Entre el 2016 y el 2019 hubo 3.000 extranjeros deportados de la Argentina, el doble que durante el último mandato de Cristina Kirchner. Ahora analizan si dar de baja el decreto que lo permitía
El gobierno analiza si está bien echar a extranjeros delincuentes
Gracias al Decreto 70 de Mauricio Macri en enero de 2017, el control migratorio se endureció e intentó acelerar la expulsión de extranjeros que cometieron delitos en el país.
Pero el Ministerio del Interior, a cargo de Wado de Pedro, comenzó las consultas pedidas por las organizaciones de la sociedad civil pero que aún no hay una posición tomada al respecto. "Se está escuchando a todos, todavía no hay una resolución en ningún sentido", dijeron desde el entorno del ministro.
"En los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas", escribió el gobierno macrista en el decreto.
La cartera de Wado de Pedro comenzó la ronda de consultas.
"A su vez, la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria total. En relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros", sostenía.
El kirchnerismo, antes de la firma del decreto, criticó duramente la intención de la entonces ministra de seguridad, Patricia Bullrich, quien había pedido "ordenar las relaciones con Paraguay, Perú y Bolivia" como excusa para endurecer los controles migratorios.
Patricia Bullrich.
Ahora, el Gobierno habilitó una ronda de consultas con organizaciones de la sociedad y organismos de derechos humanos, encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que le acercaron al Gobierno un documento con duros cuestionamientos al decreto de la anterior administración, al que pidieron desechar en forma "urgente" para "preservar los derechos de las personas migrantes".
Esta nota habla de:
