Vuelven la TV y los medios públicos militantes

Es tan grave, angustiante y particular la situación económica del país, que puede que pocos hayan prestado atención a la nueva presidenta de Radio y Televisión Argentina, la periodista K Rosario Lufrano, quien asumió semanas atrás y fue presentada este lunes. Dio frente a los empleados de la TV pública un discurso militante de barricada, que fue transmitido en directo a los televidentes del canal público nacional. Lufrano anunció un documental sobre la investigación del juez de la agrupación judicial K "Justicia Legítima" Alejo Ramos Padilla, que indaga sobre una supuesta trama de extorsionadores, espías, el falso abogado Marcelo D'Alessio y periodistas que investigaron la corrupción durante los años de Cristina en el poder, particularmente referida a la causa Cuadernos. En aquella causa que investiga Ramos Padilla está imputado el periodista de Clarín Daniel Santoro, lo que ha generado numerosos repudios y presentaciones de organizaciones de empresas editoras y de periodistas.

Lufrano se pintó para la guerra militante. Por eso, agradeció la "resistencia" de los empleados del canal, y anunció que la línea editorial será la de demostrar "la destrucción" de los últimos cuatro años. También dijo conocer el "destrato" que habían sufrido.

Curiosamente, la agencia estatal de noticias Télam no registró las frases más calientes y comprometidas de Lufrano con el oficialismo, y que demuestran que los medios públicos estarán al servicio judicial de ex funcionarios kirchneristas investigados por corrupción. Pero si lo hicieron colegas especializados en medios.

La funcionaria, conocida por su militancia kirchnerista en los medios en los que pasó, dio una pista clara sobre la línea editorial de los medios públicos con la nueva gestión: "...decirle Nunca Más a los sótanos de la democracia, porque allí se barren las bases de las garantías ciudadanas, porque desde allí se ha limado a muchos funcionarios, que han hecho las cosas como corresponde para levantar a la Argentina, porque se han inventado causas, porque hay un complot de una red de espionaje ilegal, que ha implicado a funcionarios, ex funcionarios, legisladores, periodistas, fiscales, jueces y abogados. Eso tenemos que tener conciencia..." expresó. El mensaje no necesita muchas traducciones. Resulta sencillo anticipar que irán fuerte con todos los medios públicos contra las causas Cuadernos, Hotesur, Los Sauces, Obra Pública, Vialidad, y otras, en las que están muy complicados y en algunos casos con prisión, la ex presidenta (a cargo del Poder Ejecutivo desde ayer por el viaje del presidente Alberto Fernández), Julio De Vido, José López (el de los bolsos), los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.

Las acciones son coordinadas. Si con la propaganda de los medios públicos no resultare suficiente, el ex canciller y actual embajador en Chile Rafael Bielsa arremetió con una idea atrevida. Propuso -en un "reportaje"- que el presidente utilice herramientas tales como el indulto o la amnistía, para el ex vicepresidente Amado Boudou, condenado por negociados con la empresa de fabricar billetes, Julio De Vido, "...y los otros compañeros injustamente presos..."

En el acto del lunes, luego de ser presentada, Lufrano contó a los periodistas algunos de los proyectos de lo que será la gestión oficialista en los medios públicos, de los que uno llama particularmente la atención: se trata de la elaboración de un documental sobre "la red de espionaje ilegal, que es la investigación que lleva adelante el juez (Alejo) Ramos Padilla", afirmó. Nada se salvará de la ideologización y la militancia. La funcionaria adelantó que el programa "Cocineros Argentinos", uno de los mejores y más populares de la TV Pública y que compite fuerte con productos de Telefé y Canal 13, deberá hacer recetas con alimentos que se puedan comprar con la tarjeta alimentaria "porque en la Argentina hay hambre".

En los países serios, de democracias avanzadas los medios públicos son para informar. Eso es una cuestión de Estado que se respeta gobierno tras gobierno. La británica BBC, la agencia española EFE, la francesa AFP, son ejemplo de ello. Por el contrario, en los populismos latinoamericanos, los canales de comunicación estatales se usan para la defensa irrestricta del gobierno de turno. Esta vez parece que irán más allá, alineando a los medios públicos argentinos con los intereses judiciales de Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus ex funcionarios. Tendrán una competencia dura. El canal de noticias C5N, privado, de Cristóbal López; es el más visto del país entre las señales de noticias, y el más oficialista.

Las gestiones del kirchnerismo han mostrado una particular obsesión por el control de los medios. Se vio claro con la Ley de Medios en las gestiones de Cristina, con las intervenciones en Papel Prensa, con la programación de los medios públicos, y con la pelea con grandes diarios, empresarios de medios y a periodistas de la Argentina. Hubo escraches y "juicios populares", se intentó vincular a una empresaria fallecida -Ernestina Herrera de Noble, antigua presidenta de Clarín- a la apropiación de bebés hijos de desaparecidos, y se removió de los medios públicos cualquier voz disidente. También se presionó a privados, exactamente por lo mismo.

En esta gestión, ya desde antes de asumir, varios referentes del espacio comenzaron a hablar de una "Conadep" del periodismo, para "juzgar" a los periodistas que habían "posibilitado el desastre". La idea parece haber sido enviada a un freezer, de momento, y reemplazada por la creación de un "Tribunal Ético" que "juzgue" a periodistas, con sede en España, para investigar la "persecución judicial y mediática" a los "líderes latinoamericanos" como Cristina, Evo Morales, Rafael Correa, y Nicolás Maduro. La descabellada iniciativa ya ha merecido el rechazo de Adepa, y de otros organismos.

En un país en el que los ataques a la libertad de expresión y de prensa fueron en aumento durante los años de kirchnerismo, de acuerdo a las cifras del monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino FOPEA, conviene prestar atención a los brotes autoritarios del poder, que pueden limitar la libertad de expresión y de informarse de los argentinos. En este sentido, la iniciativa de Lufrano para favorecer a los presos K y a los funcionarios y ex funcionarios procesados por corrupción, es una novedad. Hasta ahora, no se habían alineado tan abiertamente los medios públicos a las necesidades judiciales de un grupo de personas, por importantes que hayan sido. Los fines habitualmente inconfesables, ahora se ventilan sin pudor.

Los medios y sus periodistas están sometidos todo el tiempo al control de las leyes vigentes, y al de sus audiencias. Hay delitos de prensa que existen y que son castigados por los jueces habitualmente, sobre todo en aquellos referidos al honor de las personas. Por lo tanto, la democracia no necesita de políticos "vigilantes" de los medios de información. Los ex funcionarios investigados especialmente en la causa Cuadernos, además, tienen ejércitos de abogados al igual que los empresarios involucrados. Puede que no precisen del auxilio de los medios públicos.

La "Conadep" de los periodistas, el "tribunal de ética", los pedidos de Hebe de Bonafini para que el Estado "controle a los medios", los escraches, la persecución judicial a la prensa, y ahora la TV y las radios públicas militantes y al servicio de los ex funcionarios investigados, forman parte de un pensamiento que retrocede en las libertades públicas, amenaza la libertad de expresión y desmejora la calidad democrática.

Sólo falta que anuncien el regreso de aquel famoso programa militante de la "década ganada", 678. Aunque les sería difícil competir con la atrevida programación que se insinúa en la Radio y Televisión Argentina, una suerte de Campeonato Mundial del Relato Oficialista, pero a cuenta del bolsillo de todos nosotros.