Vuelve la justicia popular K contra jueces y periodistas

Cada tanto, la Argentina produce noticias extrañas. Desbordes institucionales. Caprichos que bordean peligrosamente la democracia. Días atrás, se conoció la formación de un "tribunal", que con sede en Madrid juzgará el "lawfare", es decir, la "guerra jurídica" y "mediática", que -al decir de sectores vinculados a la defensa de políticos y funcionarios juzgados o investigados por corrupción, fue utilizada para "perseguir" a líderes "populares" de la región tales como Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales, Lula Da Silva, y Rafael Correa. El constitucionalista argentino Eduardo Barcesat y el ex juez Baltasar Garzón forman parte del tribunal, junto a otros juristas notables de la región.

Barcesat explicó la iniciativa. "Es una iniciativa conjunta del Instituto lawfare de San Pablo, que tiene a los abogados defensores de Lula y el Common Action Forum de los países de África", dijo en El Destape Radio. La idea es formular un tribunal ético que "difunda cuáles son los mecanismos y los intereses de esta práctica perversa que genera la muerte civil de quienes son víctimas de estos procesos".

"Muchos creen que los procesos que inhabilitaron a Lula a ser candidato presidencial o que usaron acá para perseguir a Cristina o para proscribir a Correa son procesos normales y nosotros queremos demostrar que son irregulares. Es una persecución judicial en la que nadie está muy seguro de cuáles son sus derechos", afirmó.

En la Argentina, los casos de corrupción que tuvieron abundante investigación periodística no son pocos. Los casos a los que apuntará inicialmente el tribunal ético son la Causa Cuadernos; el Memorándum con Irán; la investigación del Caso Nisman, la situación de Rafael Correa en Ecuador; de Lula Da Silva en Brasil y la crisis en Bolivia. En este sentido, el tribunal entrevistará en carácter de "víctimas" a Dilma Rousseff y a De Vido, entre otros.

Las reacciones no se hicieron esperar. El constitucionalista y ex legislador radical Ricardo Gil Lavedra opinió que se trata de una "iniciativa desopilante". Entre otros puntos polémicos, la iniciativa contempla el análisis del comportamiento de los medios y periodistas para evitar "distorsiones a la verdad". Así lo señaló el propio Barcesaqt a LA NACIÓN, al afirmar que el tribunal cuestionará específicamente el accionar de los periodistas Jorge Lanata, Luis Majul, y Daniel Santoro.

La idea de "juzgar" a jueces y periodistas que a criterio de este "tribunal", "distorsionan la verdad" para perseguir a líderes latinoamericanos, ha generado amplio repudio. Sobre todo porque recuerda la maquinaria de presión, escraches y persecución a medios y periodistas durante los años de Cristina en la presidencia.

Luis Petri, diputado nacional de la UCR por Mendoza, también cuestionó la constitución de un tribunal ético: "Después decían que Dady Brieva hablaba a título personal y que era imposible una Conadep contra el periodismo. Fueron más allá".

Ayer, ADEPA, la entidad que agrupa a empresas editoras de medios, también emitió un comunicado:

"La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifiesta su preocupación, y adelanta su absoluto rechazo, ante el anuncio de la creación, por parte de sectores vinculados a la defensa de políticos y funcionarios, de un tribunal de ética para el juzgamiento del Lawfare, con sede en Madrid pero con implicancias locales, y que incluye el cuestionamiento, ya anticipado, de la labor de periodistas".

"El trabajo de distintos medios y periodistas en la Argentina permitió que se destaparan grandes tramas de corrupción y que la Justicia avanzara luego en su esclarecimiento, como sucede desde hace décadas en todas las democracias modernas".

"Este autoproclamado tribunal del Lawfare parte de la hipótesis de una supuesta estrategia orquestada entre sectores del Poder Judicial y la prensa, con objetivos ajenos a los de sus respectivas funciones en la sociedad. Sin autoridad alguna, pretende determinar lo que denomina «distorsiones a la verdad». Y llega incluso a mencionar nombres de periodistas de reconocida trayectoria, con un claro objetivo de represalia y estigmatización".

"Luego de haber repudiado la trasnochada idea de establecer una Conadep del periodismo, como también en su momento acciones similares como el «juicio popular» contra periodistas en Plaza de Mayo encabezado por Hebe de Bonafini, vemos reflotar esa intención con el proyecto de este insólito «tribunal ético». En el terreno de la prensa, persigue el mismo objetivo: deslegitimar la labor periodística y perseguir a quienes quieren investigar y denunciar al poder, que es una de las funciones básicas del periodismo profesional".

La idea del tribunal recuerda el "juzgamiento" popular de periodistas conducido por Hebe de Bonafini, los escraches en plazas en las que invitaban a escupir retratos gigantes de los periodistas. Más cerca en el tiempo, podemos registrar la idea de crear una "Conadep" del periodismo, o el pedido también de Bonafini al presidente Alberto Fernández, para que "intervenga" los medios privados.

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