El fiscal Marijuan, que investiga el nexo entre el gobierno y el laboratorio privado que trajo la vacuna británica, intimo a la ministra de Salud a que no modifique el contrato.
La Justicia intimó a Vizzotti a no prorrogar el plazo de entrega con Astrazeneca
El fiscal Guillermo Marijuan intimó a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, a que no haga ninguna modificación en el contrato que el estado Nacional firmó con el laboratorio AstraZeneca.
La advertencia es porque el fiscal prevé que podrían firmar una prórroga del plazo firmado originalmente por la compra de 22,4 millones de vacunas al laboratorio Británico pero cuya entrega está retrasada.
Fuentes judiciales señalaron que esa prórroga "no correspondería, porque se debería aplicar una multa por los plazos incumplidos", no hacerlo significaría hacerle perder dinero al Estado Nacional.
El contrato con ese laboratorio está siendo analizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) y, por las demoras en la entrega de vacunas, es investigado en Comodoro Py.
Vizzotti debe avisar al juzgado si piensa dar una prórroga
A AstraZeneca se le requirieron un total de 22.429.842 de dosis. A la fecha la Argentina ha abonado el 55,68% del total del contrato, aunque, el mismo se trata de "un contrato de pago anticipado", según explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuando fue citado a declaración testimonial por Marijuan en el mismo expediente.
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A la fecha, nuestro país recibió la cantidad de 2.992.200 dosis entregadas, apenas por encima del 10% de lo pactado.
Si bien Cafiero sostuvo que "el período de inicio de cumplimiento para la entrega de vacunas se pactó para el primer semestre 2021, con lo cual las entregas registradas se encuentran dentro del período de cumplimiento previsto", después habló sobre "la demora en las entregas de vacunas", y que la misma "ha sido una situación constante para todos los productores (ya sea laboratorios privados o producción pública) y para todos los Estados adquirentes".
Mientras la fiscalía busca desentrañar estos lazos y el motivo por el que se retrasaron las entregas acordadas de vacunas, envió una intimación a la ministra Vizzoti, para plantear que no se deben realizar modificaciones en el contrato con Astrazeneca "sin previo aviso a la justicia".
Con el calendario llegando a la finalización de los plazos y sin la totalidad de las vacunas acordadas en el país, los investigadores temen que el Gobierno avance en la firma de una prórroga sobre los tiempos de entrega. "En realidad el Estado debería aplicar una multa por los incumplimientos", explicaron fuentes judiciales a Clarín.
La Justicia busca evitar un "mayor perjuicio para el Estado" en caso de conceder una prórroga a favor del laboratorio.
Marijuan investiga los nexos políticos y empresariales alrededor del contrato con AstraZeneca
Este expediente comenzó con una denuncia contra Alberto Fernández, el ex ministro Ginés González García, su sucesora Vizzotti y otros dos funcionarios del ministerio de Salud, por supuesto abuso de autoridad, malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública.
El fiscal hasta ahora ordenó la presentación de información y documentos sobre el cuestionado contrato por parte del ministerio de Salud y también del laboratorio argentino mAbxience, del empresario farmacéutico Hugo Sigman.
El rol de Sigman está bajo la lupa, pues funcionó como nexo entre el Gobierno y AstraZeneca, a la que prestaría servicios en el marco de este contrato. Se analiza en consecuencia, el histórico vínculo de Sigman con el kirchnerismo -y con el ex ministro de Salud Ginés González García- y la presencia de la funcionaria Sonia Tarragona.
Tarragona debía negociar el contrato con Pfizer
"Las negociaciones con el laboratorio Pfizer -que quedaron truncas- fueron delegadas por el ex ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que antes había trabajado para Hugo Sigman, vinculado a su vez a AstraZeneca. Es decir, un competidor directo, lo cual podría implicar una violación a la ley de Ética en la función pública", dice la denuncia judicial firmada por Josefina de Elizalde, en representación del "espacio ciudadano apartidario" Acción Conjunta Republicana.
Fuente: Clarín
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