El Procurador de la Corte también dijo que la policía debería haber actuado de oficio en el momento que se producía la transgresión al artículo 205 del Código Penal.
Para Gullé no se justifica el banderazo si se puso en riesgo la salud pública
El Procurador de la Corte y jefe del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé advirtió a Canal 9 las medidas judiciales por lo ocurrido en San Martín y Garibaldi el jueves 9 cuando unas 500 personas se reunieron para protestar contra el Gobierno nacional.
La fiscal Gabriela García Cobos buscará los registros de los medios de comunicación para detectar a las personas que transgredieron el artículo 205 del código penal que establece sanciones por no respetar las medidas para preservar la salud pública.
Gullé estuvo haciendo estas declaraciones en directo por vía remota para la señal televisiva. El jefe de los fiscales entiende que se debe priorizar el criterio de la alerta sanitaria declarada por el Gobierno de Rodolfo Suarez. "Es cierto que algunos pueden sugerir que hay tensión fuerte entre el derecho a la protesta, a manifestarse, a transitar. Pero acá no hay derechos absolutos. El ejercicio de los derechos están regulados y en esta situación particular la reglamentación está dada por estas restricciones. No puede haber excepciones de ninguna naturaleza", puntualizó.
El Procurador junto al gobernador Suarez.
Gullé entre comillas
"Las cámaras nos dan pruebas objetivas de lo que pasó, más allá de los dichos del personal policial o de un testigo".
"Estamos en alerta sanitaria. Debemos tener conciencia que el decreto que prohíbe reuniones en la vía pública no ha sido derogado, por lo que sigue vigente".
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"Estamos en una situación donde se puede escapar el tema sanitario, por lo que se ha venido luchando hasta ahora. No vale ningún tipo de justificación para una acción de esta naturaleza".
"La policía puede actuar de oficio, está facultada y tiene atribuciones. Puede y debe intervenir cuando se esté cometiendo un delito in flagrancia", señaló.
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