Acusan al Presidente de eventuales irregularidades en la compraventa de una minera, reveladas por los denominados Pandora Papers.
La oposición chilena oficializó inicio de juicio político contra Piñera
Un grupo de diputados de la oposición oficializó este miércoles el inicio del proceso de acusación constitucional (juicio político) contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, por su presunta vinculación en el caso de la venta de acciones de la minera Dominga mediante paraísos fiscales, revelado por la investigación internacional llamada Pandora Papers.
El pedido fue firmado durante una conferencia de prensa en la sede del Congreso por 15 parlamentarios de todos los sectores de la oposición, quienes expresaron que esperan que el trámite se vote antes del 21 de noviembre, día de las elecciones presidenciales.
Para ser aprobada en Diputados, la acusación debe tener 78 votos a favor (sobre 155), para luego pasar a segundo trámite en el Senado, donde debe ser aprobada por dos tercios (29 votos a favor de 43 senadores).
El texto acusatorio propone iniciar un juicio político contra el mandatario "por los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor a la nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes".
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El socialista Jaime Naranjo dijo durante la presentación que "el Presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en su principio de probidad y ha comprometido gravemente el honor de la Nación".
Este documento tiene el respaldo de toda la oposición, de mayoría en la Cámara de Diputados, indicó el jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Gabriel Ascencio.
"Subo mi apuesta, creo que no sólo tendremos todos los votos de la oposición, sino que además contaremos con todos los votos del oficialismo", afirmó el legislador.
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Este no es el primer intento de juicio político que interpone la oposición contra Piñera, ya que en diciembre de 2019 se presentó una acusación constitucional contra el mandatario por violación a los derechos humanos en el estallido social de octubre de ese año.
La acusación fue aprobada con 79 votos a favor y tuvo 73 en contra, pero Diputados acogió una "cuestión previa", según la cual el libelo (pedido del juicio político) no cumplía con los requisitos y por lo tanto la iniciativa no prosperó.
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