El Congreso hondureño endureció los impedimentos para que el aborto sea legal en ese país. Es uno de los más restrictivos ya que ni siquiera puede realizarse en riesgo de vida o en casos de violación.
Qué pasó en Honduras y por qué se impidió la legalización del aborto
Este jueves el Congreso de Honduras aprobó una reforma Constitución que endureció la prohibición del aborto, vigente desde 1982, pese a las presiones de organizaciones feministas y expertas de Naciones Unidas.
La reforma del artículo 67 de la Constitución "considera prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida por parte de la madre o un tercero al que está por nacer" y, a partir de ahora, esta norma "solo podrá reformarse por una mayoría de tres cuartas partes de los miembros del pleno del Congreso Nacional".
Con esta reforma, "lo que hicieron fue elevar a pétreo el artículo del aborto porque nunca se va a poder reformar si se necesitan 96 votos" de los 128 que tiene el Congreso, explicó la diputada opositora, Doris Gutiérrez, en diálogo con medios internacionales.
Mujeres hondureñas marchando el último 8 de marzo con pañuelos verdes.
Los diputados no cambiaron su opinión pese a las movilizaciones en las calles de organizaciones feministas y de que expertas en derechos humanos de Naciones Unidas condenaron esta semana desde Ginebra la reforma y advirtieron que "bloquearía cualquier posible progreso en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer y niñas en Honduras".
Se trata de Elizabeth Broderick (Presidenta), Melissa Upreti (Vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Rada y Meskerem Geset Techane; miembras del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra mujeres y niñas; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Dubravka Simonovic, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
En el comunicado resaltaron que en Honduras "una de cada cuatro niñas ha estado embarazadas al menos una vez antes de cumplir los 19 años". Honduras tiene la segunda tasa más alta de embarazos adolescentes entre los países de América Latina y en zonas rurales la tasa de esos embarazos alcanza el 30%.
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Además, Honduras es uno de los pocos Estados en el mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida y/o la salud de las mujeres embarazadas está en peligro y en casos de malformación grave del feto.
"La penalización del aborto y la obligación de las y los profesionales de la salud de informar sobre los casos de mujeres cuyas lesiones parecen estar relacionadas con abortos inseguros, han derivado en el encarcelamiento de mujeres", dijeron las expertas. Estas denuncias de las y los profesionales de la salud también pueden disuadir a las mujeres que sufren un aborto espontáneo o complicaciones relacionadas, de buscar la atención médica necesaria, poniendo así su vida en peligro.
La ley vigente también prohíbe el uso, la venta, la distribución y la compra de anticonceptivos de emergencia, con las mismas penas de prisión que el aborto. "La falta de accesibilidad a la anticoncepción, particularmente en las zonas rurales, junto con la prohibición de la anticoncepción de emergencia, contribuye a una alta tasa de embarazos forzados, incluidos embarazos de adolescentes", dijeron.
"Las leyes restrictivas sobre el aborto aumentan las tasas de mortalidad y morbilidad materna debido a los abortos en condiciones de riesgo y no son eficaces para reducir la tasa de abortos", dijeron las expertas.
"El número de abortos inseguros en Honduras podría ser de entre 51.000 y 82.000 por año", estimaron. De acuerdo con los estándares internacionales, el acceso a los servicios de aborto seguro y legal debería asegurarse, al menos, en casos de violación o incesto, cuando la vida y/o la salud de las mujeres embarazadas esté en riesgo y en casos de malformación fetal grave.
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En diálogo con el portal Latfem, la abogada Grecia Lozano Carrasco integrante del equipo legal de la plataforma Somos Muchas en Honduras y Directora de Estrategia Legal en Optio, hizo hincapié en el camino por delante: "Este es un año electoral y como feministas estamos obligadas a garantizar sacarlos del gobierno. Si ellos declaran la guerra las mujeres nos toca defendernos. Este es el último año que están en el gobierno y esta es la última legislatura. Si no lo aprobaban ahora tenían que discutirlo después del 25 de enero para aprobarlo y hasta el 2022 para ratificar. Como en noviembre son las elecciones generales quizá ellos ya no van a estar en el poder".
Chile
El mismo día de la votación en Honduras, el gobierno chileno también ratificó su oposición a la legalización del aborto. Durante la segunda jornada de discusión en comisión de un proyecto de ley para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, aseguró: "Nuestro Gobierno no contempla impulsar o respaldar un proyecto de esta naturaleza. El Gobierno del presidente Sebastián Piñera va a proteger la vida siempre desde la concepción".
Se espera que el proyecto sea votado en tres meses y pretende modificar el Código Penal. La actual Constitución, que rige desde 1980, impide que los parlamentarios puedan presentar proyectos de ley que incurran en gasto fiscal, como la legalización del aborto, siendo prerrogativa exclusiva del Presidente de la República.
Por ello, el proyecto que se está discutiendo contempla sólo modificar el Código Penal para permitir que las mujeres puedan practicarse un aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación.
En Chile rige una ley de aborto aprobada y promulgada en 2017, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), que permite la interrupción voluntaria del embarazo solamente por tres causales: el riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación.
En relación a este punto, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, Maite Orsini, dijo que desde la entrada en vigencia de la ley de 2017, se han practicado 1.813 abortos en el país, de los cuales 572 han sido por riesgo de vida de la madre, 874 por inviabilidad del feto y 367 por violación.
Por su parte, la abogada de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) Bárbara Sepúlveda indicó que entre los años 2007 y 2018 el total de imputados por delitos de abortos llegó a las 2.047.
