Así lo estableció la Fiscalía de Estado de Mendoza luego de que los funcionarios se aumentaran los salarios a través de una serie de decretos.
Fallo: obligan a Nuarte, Trigo y 70 exfuncionarios a devolver plata a Santa Rosa
En las últimas horas, la Fiscalía de Estado de Mendoza emitió el dictamen correspondiente a la denuncia efectuada por la Intendenta Municipal Flor Destéfanis, el lunes 6 de enero, por sueldos ilegítimamente cobrados en la gestión de Trigo.
El municipio fue notificado por vía electrónica, en virtud de las restricciones establecidas por la pandemia Covid-19, el miércoles 1 de abril del corriente.
En consecuencia, el dictamen indica: "En primer lugar se omitió la conformación de expediente respectivo por lo que los decretos nº 126/19, 626/19, 633/19, 2234/19, no poseen motivación suficiente ni adecuada. Nunca existió una pieza administrativa que diera origen al decreto firmado".
Por otro lado, el dictamen establece la incompetencia en el actuar de la ex Intendenta Trigo, "ya que la fijación de los sueldos constituye una facultad exclusiva del Concejo Deliberante. Esto no se respetó y el aumento se dio de manera unilateral, solo lo decidió Trigo".
Con posterioridad, se expresa que los decretos "no contaron con dictamen jurídico ni con informe contable respectivo, requisito esencial cuando se disponen fondos públicos."
Otro aspecto de enorme relevancia fue la falta de publicación de los decretos en cuestión, ya que las normas contenidas en los mismos tienen naturaleza reglamentaria y deben ser publicados. Uno de los puntos a destacar del dictamen es el que hace referencia a la presunta existencia de arbitrariedad y desviación de poder, que afecta en forma evidente la transparencia en la gestión pública.
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Durante el otorgamiento de estos "sobresueldos" solo se vio beneficiado "un sector limitado de agentes públicos sin justificación alguna y sin publicidad debida", sostiene el documento.
Y dice el dictamen de manera textual: "La desviación de poder es una de las manifestaciones más comunes de la corrupción y constituye un claro atentado contra pilares básicos del estado de derecho".
En conclusión, el dictamen indica que los decretos nº 126/19, 626/19, 633/19, 2234/19 se encuentran viciados grave o groseamente, transformándose en inexistentes debiendo implementarse en forma inmediata las acciones tendientes al recupero de los montos ilegitimamente abonados. La Intendenta Municipal Flor Destéfanis, evalúa iniciar acciones penales y ha instruido al área contable a realizar la liquidación de cada uno de los casos.
En una primera aproximación el monto que deberán devolver supera los 5 millones de pesos.