El referente libertario hizo ese comentario sobre el gremio que se atrincheró en el Ministerio de Trabajo. Por otro lado lo denunciaron penalmente.
El oficialismo quiere remover a Espert por pedir "cárcel o bala"
El bloque de diputados del Frente de Todos le solicitó este viernes a la titular de la Cámara, Cecilia Moreua, la remoción de José Luis Espert de su banca por "inhabilidad moral". A través de una carta firmada por Paula Penacca, Germán Martínez y José Luis Gioja, la bancada oficialista cuestionó al diputado de Avanza Libertad por sus polémicos dichos en los que pidió "cárcel (6 meses a 3 años) o bala" para los manifestantes del SUTNA que tomaron el piso cuatro del Ministerio de Trabajo en el marco de la negociación paritaria.
"Repudio absoluto a las expresiones de José L. Espert. Basta de violencia y amenazas emitidas por dirigentes con responsabilidades institucionales", expresó el bloque a través de una publicación en la que, además, brinda el detalle de la carta presentada ante la máxima autoridad de la Cámara Baja.
Amparados por el Artículo 66 de la Constitución Nacional y el Artículo 188 del Reglamento, solicitaron la conformación de una Comisión Especial para evaluar la conducta del diputado libertario acusado de "sistemáticamente solicitar la muerte como respuesta a cualquier conflicto, contrariando todos los principios democráticos y constitucionales que debe cumplir".
En la misma línea, los 118 indicaron que las expresiones de Espert no deben ser avaladas y tampoco "convalidadas a partir del silencio".
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"La declaración de Espert va en contra de múltiples principios constitucionales entre los que se pueden enumerar: el debido proceso, el principio de inocencia, el no prejuzgamiento, el derecho a manifestarse, a la protesta, a huelga y, principalmente, la abolición de la pena de muerta y toda especia de tormento", fundamentaron.
José Luis Espert.
Asimismo, señalaron que no se trata de un exabrupto ni un hecho aislado sino que el economista "sistemáticamente pide cárcel o bala como respuesta a diversos acontecimientos. Son decenas de publicaciones donde insistentemente propone incumplir con todos los principios constitucionales".
A su parte, enmarcaron los dichos en el contexto nacional marcado por el intento de asesinato de Fernando Sabag Montiel a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y llamaron a la reflexión de los actores políticos contra las acciones de violencia y por la preservación del pacto democrático.
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"Es el contexto delicadísimo que vive nuestra democracia lo que agrava estas manifestaciones. El intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación hace apenas tres semanas debe llamar al conjunto de quienes ejercen representación política a la reflexión. Acciones de violencia explícita que atentan contra el pacto democrático que tanto le costó a nuestra Patria suceden en climas habilitantes, en marcos donde se naturalizan expresiones de odio, denigración y deshumanización del otro", sumaron.
Por último, reclamaron que la Comisión Especial pueda proponer las sanciones disciplinarias "que el caso demanda". Y concluyeron: "Cabe destacar que la misma consigna, 'cárcel o bala', apareció también en manifestaciones de grupos violentos previos al atentado. Es necesario que nuestras instituciones repudien los discursos de odio y tomen acciones para generar climas de diálogo que fortalezcan nuestra democracia frente a quienes pretenden agraviarla".
Denuncia penal
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, denunció penalmente al diputado por "incitación a la violencia" a raíz de un mensaje en Twitter donde el legislador pidió "cárcel o bala" para los trabajadores del neumático que se manifestaban en el Ministerio de Trabajo.
"Me encuentro obligado a denunciar estos gravísimos hechos", señaló Pietragalla en un comunicado difundido por el organismo de derechos humanos. El funcionario aludió a "la historia reciente de nuestro país" y "al reciente intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", para explicar "el contexto de proliferación de discursos que incitan a la violencia" que lo llevaron a presentar el escrito ante la Justicia.
En la denuncia de la Secretaría de Derechos Humanos se destacó "la gravedad del mensaje de Espert", al que calificaron como "peligroso y antidemocrático". Además, sostuvo que si "las instituciones no funcionan" como Espert "quiere", con su mensaje el legislador demuestra que "la única opción válida es usar la fuerza letal, o sea llevar adelante una ejecución extrajudicial".
En tanto, destacó que las declaraciones del diputado "no fueron realizadas en el ámbito parlamentario" y afirmó que "no guardan relación con su tarea parlamentaria".
"No están amparadas tampoco por la inmunidad de opinión garantizada en el artículo 68 de la Constitución Nacional", agregó el comunicado. La denuncia recayó en el juzgado federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y en ella se solicitó que "se investigue el hecho como incitación a la violencia", delito que está tipificado en el artículo 209 del Código Penal.
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