El ex presidente fue acusado este viernes junto al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas.
Las claves para entender por qué acusan a Macri de espionaje
El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy investigar la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) respecto a un presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos durante la gestión del presidente Mauricio Macri.
El integrante del Ministerio Público impulsó la investigación en un dictamen presentado ante el juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi y en el que también pidió una batería de medidas de prueba.
A través de su interventora, Cristina Caamaño, la AFI había presentado días atrásuna denuncia penal a partir del hallazgo de información de correos electrónicos que habrían sido "pinchados" y aportó el listado de más de 80 personas que habrían sido víctimas del espionaje ilegal.
La causa
En la denuncia, Caamaño había remarcado que, en su calidad de presidente de la Nación, Macri fue "el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional".
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
Al explicar cómo se encontró la información, en la denuncia se había señalado que durante las tareas de relevamiento de la agencia de inteligencia se había encontrado un disco rígido marca Western Digital, en el que se hallaron rastros digitales que daban cuenta de la conexión de dispositivos externos en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales entre otros.
Ver: La AFI denunció espionaje ilegal en la era Macri y difundió el listado
Al analizar el dispositivo surgió que estaba borrada la información pero no de manera segura, razón por la cual fue posible reestablecerla con algunas falencias y recuperar datos que permitieron detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles "pen drives", en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información ilegal sobre distintas personas.
Según la denuncia de Caamaño, se hallaron evidencias de espionaje ilegal sobre cuentas de correos electrónicos privados de 85 personas entre las que se encontraban dirigentes de la entonces oposición, como la actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, y los políticos Rodolfo Tailhade, Martín Sabbatella y Gabriela Cerruti entre otros.
Macri fue imputado este viernes por espionaje.
Entre los supuesto espiados, también estaban los periodistas Luis Majul y Gerardo Arangure, dirigentes gremiales como Héctor Daer y varios políticos, que por entonces formaban parte de las filas del oficialismo, como el diputado Nicolas Massot, el radical Ernesto Sanz y quien encabezaba la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
Entre las medidas que la fiscalía requirió al juez Martínez De Giorgi, figura un pedido a la AFI para que remita a tribunales los legajos completos de los agentes identificados como "A" y "B" y "una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019".
Ver: Para Rodríguez Larreta, es prudente que Macri haga silencio
Además, requirió un "diagrama completo de la estructura de la secretaria desde el año 2015 al año 2019" y "todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia", toda vez que se sospecha que el espionaje fue realizado sin ninguna orden judicial.
También, que se cite en calidad de testigos al personal contratado "para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani".
El fiscal federal Jorge Di Lello.
Además y preservando su identidad en base a la Ley 25.520 de Inteligencia, se reclamó que declaren como testigos los actuales "funcionarios y empleados de la AFI que participaran en el protocolo de recolección de datos" hecho sobre el disco rígido Western Digital "a fin de determinar con exactitud cuál fue el procedimiento de recuperación de datos del mismo".
El fiscal pidió al juez que ordene una "pericia oficial con personal especializado en el tema digital" sobre el disco rígido para -entre otros puntos- individualizar los "correos electrónicos que surgen", y, "si es posible, determinar su titularidad" y su "asunto", archivos adjuntos y contenido de los mails.
La actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Gómez Alcorta, se convirtió esta mañana en una de las primeras en solicitarle al juez de la causa ser tenida por parte querellante dado que aparece en la nómina de presuntos espiados.
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