El juez rechazó la intervención de Derechos Humanos en la causa de Pablo Vallejos, un hombre de 31 años que resultó gravemente herido en medio de un asalto. Habían pedido flexibilizar la consigna policial en el hospital para que la familia estuviese más presente.
El motochorro internado en el Central no tendrá beneficios
Gabriel Bragagnolo, juez de primera instancia, rechazó la intervención de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia en el caso de Pablo Andrés Vallejos. El hombre de 31 años se encuentra internado en grave estado en el Hospital Central pero es considerado un delincuente peligroso y está acusado de asesinatos y robos: había pedido su libertad y eso generó posturas diversas.
La Dirección de DDHH y desde la organización Xumek habían pedido la libertad de Vallejos: se encuentra muy delicado, con custodia policial y penitenciaria, y pidieron que tenga más acompañamiento y cuidado de su familia. La Justicia rechazó el pedido al entender que puede existir el riesgo de entorpecer la instrucción al momento de recuperarse. La fiscalía explicó que no se vulneraron sus derechos y continúa en contacto con su familia.
Vallejos fue baleado a fines de febrero por policías luego de una entradera en Guaymallén. Su salud empeoró al contraer pulmonía y entrar en coma. Está acusado por el crimen de un chapista en Las Heras (2021) y de diversos robos. Tiene casi 15 antecedentes delictivos.
El delincuente seguirá internado en calidad de detenido.
Hace días, el senador nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, escribió: "Estas son consecuencias de la escuela de Justicia Legítima y su oficina de Derechos Humanos, junto con los abogados sacapresos de Xumex que, aunque lo nieguen, son más militantes K que abogados o jueces. Todos integran las huestes del garantismo, que a través de este tipo de peticiones buscan proteger al victimario y no a la víctima. La regla general es la libertad, sin importar el accionar previo. No les interesa el dolor de las víctimas ni el de sus familias, la seguridad de los testigos ni el peligro que implica que estas personas reciban privilegios de este tipo".
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"Se le está diciendo al que delinque que incumplir la ley no tiene un costo. La obligación del Estado es hacerle perder al delincuente los beneficios de la libertad. Este gobierno piensa que los sospechosos de delitos graves y más aún los que tienen antecedentes comprobados, como en este caso, deben estar privados de la libertad, sin excusas", agregó.
Cornejo se había quejado del pedido de liberación de Vallejos.
"Si queremos mejorar la convivencia y la seguridad de la provincia, debemos defender el funcionamiento de una Justicia eficaz y eficiente, que haga cumplir estrictamente la Ley. Esto es comprometerse y trabajar en la defensa de los Derechos Humanos de todos", finalizó.
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