Explicador: por qué pelean Gobierno y anestesistas en Mendoza

La salud pública está en crisis y se evidencia en que un 40 por ciento de las operaciones quirúrgicas en los hospitales estatales de Mendoza están suspendidas. Eso significa que hay 5 mil personas que necesitan ser operadas y aún esperan porque faltan médicos anestesiólogos para realizar estos tratamientos.

¿Por qué ocurre esto? Son 65 profesionales expertos en medicar fármacos y aplicar técnicas para garantizar la integridad de los pacientes antes, durante y luego de cada operación que pretenden ganar más y tener un sistema diferencial de cobro por las prestaciones que realizan en el sistema de salud pública. 

Estas condiciones son resistidas por el Gobierno porque se sostiene que los anestesiólogos quieren cobrar montos elevados según las estimaciones oficiales, y por encima de los demás especialistas, pero sobre todo entrometerse en la administración estatal de los recursos. Ayer, lunes 16, quedaron despejadas algunas dudas y las posiciones enfrentadas luego de que se lograra acordar entre oficialismo y oposición una ley de emergencia para el sector y que será aprobada hoy martes 17, urgentemente, según sus propios protagonistas.

El Gobierno aceptó cambios del PJ para la emergencia en anestesiología

La Legislatura de guardia

Fue una jornada de negociaciones intensas en la Legislatura mendocina para llegar a última hora con el esquema consensuado entre radicales y peronistas para que en sesiones seguidas de senadores y diputados aprueben una norma que le permita al Ejecutivo desatar este nudo que representa el conflicto gremial con los anestesiólogos.

Por eso el Poder Legislativo actuará como una "guardia" que atenderá de modo exprés este trauma de política sanitaria que se traduce en que haya tantas operaciones quirúrgicas frenadas.

Los jefes de bloques peronistas, el senador Lucas Ilardo y el diputado Germán Gómez fueron los interlocutores ante el jefe del interbloque oficialista, el radical Martín Kerchner. Esa negociación tensa por momentos, pero con cierta conciencia que se trata de un caso de emergencia social de salud, terminó siendo el filtro para morigerar el proyecto de ley original que había presentado la ministra Ana Nadal. 

La funcionaria fue la vocera del malestar oficial  con médicas y médicos especialistas en anestesiología a quienes calificó de "corporación" por originar esta traba al negarse a firmar los nuevos contratos como prestadores del Estado. 

Perfil del proyecto que será ley

Sobre el anochecer del martes se escucharon las quejas de los anestesiólogos que por primera vez se mostraron como gremio en la sede de la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA). Y luego de ese episodio, el POST tomó nota del panorama previo a las sesiones legislativas en que se aprobará la ley de emergencia. Fue Kerchner quien debutó como jefe legislativo gestionando la "guardia" parlamentaria. Hay que leer con atención los datos aportados por el legislador radical, quien advirtió que aún quedan detalles que pulir del texto que llegará al recinto en esta mañana de martes 17.

"Ha quedado firme la creación de una mesa de diálogo para monitoreo de esta emergencia. Con un plazo de 120 días renovables (de estado de emergencia). No será una carga pública para los médicos jubilados con especialidad en anestesiología. Le da la posibilidad al Ministerio de ordenar traslados de personal para cubrir la demanda. Y en la capacitación, que es lo más importante (para disponer de recurso humano en el área declarada en emergencia) faculta al Gobierno para realizar todas acciones que hagan falta, para 'abrir' la capacitación y que no haga falta que la corporación diga cuántos anestesiólogos entrarán y cuántos no. De este modo se tendrá controlado la competencia y el acceso al servicio. Lo que pretendemos es que sea un servicio de calidad pero de libre acceso".

La capacitación es un punto central tal como lo destaca Kerchner. Desde la AMA denostaron esta intención interpretando que cualquier médico podría ser anestesistas. Desde Casa Gobierno avisaron que la idea es ofrecer a emergentólogos y terapistas que realicen la formación en anestesiología.

En ese contexto político, la interna partidaria del frente gobernante Cambia Mendoza también se notó en este conflicto. Omar De Marchi jefe político del PRO en nuestra provincia junto a sus legisladores provinciales se reunió con los anestesiólogos. Lo que valió el elogio de los médicos por mantener un "diálogo constructivo". 

Los anestesiólogos en emergencia 

Fue un extenso comunicado que leyó Rodolfo Mollar, el presidente de la AMA. Fue un repudio generalizado hacia lo expresado por la "superpoderosa ministra", tal como la calificaron a Nadal los médicos que se presentaron en la sede de la entidad que los convoca.

Quedó transparentado que es la AMA el espacio de debate y estrategias de reclamo gremial que hacen los anestesiólogos. Pero se ocuparon en definir que no es la institución en sí misma la que dicta las acciones, sino que son sus socios los que votan estas iniciativas y la dirigencia de la AMA actúa como intermediaria de estas inquietudes.

El autoconvocado

Quedó claro que la inquietud está motorizada por los "autoconvocados" que es la secuencia de aquel grupo de médicos y médicas que protestaron en plena pandemia por mejoras salariales y de condiciones laborales porque no se encontraban contenidos dentro de las estructuras sindicales.  

El vocero es Arturo Salassa, médico residente afiliado a SITEA (Sindicato de Trabajadores del Estado Autoconvocados), y quien explicó la situación desde ese lugar como integrante del gremio de los anestesiólogos.

Salassa admitió que ser prestador es una elección de los profesionales expertos en anestesiología y no es una medida precarizadora del Estado.

También señaló que quieren una solución rápida a sus reclamos de haberes. Quieren ganar 65 mil pesos por guardia por fin de semana y 50 mil pesos por guardia durante la semana. Estas cifras, según el médico, son los valores acordes a lo que ganan sus colegas que hacen sus mismas tareas en hospitales de la región de Cuyo.

Y finalmente confirmó junto a sus colegas que lo que quieren es un "acuerdo" con el Gobierno para cobrar por una sola "ventanilla" y que ese rol lo ocupe la AMA como así también la administración de los servicios de acuerdo de la demanda de los hospitales. 

Este último punto es el más conflictivo y por el cual el Gobierno no está dispuesto a ceder porque considera que es una pretendida intervención de los anestesiólogos en su responsabilidad de ejercer la gestión y la política de salud para Mendoza.