Los intendentes del PJ estarían preparando un recurso contra la obligación de rendir el 30% de lo que reciben en financiamiento educativo para infraestructura escolar. Los radicales también se quejan. Por qué el enojo. Qué dicen el gobierno, y en el gremio de maestros.
Crece la pelea por quién paga el arreglo de las escuelas en Mendoza
El jueves, mientras estaban reunidos la nueva conducción del SUTE y las autoridades de la Dirección General de Escuelas con José Thomas a la cabeza, algunas directoras de esas de guardapolvo blanco mandaron a los sindicalistas fotos del estado penoso de sus establecimientos. Una de esas imágenes -que ilustra la foto principal, arriba- es de la Escuela Albergue 4-254 de San Miguel, Los Sauces, en Lavalle. La discusión que transcurría en ese momento en la mesa era, justamente, por el relevamiento edilicio de los 1.350 edificios escolares que tiene Mendoza. En muchos de ellos, conviven dos escuelas. Thomas se quedó con las fotos y las envió al Ministerio de Infraestructura de la Provincia, que son los que operativamente deben resolver el problema. Esa reunión del jueves pasado fue la primera entre las nuevas autoridades del SUTE -de extracción peronista- y el gobierno escolar.
Luego de dos años de pandemia y pese a que en 2021 hubo más presencialidad que virtualidad en la provincia, el estado de las escuelas es una discusión caliente. Mucho más, quién debe pagar.
El año pasado, exactamente el domingo 26 de diciembre, informamos en nuestra columna política del "Quincho..." que el gobierno había puesto en marcha un operativo para obligar a los intendentes a que rindan en gastos de infraestructura escolar, el 30 % de los fondos de Inversión Educativa que recibirán como coparticipación de los 25.682 millones de pesos que van a llegar a la provincia este año. Ese dinero viene de un fondo federal que se compone desde el año 2005 con mayor participación de las provincias, el gobierno nacional y la CABA en la Ley de Financiamiento Educativo. De esos 25,6 mil millones, el conjunto de los intendentes mendocinos recibirán este año 4.828 millones de pesos. La ley obliga a los municipios a rendir el 100 % de esos gastos en materia educativa. Sin embargo, hay discusión porque en la ley de presupuesto provincial que se votó para este año, se impone a los intendentes usar el 30 % de ese dinero en infraestructura escolar. Es decir, en que las escuelas de Mendoza estén en condiciones edilicias, sanitarias, de servicios, luz, gas, internet, como para albergar en los 1.350 edificios disponibles a una población de casi 600.000 personas entre alumnos, docentes y no docentes del sistema público mendocino. El asunto es que con esta cuenta, cada Municipio debe rendir el 30 % de esos 4.828 millones para arreglar escuelas, de acuerdo al siguiente detalle:
Un cuadro con estas cifras les fue mostrado a los intendentes y a sus colaboradores el viernes 3 de diciembre en el marco del Consejo Tributario de Mendoza, que cerraba el año. En este consejo están el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Mendoza, la ATM, las áreas de Hacienda de los municipios, y las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de las cámaras de senadores y de diputados de la provincia. Pero las protestas no empezaron sino hasta varios días después, cuando desde Hacienda empezaron a llamar a los municipios para "recordarles" esta obligación. Y los intendentes de inmediato les "quemaron" el teléfono a José Thomas, el titular de la DGE, y al ministro de Infraestructura Mario Isgró. La escalada de protesta tuvo un impasse por las fiesta de fin de año y las vacaciones, pero recrudecieron en un brindis previo a la Vendimia de La Paz, el jueves 14 de enero. Esa tarde, los intendentes peronistas Martín Aveiro, Roberto Righi, Matías Stevanato y el radical de San Martín Raúl Rufeil, le reclamaron fuerte a Isgró, que poco y nada podía hacer. Los peronistas no se conformaron con la protesta, y están analizando montar una pelea judicial por esos fondos. La tarea de armar la estrategia en los tribunales y luego compartirla con los intendentes habría recaído en el intendente de San Rafael, Emir Félix. En el gobierno se enteraron al leer nuestro primer "Quincho" del año ayer, y están que trinan. "Lindo mensaje político, no querer arreglar las escuelas". Los jefes comunales de Cambia Mendoza no se quedaron atrás. Llamaron, preguntaron, se quejaron. Cuentan que uno de los más vehementes habría sido el intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias. Su departamento debe aportar 185 millones de pesos. Pero habría argumentado que el municipio gasta más que esa cifra cada año en arreglos de escuelas que debería hacer el gobierno provincial. En el municipio aclararon que lo del intendente no fue una "queja". Sino que fue "...uno de los que más apoyó la decisión. A las inversiones ya planteadas en materia de Jardines Maternales -SEOS- donde tenemos uno en construcción avanzada desde cero y otro con una remodelación integral, le sumamos una licitación de otro más. Además de eso, estamos preparando dos licitaciones de aproximadamente $ 50 millones cada una para abordar las reparaciones que nos indique la DGE." dijeron. Y afirmaron que como todos los municipios, desconocían el origen de esos fondos porque "nos llegaban sin especificar, pero aclarado el tema nos pusimos manos a la obra".
Otra fuente en este caso del gobierno, dijo que esta semana darán a conocer -aparte de estas cifras- cuánto gasta la administración provincial en arreglos de edificios escolares. El total de esa suma para este año era de 2.700 millones de pesos, a lo que se agregan los otros 1.450 millones que estarán poniendo los intendentes. Todos los municipios gastan en arreglos escolares. Lo que ha hecho ahora el gobierno provincial es ponerles un "mínimo".
Escuela Albergue 4-254, en Lavalle.
La pregunta es por qué los intendentes peronistas no quieren rendir ese dinero en infraestructura escolar. Algunos, porque ya tenían destino para esas partidas que de todos modos deben asignar a la educación. Y otros, porque ya utilizan esa plata y más para arreglos en las escuelas. ¿Por qué lo hacen? Porque las directoras, que en algún caso han sido maestras de los intendentes y sus funcionarios, o de algún ministro, los mantienen "conectados al inflador" con el estado de los edificios. Y allí van los intendentes, y resuelven el problema. El intendente de Maipú Matías Stevanato, uno de los que no pelea con el gobierno en público, les dijo a los funcionarios de Suarez que su municipio gasta en arreglos de las escuelas bastante más que los 128 millones de pesos que ahora le piden que rinda. En el gobierno, en tanto, dicen que debe "blanquearse" esta situación.
El problema no parece tener solución inmediata, y habrá que ver si finalmente los jefes peronistas presentan un amparo u otro tipo de recurso para destinar esos fondos de origen federal, a la inversión educativa que mejor le parezca a cada municipio, sin necesidad de estar reemplazando inodoros, canillas o lo que sea en las escuelas.
El estado de los edificios
No habría un real relevamiento completo del estado de las escuelas plasmado en un documento de consulta. Más bien, es una tarea permanente y que tiene un sistema para resolverlo. Las directoras de las escuelas deben comunicar a la DGE las roturas o problemas edilicios que tienen. Un área de la DGE circula la demanda al Ministerio de Infraestructura, que se encarga de los arreglos. Ya sean urgencias, como tareas más profundas. La prioridad es que las escuelas estén habitables. Hoy se está trabajando en la reparación de 200 de los 1.350 edificios, los que están en peores condiciones.
Algunas escuelas necesitan arreglos profundos. Esta imagen es de un establecimiento de San Rafael.
"Muchos de los edificios tienen décadas. Y si bien algunos están casi impecables, en otros hay problemas de habitabilidad. Estamos trabajando en unos 200 edificios y aunque vamos muy jugados con el tiempo, creemos que vamos a llegar" se sincera un funcionario. El grueso de la población escolar regresa a las aulas el 21 de febrero, en exactamente tres semanas. Por eso, desde el Día de Reyes hay artículos escolares y de librería hasta en los supermercados. La misma fuente dijo "Estamos ordenados... los padres, los intendentes, no tienen que intervenir en el proceso..." dijo.
En el SUTE no están conformes con el estado de las escuelas. No tienen un relevamiento propio -acaban de asumir- pero dicen que hay más escuelas en peor condición que la aceptable, que las 200 en que se está trabajando.
Quincho: La peor semana del gobierno, la vuelta de Suarez, el acuerdo FMI
Faltan tres semanas para el inicio de clases, y ya hay una polémica fuerte. Por cuántas son realmente las escuelas que necesitan reparaciones, y finalmente, por quién paga qué parte de la cuenta.
