El estudio fue elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. Con el aporte de las grandes fortunas el Estado podría recaudar unos u$s 3.000 millones.
Difunden que el impuesto a los ricos cubriría 21 millones de IFE
La recaudación por el aporte especial a las grandes fortunas que se debate en el Congreso permitiría financiar casi 21 millones de ingresos familiares de emergencia (IFE) de $10.000, según un informe privado difundido este martes.
Por este gravamen especial, que se aplicaría por única vez, el oficialismo espera recaudar unos u$s 3.000 millones, que representarían $ 210.000 millones al tipo de cambio oficial.
El estudio, elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, indica que lo recaudado "equivaldría también a 5.622 hospitales modulares". Puntualiza que se podrían cubrir 20,8 millones de beneficios correspondientes al ingreso familiar por emergencia y a 12,3 millones de jubilaciones por mes.
Por otra parte, el informe indica que "la presión tributaria argentina (del total de impuestos) se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE".
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"Si bien la alternativa de un impuesto que grave solamente una pequeña porción de la población incluso muy menor a la que ya tributa por bienes personales parece una decisión socialmente justa no está exenta de críticas", afirma.
Para la UNDAV, "suele instalarse que la Argentina cuenta con una carga tributaria general excesivamente alta, pese a que las estadísticas internacionales no van en línea con dicha afirmación".
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"A partir de la crisis global económica y sanitaria del coronavirus, con el aumento exponencial de los gastos fiscales de los distintos gobiernos mientras caen a la par las economías y las recaudaciones, comenzaron a surgir, en varios países del mundo, planteos sobre impuestos, contribuciones excepcionales o aportes patrióticos que recaigan sobre los sectores de mayores ingresos y patrimonios", explica el estudio.
El diputado Carlos Heller es el autor del proyecto.
Según el informe, "el Estado proyecta gastar, hasta el corriente mes, el equivalente a cerca del 10% del PBI entre políticas de expansión financieras, fiscales y gastos corrientes, incrementadas enormemente desde marzo".
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