada, el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza la imposición de 17 condenas a prisión perpetua a ex integrantes del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Policía provincial por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas. Uno de esos acusados es Chiófalo.
El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó una pena de 12 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el músico, por considerarlo autor mediato de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas por tres hechos; privación abusiva de la libertad agravada por haber durado más de un mes en nueve hechos; y tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima en doce hechos. También lo acusó por el delito de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.
El objetivo de la publicación del edicto en el boletín oficial de la Nación es que "las presuntas víctimas, o sus familiares directos, tomen conocimiento de lo peticionado, y tengan la posibilidad de manifestarse al respecto".
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