Las corporaciones decapitan con su hacha al bien común

Hace años escuché a dos senadores nacionales explicar las bondades de una ley del libro de su autoría. Expresaron que habían conseguido el consenso de todos los sectores, luego de consultarlos y recibir sus requerimientos. La ley era buena, según ellos, porque estaban contempladas las expectativas de escritores, traductores, editoriales, distribuidores, imprenteros, papeleros, libreros, diversos sindicatos y quizás algún otro sector. Luego de reflexionar sobre lo caros que eran los libros en la Argentina y de recorrer los temas impositivos que los encarecían aún más, me aclararon que para que esos intereses expuestos fueran defendidos la norma contemplaba la creación de una comisión que dirimiera controversias.

Con ingenuidad les advertí un gran ausente en la norma: el lector. Es decir, la persona que, una vez que las corporaciones en pugna saciaran su infinito apetito, debía trabajosamente comprar un libro y, si le quedaba energía, leerlo.

Los entusiastas legisladores escucharon con incomodidad mi advertencia e improvisaron una solución: se incorporaría un lector a la comisión. Mi respuesta inmediata fue que si la comisión quedaba integrada por siete miembros, por ejemplo, todas las votaciones saldrían seis a uno. Las corporaciones se pondrían de acuerdo para salvaguardar sus intereses (en general contradictorios con el acceso barato al libro) y el individuo quedaría relegado porque el suyo no era un interés sectorial sino general, lo que se llama el "bien común". A esta altura ya la conversación era agitada y les expresé que no me parecía adecuada esa comisión para defender lo colectivo. Y así llegamos a la pregunta fatal: "¿y quién debería defenderlo?", me lanzaron desprevenidos. "Ustedes", fue mi inmediata respuesta "los ciudadanos que circunstancialmente ocupan los cargos estatales son los representantes del bien común frente a las apetencias de los grupos organizados para defender los sectoriales".

La cultura corporativa argentina es sólida, explica muchos de los fracasos del país, y nos ha marcado tan a fuego que numerosos legisladores creen que una ley es buena si satisface los intereses de los grupos implicados. No se dan cuenta de que la tarea del hacedor de las normas debería ser justamente preservar el interés general de las avideces corporativas. Les añadí un aspecto fundamental, los legisladores deberían ser lo que los escandinavos llaman ombudsman, palabra que hemos adoptado, y que es nada menos que "defensor del pueblo". Es decir, deberían defender al individuo, al ciudadano, del entendible interés sectorial, de las apetencias corporativas. Una buena ley debería, no satisfacer intereses sectoriales, sino escucharlos, entenderlos y luego hacer la mejor norma para favorecer al conjunto de los ciudadanos y, hasta cierto punto, defenderlos de la avidez corporativa cumpliendo el papel de equilibrar.

Ver: Quincho: "Perlitas" de radicales, PRO y peronismo antes del Mundial

La ley al fin salió y el libro siguió siendo carísimo hasta hoy en la Argentina. Recientemente, para empeorar más la situación, se propuso la creación de un Instituto Nacional del Libro Argentino. Un jardín de buenas intenciones que, en vez de semillas, entierra piedras infértiles. Nuestra economía es tan enferma que muchos legisladores terminan siendo involuntarios lobbistas de intereses particulares más que defensores del bien común. Y se produce el efecto paradojal: se proporciona al enfermo un remedio que, lejos de curarlo, agrava la dolencia.

Este cuadro es el que ha imperado en muchos aspectos de la vida nacional y de ahí que haya tantas instancias que se parecen a lo que María Elena Walsh caracterizó como "El reino del revés", donde "dos y dos son tres" y "un año dura un mes". Es decir, las corporaciones crean un mundo imaginario, se lo creen (o por lo menos fingen hacerlo) pero se lo imponen al resto porque presuntamente "amplían derechos", "no discriminan" o "defienden a los compañeros". Tienen salvoconductos para hacer pasar cualquier majadería sin comprobar si lo que consagran perjudica o no al conjunto.

Ese reino del revés tiene diversas manifestaciones. En estos días la difusión de la exitosa serie "El encargado" está sacando a la luz aspectos que muestran cómo funciona la trituradora corporativa. Debe hacernos reflexionar la reacción corporativa sindical ante la difusión de los once capítulos producidos por Disney. Ha sido tal la repercusión de público que ya se está grabando la segunda temporada. El titular de una denominada "Agrupación de encargados de edificios" expresó su enojo y apuntó contra la serie y contra Guillermo Francella. Vale la pena escucharlo en detalle porque muestra una curiosa manera de pensar, por la cual se transforma una ficción, con un personaje individual, en un ataque al grupo. Este es un mecanismo muy utilizado en la actividad sindical para producir una solidaridad grupal por lo que se hace aparecer como un ataque al conjunto. Con lo cual se evita dejar bajo la lupa a alguien que funciona mal detrás de la falacia de que se ataca a todos. Es una forma muy usada para esconder en el rebaño a las ovejas descarriadas, cuando se sabe que en cualquier grupo hay buenos, más o menos, malos y muy malos. Lo censurable es que este espíritu de grupo, casi indefectiblemente, crea una complicidad, un sentido de pertenencia, que casi siempre es para cubrir lo negativo. De allí que las organizaciones donde se ejercen estas visiones son como las flores con mucho polen para las abejitas sedientas. Hay que cuidar el panal. Por supuesto que en él, hay de todo, como en botica.

Otro aspecto altamente sugestivo es que el grupo que reaccionó es bastante ignoto, sobre todo si se lo contrasta con el Suterh, el poderoso gremio de "encargados" que lidera Víctor Santamaría (acá en Mendoza se dice portero, ¡que en Buenos Aires han decidido que es peyorativo!) y que en su portfolio empresarial cuenta con la friolera de 21 medios (el más célebre es el matutino Página 12) donde no se podía hasta ayer encontrar menciones a Francella o a la masiva miniserie a pesar del interés periodístico de su éxito. Este es otro método de lo corporativo (algo ingenuo a esta altura del partido, pero más sutil y elaborado) que consiste en cancelar con el silencio. Una deformación del perfil mediático del sindicato en cuestión. Los camioneros no suelen ser tan alambicados. La trama de la serie es sugestiva porque si bien se centra en un encargado (que tiene, junto a aspectos oscuros, muchos bondadosos y tiernos, como su distribución entre personas necesitadas de lo que los propietarios descartan o su protección de una señora mayor del edificio) por allí desfilan con mirada crítica militares, abogados, sindicalistas, católicos, empresarios, políticos y un largo etcétera. Pero es que la ficción (sí, la ficción) requiere de ese variado desfile de tipos humanos para desarrollarse y ser atractiva y eficaz.

En estos días hay un debate en la educación mendocina, que se podría espejar en todo el país, porque la situación de base es la misma en todo el territorio. Es el de las reformas curriculares de los Institutos de Formación Docente. Mientras la formación docente es deficitaria en general y se manifiesta en los bajos aprendizajes de los estudiantes (obviamente no la explica en tu totalidad), cualquier intento de mejoramiento es enfrentado corporativamente por quienes están dentro del sistema. Siguiendo algunos de los mecanismos típicos de las corporaciones, quienes salen al cruce de los mejoramientos olvidan aspectos cruciales. El principal es que el objeto de la educación son los chicos de las escuelas a quienes los docentes van a ir a enseñar y no quienes pueblan los institutos de formación, alumnos y docentes. Ellos están ahí porque en las escuelas hay alumnos y no al revés, como a veces parecen creer.

La Constitución de Mendoza, sabia si las hay, en su artículo 212, inciso 2, reza: "La dirección técnica de las escuelas públicas, la superintendencia, inspección y vigilancia de la enseñanza común y especial, estará a cargo de un director general de la enseñanza, de acuerdo con las reglas que la ley prescribe. El director general será también quien haga cumplir por las familias la obligación en que están los niños de recibir la enseñanza primaria y por las escuelas privadas, las leyes y reglamentos que rigen la higiene escolar."

Esto indica que es la autoridad estatal la que ejerce la dirección técnica y marca las políticas a seguir. Y de hecho es la responsable. Por supuesto que se puede, como sucedió por ejemplo con el Diseño Curricular de Primaria (que hoy es observado por el país debido a su calidad), consultar a los actores del sistema, incluso armar comisiones mixtas para que se expidan. Pero ellas son consultivas, no son vinculantes, no cogobiernan. La razón es simple y hay que explicarlo a quienes pretenden cogobernar el sistema (lo han hecho en Mendoza y lo hacen en algunas jurisdicciones con resultados calamitosos): quien está a cargo del estado carga con la responsabilidad. Las corporaciones que pretenden cogobernar no asumen ninguna corresponsabilidad en las consecuencias de su cogobierno y de allí que es tan peligroso y nocivo cuando un gobierno comparte las decisiones con ellas. Un sólo ejemplo: ¿alguna vez se han escuchado voces que reclamen responsabilidad a los gremios docentes (no a los docentes, sino a las organizaciones sindicales) sobre la tragedia educativa nacional en la cual tienen una responsabilidad muy importante? No. La razón es que mientras los funcionarios deben gobernar y dar cuentas, los sindicalistas pretenden cogobernar sin responsabilizarse de los resultados. Por eso son factofóbicos, desconocen las evidencias, y se niegan a evaluar. Y la verdad es que muchas de las deudas de la educación argentina se deben más al poder sindical docente y sus presuntas conquistas que a las políticas estatales implementadas. Incluso, muchas de estas, aún siendo beneficiosas para los destinatarios de la enseñanza, son vetadas sindicalmente. ¿No es injusto?

De ahí que hoy hay que mirar con atención los mejoramientos en la formación docente y pedir que se cuente toda la historia. La mala situación actual tiene responsables que tiraron la piedra y esconden la mano. No por casualidad la formación docente en el país es deficiente. Siempre hay que recordar que el símbolo del fascismo italiano era un haz de varas atadas con una cuerda, que sostenía un hacha. Símbolo de la unión y de la fuerza hacia el resto. Se olvida que afuera hay muchas más varas, la mayoría. No están atadas ni tienen hacha: son ciudadanos, individuos, sedientos de libertad y de derechos. Dispuestos a cumplir obligaciones, algo que la corporación suele evitar. ¡Qué estimulante sería oírlos postular la necesidad de "ampliar obligaciones"! Los derechos de todos deben ser custodiados por el estado, siempre atento al filo corporativo que apunta desafiante.