El proyecto que trasciende la grieta

El debate por la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) generó grietas pero también lazos entre legisladores y legisladoras que se posicionaron de una vereda y de otra sin considerar sus pertenencias partidarias.

Si bien la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito ha presentado proyectos en numerosas ocasiones en los últimos años, el texto que el presidente Alberto Fernández envió al Congreso este martes contempla aspectos que salieron a la luz en el debate de 2018 como la posibilidad de objeción de conciencia y la penalidad para quienes realicen la práctica fuera de las 14 semanas, siempre que la mujer o la persona gestante no haya sufrido un abuso o esté en peligro su vida.

La abogada Soledad Deza, miembro de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, en diálogo con el Post apuntó que no es posible aprobar un proyecto que no penalice en ninguna circunstancia la práctica no existe en ninguna parte del mundo. En esa línea, vale decir que desde el año 1921 el aborto es legal cuando se ha cometido una violación o está en peligro la vida de la mujer y muchas veces se obstaculiza su aplicación.

Con respecto a la objeción de conciencia, la letrada aseguró que aunque hubiera preferido que no esté en el proyecto, regularlo es garantizar la atención en urgencias y en el abordaje postaborto.

Los diputados nacionales serán los primeros en debatir el proyecto. En representación de Mendoza, las diputadas Claudia Najul (UCR) y Marisa Uceda (FDT), demuestran que las grietas se desdibujan cuando se trata de ampliar derechos de las mujeres y personas gestantes. Las dos dialogaron con este medio para exponer sus argumentos de su voto a favor de la legalización de la interrupción del embarazo.

Ver también: Aborto: diferencias entre el proyecto del colectivo feminista y el de Alberto

En primer lugar, las dos acuerdan en que los abortos clandestinos son una problemática de salud pública que se lleva la vida de miles de mujeres todos los años. Uceda hace hincapié en que "el Estado debe hacerse responsable de que todas estas personas no vean obstaculizado su derecho al acceso a la salud y a una atención médica adecuada, segura y gratuita si desean por decisión propia interrumpir su embarazo. El Estado debe garantizar igualdad en el acceso a este derecho". Al respecto, Najul agrega: "mueren mujeres todos los años por abortos clandestinos; afectando principalmente a quienes no tienen recursos y arriesgan su vida ante la interrupción de un embarazo".

La diputada nacional por el Frente de Todos agregó entre sus argumentos que votará a favor porque: "Hasta hoy, la posibilidad de acceder a una práctica de interrupción voluntaria del embarazo en condiciones seguras es un privilegio de quienes pueden pagar fortunas en algunos consultorios privados. No podemos como sociedad seguir condenando a la muerte a quienes desean acceder a esta práctica y por no tener los recursos económicos suficientes recurren a prácticas inseguras que anualmente se cobran miles de vidas jóvenes".

"Como legisladora nacional, formando parte de uno de los poderes del Estado, siento la enorme responsabilidad de legislar pensando contribuir a la reducción de una causa de mortalidad que puede prevenirse. Con esta ley, el Estado no pretende obligar a interrumpir sus embarazos a quienes no lo deseen. Pretende que quienes decidan hacerlo, tengan la posibilidad de concretarlo en condiciones seguras, sin poner en riesgo su salud y sus vidas", concluyó.

Ver también: Tres motivos para estar a favor de la IVE

Por su parte, la legisladora radical y ex ministra de Salud de Mendoza sostuvo: "la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en ningún país ha incrementado la cantidad de abortos, la legalización no incentiva la práctica sino que la vuelve más segura y transparente. Lo mismo que salvando la distancia sucedió en los ´80 con la ley de divorcio vincular y en 2010 con el matrimonio igualitario, no son leyes promotoras sino reparadoras".

Najul también resaltó que este proyecto está acompañado del Plan de los Mil Días: "es una iniciativa que se complementa con el proyecto de los 1000 días, el cual incluye un proceso de acompañamiento a las personas gestantes para evitar que motivos de naturaleza socio económica, la falta de contención emocional o recursos de distinta naturaleza, se conviertan en motivos exclusivos para interrumpir el embarazo. Esto es trascendental, lejos de promover el aborto, busca evitarlo".

Finalmente, la diputada nacional aseguró: "esto no es un tema moral o ético, sino de equidad; personalmente creo que la sociedad es más justa cuando instrumenta herramientas para garantizar mejores condiciones de vida para todos y todas, y porque la clandestinidad, en todos los órdenes de la vida siembra inequidad, injusticia y negociados que no podemos permitir, más aún cuando se trata de temas de salud", nuevamente acercándose a su colega.

Entre los diputados nacionales también se conocen algunas posturas. La última en declarar su preferencia y confirmar su voto a favor de la ley que envió el Ejecutivo fue Jimena Latorre pero quien aún no ha hecho declaraciones al respecto es el presidente de la UCR y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. De los radicales, Federico Zamarbide y Luis Petri se espera que repitan su voto en contra al igual que el demócrata Omar de Marchi quien militó fervientemente en contra del proyecto en 2018.

Desde el partido oficialista, Alejandro Bermejo se ha expresado más a favor que en contra en ámbitos privados a pesar de que su hermano Adolfo sí ha hecho pública su postura en contra de la legalización del aborto al igual que Omar Félix quien se espera vote en contra. Finalmente, José Luis Ramón, por fuera del bipartidismo, se espera repita su voto en contra del proyecto como hace dos años.