El delirio de una Cristina Intocable y la guerra por la supervivencia

La historia no la estaría absolviendo y le resultará difícil limpiar su prontuario. Aunque aún queda un largo camino judicial por delante, probablemente de cuatro a seis años o más hasta que se llegue a un fallo definitivo de la Corte Suprema, el alegato acusador de nueve días del fiscal Diego Luciani y su adjunto Sergio Mola demolió el castillo de impunidad que sostiene el reino. Ahora, Cristina Fernández será condenada o no, por algunos de los delitos que se le imputan o por todos, o será declarada inocente. Quién sabe. Pero los fiscales lograron contar ordenadamente y de modo profesional lo que todo el mundo sabía que pasaba. Estaban robando.

Diego Luciani tuvo el mérito de la sencillez. En los teléfonos Iphone 6 y Huawei que le secuestraron al ex secretario de obra pública de la Nación José López, aquella increíble noche de revoleo de bolsos con dólares y armas largas en un convento, estaban los mensajes incriminatorios que permitieron desentrañar la maraña. Comunicaciones entre funcionarios del gobierno nacional, Lázaro Báez, ejecutivos de Austral Construcciones, el propio López, y muchos otros. Esos mensajes demostrarían -a criterio de los fiscales- que Cristina estaba al tanto de todo. Desde los pagos de anticipos por obras que nunca se terminaron y rutas a ninguna parte, hasta de la liquidación final de los despedidos de Austral Construcciones, la empresa de Báez que fue creada en mayo de 2003, doce días antes de que asumiera Néstor Kirchner como presidente de la Nación. Báez recibió 51 obras nacionales por 46.000 millones de pesos en obra pública de Vialidad Nacional entre 2004 y 2015. Cobró los anticipos, hubo sobreprecios, y licitaciones amañadas y sin control. El mérito de Luciani fue ordenar esas famosas tres toneladas de pruebas, y mostrar los mensajes. Y con cada serie de Whatsapp o de SMS o mails, siguió con los actos administrativos e institucionales que le dieron cuerpo al plan sistémico que mostró en nueve días de alegato.

Probablemente Cristina se sorprendió por las pruebas que mostró Luciani. También el peronismo. El fiscal logró destrozar el relato del lawfare. ¿Cuál persecución judicial, si los hechos están a la vista? 1.200 propiedades le contabilizaron a Lázaro Báez, que pasó de empleado de clase media baja de un banco, a amigo de Néstor primero, y empresario de la construcción beneficiario de la obra pública después. Su patrimonio personal creció 12.000 % y el de su empresa, hasta que se convirtió en un depósito de chatarra oxidada tal como luce ahora, un 45.000 %. Por eso, a la vicepresidenta sólo le quedaría defenderse en el campo de relato, en las redes sociales, luego de que le negasen ampliar su indagatoria en la etapa de alegatos. Podrá hablar al final del juicio, que aún -vale recordar- no está terminado. Para hoy a las 11:00 hay que esperar su nuevo descargo. Lo hará por streaming.

Cristina nunca explicó cómo el amigo cajero de banco de su marido se transformó en el empresario más beneficiado con la obra pública del país, que cobró obras inconclusas y anticipos que nadie más conseguía cobrar. Cómo Báez se volvió pronto un multimillonario con el que luego siguieron haciendo negocios. Nunca lo explicó. Sólo se ajustó a su relato victimizante. Pero los fiscales mostraron que entre Báez y los Kirchner hubo compraventa de propiedades, firma de fideicomisos, un préstamo millonario, terrenos permutados, contratos de locación y de alquiler ruinoso de hoteles, al mismo tiempo que se adjudicaba al Grupo Austral los 51 contratos de obra vial "de manera ilegal, amañada y violando todo normativa en materia licitatoria", dice la acusación.

Subestimar a la gente sería un error. Vimos el juicio en vivo. Desde que Cristina les dijo a los jueces en diciembre de 2019, que las preguntas no las iba a contestar. Que debían contestarlas ellos. Lo hizo en tono altanero, soberbio y amenazante. Se creyó absuelta por la historia y por la población. Pero eso no ocurrió. Es cierto que el alegato de los fiscales permitió que cualquier persona común, un jurado, si hubiese correspondido, podría haber entendido cómo defraudaron al Estado. Y cómo se habrían tomado las decisiones. Pero hay que recordar que los argentinos no descubrimos la relación de Lázaro Báez con Néstor y Cristina ahora, con las acusaciones de Luciani. Desde hace años se sabe de su rol. ¿O alguien olvidó su fortuna, sus 35 estancias, o más, porque nadie sabe cuántas son, como nos contó hace poco el director de OPI Santa Cruz Rubén Lasagno, que los ha investigado durante años en su propio territorio? ¿O no recordamos el video de Martín Báez -hijo de Lázaro- con su contador en "La Rosadita" contabilizando y amarrocando pilas y pilas de billetes, entre risas y vasos de whisky? El fiscal Diego Luciani mostró 18 acuerdos comerciales entre los Kirchner y Báez, cuando ya existía Austral Construcciones y ya recibía millonaria obra pública. Esos acuerdos y los mensajes que involucran a la vicepresidenta -aunque su participación directa como jefa de la asociación ilícita sería difícil de probar- más una eventual condena en este juicio, servirían para reabrir causas como Hotesur y Los Sauces, en las que Báez y otros empresarios K les alquilaban a los Kirchner hoteles completos, con habitaciones que luego nadie ocupaba.

La reacción de buena parte del peronismo al alegato de Luciani fue peligrosa. Especialmente la de los funcionarios más fanáticos. "Con Cristina no se jode" dijo el ministro camporista Andrés "Cuervo" Larroque. El piquetero Luis D'Elia llamó a cortar calles y rutas de todo el país hasta que caiga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hebe de Bonafini convocó a una pueblada y dijo "la justicia somos nosotros". Por supuesto, hay cataratas de tuits de funcionarios, militantes, famosos K como Diego Brancatelli y Pablo Echarri, y los mensajes de adhesión de Alberto Fernández y del ministro de Economía Sergio Massa. Un ciudadano cualquiera esperaría de un presidente que diera garantías de juicio justo y verdad, y de trabajo independiente de los jueces y fiscales. Por el contrario, se sumó al relato furioso, ciego, acorralado, que directamente no quiere ver. No quieren ver ni oír lo que dicen los fiscales que pasó. Repiten "no es cierto", "lawfare", "justicia macrista" hasta quedar exhaustos. Un peronismo felpudo acompañó ayer a su líder, la verdadera dueña del poder, sin cuestionar nada. El peronismo que ya nos dio lecciones de historia al barrer bajo la alfombra acciones violentas de los setenta, como los atentados y secuestros de los Montoneros, o la creación de la Triple A, ayer coronó su vista gorda a la corrupción.

La adhesión a Cristina Intocable es por conveniencia política o por fanatismo. Cristina no se toca. Con Cristina no se jode. Si la tocan a Cristina... qué quilombo se va a armar. Mal que les pese a los más fanatizados, la vicepresidenta de la Nación es una ciudadana más que debe someterse a la revisión de la justicia, como cualquier hijo de vecino, cuando se presume que la ley se ha quebrado. Pero no. Están cometiendo las exageraciones más estrafalarias. Como si la vicepresidenta fuese una santa, una soberana, una deidad que debe estar más allá de la justicia de los hombres.

La propia Cristina fomenta la desmesura. Arrinconada, habló de un "pelotón de fusilamiento mediático y judicial" en sus últimos tuits de anoche. Sinceramente, es muy difícil de creer que hay una conspiración universal que comprende a jueces, fiscales, periodistas, medios, empresarios, Macri, el campo, "la derecha", los "neoliberales", para encerrarla. Sería muy difícil organizar a todos esos grupos para que le pongan a Lázaro Baez 46.000 millones de pesos en el bolsillo, y direccionen la plata a ese teatro de operaciones que fue Santa Cruz. El fiscal cree -así lo dijo en el juicio, y mostró mensajes y contratos- que el dinero con el que beneficiaron a Báez, luego volvió por circuitos privados al matrimonio presidencial de los Kirchner, y a sus hijos. Unos 1.000 millones de dólares de la época habrían ingresado al "reciclaje" según la acusación.

Cristina no quiere ser juzgada. Mucho menos, condenada. Se pone por encima de la ley, la constitución y los jueces. "La historia ya me absolvió", le dijo a este tribunal cuando se negó a responder preguntas en 2019. Imaginaba para sí un lugar preponderante en los libros de  este país. Y aunque probablemente lo consiga, corre el riesgo de que ello sea por haber prohijado "la mayor matriz de corrupción" de la Argentina. Es un lugar incómodo contra el que va a pelear con todo lo que tenga a mano. Habrá que prepararse para una guerra a muerte (política, se entiende) por todo. Le van a meter candela a la grieta hasta que explote, porque eso es negocio también para la oposición. Una Cristina condenada es la adversaria ideal. Pero ello implica que vamos a vivir momentos tensos y peligrosos hasta las elecciones del año que viene. Anoche, la CABA no era un lugar seguro para estar circulando, por los cruces entre grupos absolutamente antagónicos.

Los argentinos -penosamente- prestamos poca atención a la corrupción cuando las cosas van viento en popa. Sólo algunas voces en el desierto, algunos periodistas, contados dirigentes políticos, se ocupan de estos asuntos cuando sobra la guita. Pero las penurias económicas que vivimos todos, la inflación, la pobreza sostenida, la falta de acceso al trabajo, y la sensación de ruina que nos invade, probablemente colaboran poco con la necesidad de Cristina de ser eximida aunque fuera por la gente. Tampoco son de mucha ayuda los fanáticos que instan a cometer actos violentos o a llevarse puesta la democracia para defender a la vicepresidenta. Hay un síntoma: Cuando hay crisis, el asco y el repudio por la corrupción se agigantan.

Resta poner en medida qué tan importante fue el alegato del fiscal, la acusación después de nueve jornadas en la que Luciani logró quedarse con la agenda mediática nacional. En lo procesal, es sólo el discurso de acusación y el pedido de condenas (12 años de prisión e inhabilitación para ella). Pasarán ahora semanas de alegatos de los defensores de todos los imputados, y luego el tribunal dará un veredicto que podría ser en diciembre o febrero. Cabe esperar apelaciones y para entonces, Cristina será senadora nacional otra vez, por la provincia de Buenos Aires. No está proscripta. Es mentira que los jueces buscan prohibir su candidatura. Perón sí estuvo proscripto. Ella será electa dos o tres veces más antes de que haya un fallo definitivo de la Corte Suprema, o se quede sin fueros. Podría ser presidenta otras dos veces antes de que un fallo final vea la luz. Nunca va a ir presa. Ese es su poder político. Y su tranquilidad. El problema es que con una condena, probablemente empiece un ciclo final del kirchnerismo luego de haber dominado la escena política del país durante 20 años, aun con la derrota frente a Macri en 2015.

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El alegato de Luciani tiene un valor simbólico que lo trasciende absolutamente. Todos sabíamos en este país que había corrupción. Pero alguien con aspecto serio, que no viene de la política, con saco y corbata en un tribunal de la Nación, finalmente lo dijo. ¿Se entiende? Alguien lo dijo. Le puso nombre, apellido, pruebas, contratos, documentación, y mensajes de texto incriminatorios a las sospechas de corrupción. Y eso funcionó como un respiro, como una válvula de escape de ese medio país que jamás votaría a Cristina ni a ninguno de sus candidatos. Además, todos recordamos que el último fiscal que iba a alegar contra la vicepresidenta -Alberto Nisman- fue probablemente asesinado y si fue así, ese crimen permanece impune. Del otro lado de la grieta, entonces, el alegato funcionó como un alivio fenomenal. No importa qué pase, o cuándo leas esto.

"Es corrupción o es justicia" dijo Luciani al final. Sus palabras, la profundidad y minuciosidad de sus argumentos, documentos y pruebas, hicieron recordar a otro fiscal, Julio César Strassera, el que acusó a las Juntas Militares en 1985. Está claro que no se puede comparar un plan de corrupción y saqueo de una banda de funcionarios y un par de presidentes, con el plan de aniquilación feroz que puso en marcha la dictadura. Pero el alivio cívico que produjo el alegato acusatorio de Luciani a buena parte de la población, tuvo efectos parecidos. Y sanadores.